Mientras las 123 familias que conforman la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras San Pedro reclaman una intervención del Gobierno de Misiones, ante el conflicto territorial con la multinacional forestal Arauco, nuevos testimonios de productores de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita, San Juan Bosco y otros parajes suman sus voces a las denuncias que desde hace semanas vienen realizando debido a las detenciones, golpes, amenazas, secuestro de herramientas y motocicletas, viviendas incendiadas, cultivos destruidos y animales muertos, desaparecidos o heridos. Por Clarisa Néztor (integrante de Rebelión o Extinción Misiones y de la Red de Apoyo a Puente Quemado II), para ANRed.

Saúl Lindao, productor de Puerto Argentino 2, denunció que fue reducido hasta perder el conocimiento mientras trabajaba en su chacra, y que posteriormente un policía lo amenazó para que no contara lo ocurrido ni fuera al hospital. Y el testimonio de Angel Rivero, trasladado y detenido sin orden judicial. El relevamiento comenzó con unas 123 familias, pero las organizaciones que acompañan el reclamo estiman que el conflicto alcanza a 300 grupos familiares, más de mil personas. En el centro del conflicto se encuentra Arauco Argentina, la multinacional forestal chilena; uno de los mayores propietarios privados de tierras de Misiones.

Lo que sucede en las colonias rurales de San Pedro representa la cara real del extractivismo forestal en Misiones. Mientras las familias continúan reclamando respuestas y mantienen un acampe frente a la Municipalidad, siguen sumándose testimonios sobre procedimientos realizados en las chacras que describen un escenario de violencia institucional cada vez más preocupante. Esto deriva en un conflicto más profundo, que es la enorme concentración territorial alcanzada por Arauco en Misiones, y un modelo forestal que durante décadas contó con promoción, incentivos y vínculos permanentes con el poder político provincial.

Arauco está presente en Misiones desde 1996. Se convirtió en el principal actor del sector forestal y en uno de los mayores propietarios privados de tierra de la provincia. Su expansión territorial acompañó el crecimiento de un modelo basado en grandes extensiones de monocultivos de pino y eucalipto destinados a abastecer la industria forestal. En una provincia donde existen cientos de miles de hectáreas de bosques implantados, la empresa llegó a concentrar por sí sola más de 230.000 hectáreas.

Esa dimensión permite entender la desigualdad que atraviesa el conflicto actual. De un lado aparecen familias que necesitan pocas hectáreas para plantar mandioca, maíz, poroto, sandía o zapallo, criar animales y sostener a sus hijos. Del otro, una multinacional que controla una superficie extraordinaria, posee recursos jurídicos, económicos y logísticos que responden a sus intereses porque mantiene una relación institucional permanente con las máximas autoridades provinciales.

Productores de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita, San Juan Bosco y otros parajes denuncian desde hace semanas detenciones, golpes, amenazas, secuestro de herramientas y motocicletas, incendio de sus viviendas, destrucción de cultivos y animales muertos, desaparecidos o heridos. En el centro del conflicto se encuentra Arauco Argentina, la multinacional forestal chilena y uno de los mayores propietarios privados de tierras de Misiones.

El relevamiento comenzó con unas 123 familias, pero las organizaciones que acompañan el reclamo estiman que el conflicto podría alcanzar a 300 grupos familiares y más de mil personas.

Saúl Lindao: “Cuando desperté estaba esposado”
Saúl Lindao vive en Puerto Argentino 2 y forma parte de las familias campesinas de una zona que comprende 2500 hectáreas, donde ellos hacen uso de 200. Alrededor de las diez de la mañana del miércoles 19 de agosto se encontraba trabajando en los canteros de su chacra cuando llegaron efectivos de la Policía de Misiones acompañados por dos oficiales de Arauco, llamados los Verdes, por su vestimenta.

Lindao asegura que los representantes de la empresa llevaban machetes, mientras que los policías portaban distintas armas de fuego: escopetas, ametralladoras y una pistola calibre 9 milímetros. Los efectivos le preguntaron si podían revisar el campamento y su vivienda, y Lindao les negó el paso sin una orden judicial. La policía reconoció que no tenían orden de allanamiento. Esto desencadenó una situación violenta. El personal vinculado a Arauco insistió en que el terreno pertenecía a la empresa. Mientras permanecía en la puerta de su casa, dos policías se acercaron por detrás y lo ahorcaron hasta hacerle perder el conocimiento. “Cuando desperté estaba esposado”, recuerda.

El productor denuncia que recibió golpes de puño en el abdomen, rodillazos y golpes en la espalda. Fue arrojado al suelo y nuevamente golpeado después de recuperar el conocimiento. Luego, fue trasladado a la comisaría. Allí le realizaron un pedido de antecedentes, lo encerraron y le informaron que existía una causa vinculada al conflicto por la propiedad. En un momento, contó también, le comunicaron que recuperaría la libertad, pero después lo volvieron a encerrar en el calabozo.

Al retirarse, Lindao no recibió documentación que explicara formalmente el procedimiento ni constancia de los elementos que habían sido retirados. Entre sus pertenencias, denuncia que le quitaron el carnet y la cédula de conducir, una tarjeta de Mercado Pago y una motocicleta Honda Titan KS 125. También asegura que al regresar a su vivienda encontró el interior revuelto, mercadería tirada en el piso y que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para el apeo y el trabajo rural.

Lindao vive acompañado por una perra pitbull a la que describe como su compañera cotidiana. Durante el arresto los policías efectuaron disparos con proyectiles de goma contra el animal. También afirma que otros dos perros recibieron gas pimienta y patadas. Cuando regresó, su perra estaba herida y rengueaba de una pata. La violencia contra los animales aparece repetidamente en los testimonios de las familias de San Pedro. Los productores vienen denunciando animales de compañía y perros heridos, animales de cría muertos o desaparecidos, y episodios en los que encontraron sus chacras destruidas después de haber sido retirados a la fuerza del lugar.

Para quienes viven de pequeñas explotaciones rurales, los animales constituyen una compañía, alimento, reproducción y parte de la economía doméstica. Atacarlos afecta directamente las condiciones materiales y emocionales de las familias que habitan el territorio. El productor afirma que sentía fuertes dolores por los golpes recibidos, y se dirigió al hospital para ser evaluado. Antes de hacerlo, un policía de apellido Fariña lo habría amenazado para que «no llorara» y no relatara que había sido ahorcado durante la detención. Lindao asegura que la amenaza le provocó tal temor que, aunque finalmente llegó hasta un centro médico, no pudo contar lo que había sucedido ni permitir que lo revisaran adecuadamente.

“Me dio pánico contar la verdad”, contó. Hoy dice sentirse amenazado y psicológicamente afectado. Su temor no se limita a lo que pueda sucederle individualmente. Lo relaciona con lo que atraviesan otras familias de las colonias que tienen niños y se ven obligadas, por temor, a abandonar sus lugares.

Todas estas acusaciones requieren investigación independiente. Especialmente la denuncia de violencia policial y la amenaza posterior para impedir una constatación médica, Estos son hechos de violencia institucional y un intento de impedir que quedaran documentadas sus consecuencias.

Ángel Rivero: Otra detención en las chacras
Lindao refiere que fue precisamente durante su permanencia en la comisaría cuando se enteró de que Ángel Rivero también había sido detenido. Según los productores, el día anterior Rivero se encontraba limpiando un sector de tierra para plantar zapallos cuando ingresó la Policía y lo trasladó a la dependencia policial. Las organizaciones que acompañan a las familias sostienen que la detención ocurrió sin mediar orden judicial.

La producción en la que trabajaba Rivero estaba destinada al cultivo de zapallo con acompañamiento técnico del INTA y posterior comercialización. Su detención provocó nuevas protestas y terminó acelerando la movilización de las familias hacia el centro de San Pedro. La coincidencia de ambos productores, dentro de la dependencia policial muestra hasta qué punto la judicialización dejó de ser una cuestión abstracta para las colonias. Quienes salen cada mañana a limpiar un terreno, plantar tabaco, preparar canteros o cultivar zapallos se sienten en permanente amenaza, sin saber si regresarán al término de la jornada a sus casas.

“Vivimos con miedo”
Ese miedo atraviesa también el testimonio de otro campesino de la zona, conocido como “el Paisa”, quien vive en colonia San Juan Bosco. Su relato permite comprender una dimensión del conflicto que difícilmente aparece en un expediente judicial: la manera en que la incertidumbre territorial modifica la vida cotidiana de una familia.

El Paisa vive de lo que produce en la chacra. Planta zapallo, maíz, poroto, sandía y otras verduras. Tiene un hijo con discapacidad, cuya alimentación requiere una dieta en la que las verduras tienen un lugar fundamental. En un contexto de pobreza creciente, cultivar sus propios alimentos no constituye una elección de estilo de vida, sino más bien una necesidad. Por eso necesita permanecer en la tierra.

Denuncia que Arauco busca avanzar sobre las tierras donde viven los campesinos. Y la violencia que la empresa propina con total impunidad contra las familias hace que se sientan completamente desprotegidas. Y recurrir a las instituciones tampoco les ofrece seguridad, porque existe entre los productores el temor de que reclamar termine derivando en nuevas causas o detenciones.

El año pasado su propia vivienda fue incendiada por la empresa Arauco, en complicidad con la Policía de Misiones. Luego, reconstruyó su casa con el dinero obtenido trabajando en la tarefa, una de las labores rurales más exigentes y peor remuneradas de la economía misionera. Con esos ingresos volvió a levantar un lugar donde vivir y continuó plantando zapallo, maíz, poroto y sandía. Pero el miedo está latente.

El temor de que una casa arda con los niños adentro
El fuego adquiere un significado que excede el daño material. Después del incendio de viviendas, denunciado durante los últimos años, y de los seis casos relevados en el conflicto actual, las familias aseguran vivir con el temor permanente de que un incendio ocurra mientras alguien se encuentra dentro. El Paisa afirma que las familias temen que alguna vivienda sea incendiada con niños y la familia en su interior. Y la reiteración de episodios de fuego convirtió ese riesgo en parte de su vida cotidiana. Las familias denuncian además que en algunos de estos incendios perpetrados, tuvieron que retirarse rápidamente de los lugares junto a sus hijos.

El miedo transforma rutinas elementales. Ir a trabajar, dejar la vivienda unas horas, permitir que los niños permanezcan en la chacra o alejarse para comprar alimentos deja de ser algo cotidiano cuando existe la sensación de que, al regresar, la casa puede haber desaparecido. El Paisa también sostiene que los incendios benefician posteriormente a la expansión de las plantaciones forestales, por los mecanismos legales que permitirían extender durante décadas el uso forestal de terrenos afectados por fuego.

Vivir entre chacras y monocultivos
La mirada de los productores sobre Arauco tampoco se limita a la propiedad. La preocupación ambiental de las familias coincide con una discusión científica mucho más amplia sobre las consecuencias ecológicas de reemplazar ecosistemas biodiversos por plantaciones forestales intensivas. Las familias campesinas describen una diferencia que para quienes viven allí resulta visible todos los días. En las colonias campesinas se observan cultivos diferentes: árboles variados, animales y una biodiversidad asociada a las pequeñas producciones. En los grandes pinares, en cambio, existe un paisaje uniforme, sin biodiversidad. Allí se encuentran todo el tiempo animales muertos debido a los agrotóxicos que usa la industria durante los primeros años de desarrollo del pinar, que además contaminan agua y suelo

Una plantación industrial de pino no es equivalente a la selva misionera. Investigaciones desarrolladas por científicos del CONICET y la Universidad Nacional de Misiones demostraron que las plantaciones intensivas de Pinus taeda modifican las condiciones ambientales, reducen la luz disponible en el sotobosque y pueden dificultar el establecimiento de especies vegetales nativas. Otros estudios realizados en Misiones encontraron modificaciones en la biodiversidad y composición de aves y mamíferos en paisajes forestales, especialmente cuando las plantaciones se encuentran alejadas de remanentes de bosque nativo.

Para las familias de San Pedro, sin embargo, el impacto no se expresa en indicadores científicos sino en una experiencia directa: las chacras donde cultivan diferentes alimentos están siendo desplazadas por un paisaje dominado progresivamente por una única especie destinada a una cadena industrial.

La disputa por la tierra es, al mismo tiempo, una disputa entre formas profundamente diferentes de habitarla.