El fiscal Rodrigo Cuesta dictaminó ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal en contra del recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional en la causa en la que se cuestiona la validez del llamado “protocolo antipiquetes”, por lo que considera que debe quedar firme la sentencia de primera instancia que declaraba nulo el protocolo. Ahora el expediente queda en condiciones de ser resuelto por la propia Cámara.
Uno de los aspectos del dictamen del fiscal es el reconocimiento expreso de que el derecho a la protesta es un derecho constitucional de ejercicio legítimo, que debe ser considerado al momento de evaluar su eventual tensión con otros derechos, como a la circulación.

El funcionario judicial remarca que, frente a conflictos entre derechos, el Estado tiene la obligación de realizar una evaluación adecuada, que permita su ejercicio, sin anular ni vaciar de contenido el derecho a la reunión, la expresión y la protesta social, que tienen una tutela preferencial dentro del sistema de derechos.

Advierte a su vez que el protocolo impone una intervención policial automática ante cualquier afectación de la circulación, sin considerar las circunstancias concretas ni el carácter legítimo de las manifestaciones, lo que resulta incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que exige la Constitución.

La causa contra el protocolo fue impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, Sipreba, ATE, ANDHES, Polo Obrero, FOL, Confederación Indígena Neuquina, entre otrxs.

Para el CELS, este dictamen es un paso relevante en el control judicial de políticas que, bajo el argumento del “orden público”, implican en la práctica restricciones de derechos básicos para el funcionamiento de la democracia.

Imagen: Amnistía

Fuente: CELS