Comodoro Py recibió este viernes la visita de sobrevivientes, familiares, abogadas de las causas de La Plata, diputadas nacionales y organismos de DD.HH., entre otras organizaciones. Tuvieron una audiencia en la Sala de Casación que deberá resolver si respalda o no el fallo de la Corte sobre las prisiones preventivas, que podría liberar a los genocidas que están en juicio. Por La Retaguardia *
“La salida no es dejar en libertad a los genocidas, sino sancionar los delitos cometidos, porque esa es la responsabilidad del Estado”. La sentencia fue expuesta ante los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, para que se rechace el pedido de libertad formulado por la defensa del genocida Carlos “El Indio” Castillo, procesado y detenido por crímenes de lesa humanidad.

Castillo, miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), podría obtener su libertad, si Casación le da un curso favorable al fallo de la Corte Suprema que le puso un límite de tres años a la aplicación de la prisión preventiva. De tener resolución positiva, el fallo podría dar lugar a un pedido masivo de libertad para los genocidas procesados y para los condenados sin sentencia firme.

El reclamo multitudinario, con participación de sobrevivientes, familiares, querellantes y representantes de partidos políticos y de organismos de derechos humanos, se hizo en la vereda y en una audiencia realizada en los tribunales de Comodoro Py.

El “Indio” Castillo está acusado de crímenes cometidos antes y después del golpe de Estado de marzo de 1976. El genocida fue integrante de la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, un grupo integrado por civiles que cometieron secuestros, torturas y crímenes con una metodología similar a la de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

Luego de un acto público realizado frente a los Tribunales de Comodoro Py, tres expositoras solicitaron a los jueces de Casación que rechacen la posibilidad de que Castillo vuelva a caminar libremente por las calles. Recordaron sus frases amenazantes a los jueces que lo juzgan. En una ocasión les dijo a los jueces que estaba cansado “de escuchar las mismas boludeces desde hace 12 años”.

La audiencia
La primera intervención estuvo a cargo de Verónica Bogliano, de la Subsecretaría de DD.HH. de la Provincia de Buenos Aires. La abogada señaló que la prórroga de las prisiones preventivas de los genocidas tiene estricta relación con la complejidad de las causas de lesa humanidad y con las décadas de demora en impartir justicia.

Recordó que el juicio contra Castillo que se lleva a cabo en La Plata, debía comenzar en 2020, pero recién empezó en 2023. En total, son 18 los imputados y cerca de 300 los casos. A Castillo le corresponden varios casos de secuestros y torturas seguidas de muerte.

Bogliano aseguró que la demora en la causa “1 y 60” comisaría Octava se agiganta porque las audiencias se realizan cada 15 días.

Hay datos centrales que confirman el peligro que significaría el cese de la prisión preventiva de Castillo. En ese sentido, Bogliano recordó que el imputado “realizó amenazas de viva voz contra la presidenta del Tribunal” que lo juzga, Karina Yabor. Uno de los jueces, Ricardo Basílico, le exigió a Castillo que dejara de hostigar a la jueza. Como respuesta, Castillo redobló su agresión, ahora dirigida a Basílico y al otro integrante del tribunal, Andrés Basso.

“Usted es un testaferro del terrorismo, se calla la boca, este es un juicio nulo de toda nulidad, usted tiene menos autoridad que un zorro gris en la esquina”. Sin acatar la orden de los jueces, Castillo dijo que él era “el único con autoridad para hablar” porque “desde hace 12 años estoy escuchando las pelotudeces que ustedes dicen”.

Sus dichos pintan de cuerpo entero al asesino serial que podría recuperar su libertad con ayuda de la resolución de la Corte Suprema para que las preventivas de los genocidas no se extiendan más allá de tres años.

En otra ocasión, Castillo relató, en tono de hazaña, que una vez, la CNU se enfrentó con el Ejército. Fue con un grupo de cinco militares “a los que dejaron desnudos en la puerta” de un cuartel de Infantería, precisó la querellante Bogliano.

Castillo dijo ante los jueces que “esa fue una clara advertencia para que se dejaran de joder y desde ahí no nos molestaron más”. Con esa frase el imputado cerró la “anécdota”.

Bogliano recalcó que la actitud beligerante de Castillo “preocupa a las víctimas y no solo a las víctimas”, ante la posibilidad cierta de que pueda quedar en libertad.

Luego habló Guadalupe Godoy, otra de las abogadas querellantes (por la Liga por los Derechos Humanos y Unión por los Derechos Humanos), quien expresó su “preocupación por el fallo de la Corte”, aunque aclaró que ese fallo no habilita la pretensión de la defensa” de Castillo de que pueda recuperar su libertad.

La abogada señaló que en el caso de Castillo también “existe el peligro de fuga” dado que “cuando fue juzgado por delitos comunes, en democracia, estuvo prófugo”. Para resaltar el temor que genera la personalidad de Castillo, la querellante mencionó que muchos de los testigos de cargo pidieron mantener en reserva su identidad.

Uno de los motivos tiene que ver con la estadística criminal de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en la ciudad de La Plata: “son 85 las muertes y hubo centenares de exiliados” que salieron del país ante el riesgo que corrían sus vidas.

Una eventual libertad de Castillo significaría un problema grave porque hay otros juicios pendientes que involucran a la CNU. Godoy cuestionó la decisión de la Corte Suprema que podría terminar con la prórroga de las prisiones preventivas, cuando la misma Corte retiene y demora medidas que servirían para acelerar otros juicios de lesa humanidad que están frenados.

La Corte es responsable de la prórroga de las preventivas que ahora parecen preocupar al máximo tribunal, responsable de las demoras en la administración de justicia.

Godoy sostuvo que todo esto se da en un tiempo político en el cual se advierte la postura negacionista del gobierno nacional, que priva a las víctimas del acompañamiento necesario y de las trabas para acceder a la documentación reunida en los archivos de memoria, verdad y justicia.

Godoy señaló la contradicción de una Corte que “exige celeridad a las instancias inferiores, cuando todavía hay sentencias que no están firmes” como resultado de las causas que siguen cajoneadas por la inacción del máximo tribunal de Justicia.

La intervención de cierre estuvo a cargo de Josefina Rodrigo, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, representante también de la CTA Autónoma y de la Universidad de La Plata.

La abogada dijo estar de acuerdo con los tratados internacionales que dicen que las personas deben ser juzgadas en un plazo razonable, pero al mismo tiempo resaltó que en la Argentina las víctimas esperan justicia desde hace casi 50 años. La salida “no es dejar en libertad a los genocidas, sino investigar y sancionar los delitos cometidos; esa es la responsabilidad que tiene el Estado respecto de estos crímenes”. Eso servirá “para que el Estado no se denigre, como dice la resolución de la Corte”.

El segundo punto a tener en cuenta, dijo, es que los imputados como Castillo “no tienen respeto por los procesos judiciales”. Además, el imputado ha reivindicado los hechos que protagonizó antes y después del golpe de Estado” del 24 de marzo de 1976.

En el tercer punto, Rodrigo señaló que hay que respetar “los derechos individuales”, pero hay que tener presentes “los derechos de la comunidad frente a delitos que han sido calificados de lesa humanidad y que permanecieron impunes durante décadas”. Esos delitos “tienen que tener un parámetro diferente a los delitos comunes en lo referido a la prisión preventiva”.

Para finalizar, se refirió a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la ciuidad de La Plata, que incluyen la desaparición de un testigo sobreviviente de la tortura, en referencia a Jorge Julio López.

La presencia de familiares y militantes
En la vereda de los tribunales de Comodoro Py, antes de la audiencia, decenas de personas reclamaron a la Sala I de la Cámara de Casación que Carlos “El Indio” Castillo siga preso. Familiares, sobrevivientes, querellantes y representantes de partidos políticos y de organismos de derechos humanos se sumaron al reclamo, en la calle y dentro de la sala de audiencias.

En la conferencia de prensa realizada en la vereda, en la entrada a los tribunales, Josefina Rodrigo afirmó que se presentaron para “aclararle a los jueces el riesgo que implica que estas personas vuelvan a circular por la calle”, en referencia a Castillo y a otros genocidas que puedan reclamar a partir de ahora que cese la prisión preventiva que vienen cumpliendo por crímenes de lesa humanidad. Luego de recordar a Jorge Julio López, sostuvo: “A esto no lo vamos a dejar pasar porque el proceso de juzgamiento tiene que ser progresivo y no regresivo”.

Luego habló Carlos Zaidman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en La Plata y parte del Colectivo Justicia YA!. En el acto y en la audiencia, estuvieron presentes, entre otros, la diputada nacional electa Myriam Bregman (CeProDH), Victoria Montenegro (diputada Frente Patria), María Elena Naddeo (APDH Nacional), Juan Carlos Giordano (diputado IS/FIT), Liliana Mazzea (histórica abogada de estas causas), Alejandrina Barry (legisladora porteña PTS/FIT, hija de desaparecidos), familiares de víctimas de causas de La Plata como Andrea Robles y Nora Zaldúa, Adriana Taboada (Comisión Memoria-Zona Norte), Emiliano Hueravillo (CTA Autónoma La Plata e HIJOS), Daniel de Santis (escritor que fue integrante del PRT-ERP) y representantes del colectivo Justicia Ya.

En un comunicado, las organizaciones y las querellas denunciaron la gravedad de la situación, dado que el fallo de la Corte Suprema “podría significar una catarata de pedidos de cese de prisión preventiva en todo el país”. Esto se podría dar en el marco de un avance del discurso negacionista por parte del gobierno encabezado por Javier Milei y Victoria Villarruel.

* Redacción: Carlos Rodríguez / Imagen: León Feldman