Ante la modificación de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso el 9 de abril pasado, se presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de la provincia de La Pampa para plantear la inconstitucionalidad de la reforma. Esta acción colectiva fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace y cuenta con el respaldo de más de 850.000 firmas.
En la demanda colectiva se solicita una medida cautelar urgente para proteger el agua de las personas en Argentina, exigiendo la suspensión de la aplicación de la ley N° 27.804 que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio nacional.
El amparo sostiene que la reforma de la Ley de Glaciares viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales establecido en la Constitución Nacional, por lo que reclama la suspensión de toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la nueva norma.
Es decir que incluye los proyectos de exploración y explotación minera cuyas áreas se superpongan con glaciares declarados en el Inventario Nacional de Glaciares; y aquellos que entren en conflicto con dictámenes técnicos elaborados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
“La reforma reemplaza el criterio científico común por decisiones discrecionales de cada provincia sobre qué áreas proteger. Lejos de ser una actualización técnica, se trata de un intento de fragmentar la protección de recursos que alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas”, afirman las organizaciones ambientales.
Agregan que esta acción judicial se ha presentado tras un proceso legislativo signado por las irregularidades.
Por un lado, una audiencia pública trunca para la que se inscribieron alrededor de 102.000 personas y menos del 0,2% pudo participar oralmente. La modalidad de participación fue alterada una vez abierta la inscripción, bajo criterios que no cumplieron con los requisitos de transparencia pertinentes.
“A su vez, causó alarma la transferencia de fondos ATN y adelantos de coparticipación efectuados durante el mes de marzo: casi 5.000.000 millones de pesos para inclinar la balanza a favor de la reforma de la Ley de Glaciares”, explican.
El bloque actor de la acción legal colectiva cuenta con la presencia de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares N° 26.639 sancionada en 2010, junto a una amplia red de asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, entre ellas la Asamblea Jachal no se Toca, la Asamblea Popular por el Agua, la Asamblea Pucará, la Asamblea en Defensa del Territorio, la Asamblea Santa Cruz por el Agua, la Multisectorial Golfo San Matías, la Asamblea el Paraná No se Toca y la Asociación Alihuén. También cuenta con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.
Fuente: FARN
