El Gobierno lanza la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), la empresa que se ocupa de prestar el servicio de agua y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, entregando el 90% de sus acciones a capitales privados nacionales y/o internacionales, reviviendo las viejas recetas de saqueo de los ’90.
Una de las empresas interesadas en AYSA es Mekorot, la empresa nacional de agua de Israel, que se promociona como líder global en gestión hídrica por su desarrollo e innovación en tecnologías de plantas desalinizadoras, riego avanzado y reciclaje de aguas residuales. Sin embargo, su modelo de mercantilización del agua y su falta de transparencia en contratos comerciales han despertado críticas, especialmente por la falta de consulta a las comunidades y por el incumplimiento de normativas locales. Mekorot, ya firmó con diez gobiernos provinciales distintos acuerdos a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para diseñar los planes maestros y estratégicos para el sector hídrico, la gobernanza del agua y el agua potable. No es casualidad que las provincias firmantes sean en su mayoría territorios saqueados por la megaminería que consume millones de litros de agua. Ahora, aspira a quedarse con AYSA. La soberanía hídrica está en riesgo.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) era un organismo nacional descentralizado que tenía a su cargo las políticas de agua y saneamiento de nuestro país. Este organismo, funcionaba bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Allí, trabajaban prestigiosos sanitaristas que se ocupaba de planificar, ejecutar y administrar obras de agua y saneamiento en todo el territorio nacional. Además, financiaba obras de infraestructura y desarrollaba tareas de investigación y desarrollo tecnológico en temas de agua potable y saneamiento. En Argentina, siete millones de habitantes no acceden al agua potable y 20 millones no acceden a la cloaca.
El Gobierno dispuso la disolución del ENOHSA mediante el Decreto 1020/2024 publicado en el Boletín Oficial del 14 de noviembre de 2024. Sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la misma Secretaría de Obras Públicas. El cierre de la entidad contó con el aval del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta medida se da en paralelo a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), la empresa que se ocupa de prestar el servicio de agua y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. El primer paso hacia la privatización fue dado con la aprobación de la conocida Ley Bases, que dispuso que AYSA S. A. se encuentra sujeta a privatización. El segundo paso consistió en eliminar los subsidios a la tarifa al usuario que realizaba el Estado nacional para que de esta forma la empresa sea rentable para los futuros compradores. Esto llevó a que en algunos casos el aumento de la tarifa al usuario por el servicio público de agua y saneamiento llegara a un 1500% durante 2024. Estamos viendo por primera vez el corte del servicio por falta de pago a través de lo que se denomina “reducción de la prestación”, donde AYSA cierra el flujo y sólo permite que salgan gotas de la cañería.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei modificó el marco regulatorio vigente y habilitó la venta total o parcial de las acciones que se encuentran hoy en poder del Estado. La normativa cambia el artículo 2° del Decreto 304/06, que establecía que el 90% del capital de AySA debía mantenerse bajo control estatal y prohibía su transferencia. Con esta reforma, el Gobierno podrá desprenderse de su participación accionaria, abriendo la puerta a la llegada de capitales privados para manejar un servicio público esencial. Pero el paquete de medidas no se limita a la estructura accionaria.
El nuevo marco regulatorio también otorga a la empresa facultades inéditas, entre ellas, la posibilidad de cortar el servicio a los usuarios que no puedan afrontar los pagos. En un país donde los indicadores de pobreza y desocupación no dejan de crecer, la medida amenaza con dejar sin agua a miles de familias en situación vulnerable. Además, se le conceden a AySA y a la futura concesionaria amplias facultades para auditar técnicamente las obras que se realicen en el área regulada y utilizar los fondos que provienen del contrato de concesión como garantía para tomar deuda destinada a la prestación del servicio.
El decreto ordena a la Agencia de Planificación (APLA) la elaboración de un “Plan Director de Mejora Estratégica”, un documento que debería contener los lineamientos para ampliar la cobertura del servicio, establecer fuentes de financiamiento y definir quiénes serán los entes ejecutores. No obstante, también se prevé un “régimen de transición” de hasta cinco años una vez concretada la privatización, para mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, lo que podría implicar ajustes tarifarios o cambios en la prestación que recaerán sobre los usuarios.
En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la reforma argumentando que el actual modelo de gestión estatal “no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia”. También asegura que la medida se dicta “en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”. El argumento se repite: déficit, ineficiencia y necesidad de inversiones. Pero detrás de este discurso, el Ejecutivo da otro paso en su política de privatizaciones, esta vez con un recurso tan esencial como el agua.
En lugar de fortalecer una empresa pública estratégica, el Estado se retira para dejar el servicio en manos privadas, con la posibilidad cierta de que las tarifas aumenten, la cobertura se concentre en las zonas rentables y los sectores más vulnerables queden aún más expuestos. Mientras se flexibilizan las condiciones para los privados, se endurecen las consecuencias para los usuarios. El acceso al agua, un derecho humano reconocido internacionalmente, queda ahora subordinado a la lógica del mercado.
A esto se suma el desguace del Instituto Nacional del Agua (INA) que, por ejemplo, tiene a su cargo el sistema de alerta del río Paraná, y el desmantelamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) cuya tarea es llevar adelante el saneamiento ambiental de la cuenca.
Fuente: Noalamina.org
