De cada cinco personas en Venezuela, una nació en Colombia. Tan sólo este año, 121.000 colombianos decidieron -al igual que 5,6 millones de sus paisanos- quedarse definitivamente en territorio venezolano, donde gozan de plenos derechos económicos, políticos y sociales. Pero, ¿cuáles son las razones de ese éxodo?

(AVN) Venezuela – En 2013, la Organización de Naciones Unidas (ONU) situó a Colombia en el segundo lugar de los países con mayor número de desplazados y refugiados a causa de conflictos: 5,3 millones de víctimas. La lista es encabezada por Siria, con 6,5 millones. El tercer escaño lo posee la República Democrática del Congo, con 2,9 millones, seguido de Sudán, con 1,8 millones.
El conflicto armado que por más de medio siglo ha azotado al vecino país figura como primera causa del desplazamiento. En segunda instancia, las políticas neoliberales en el campo que han expulsado a los campesinos de sus tierras, bien sea por causa de la violencia o las consecuencias del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.
Un estudio de la investigadora Martha Bello, publicado en 2003, ya preveía esa situación. En su ponencia titulada El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social, explica que el TLC inundó el mercado nacional con productos importados, situación que creó “una severa crisis en el campesinado colombiano”.
Por otro lado, los grandes productores, en su afán de insertarse al ámbito global, desarrollaron grandes infraestructuras en el campo, iniciando de esa manera “el proceso de apropiación con la consecuente expulsión de la población allí asentada o la eliminación de cualquier obstáculo humano o legal”.
La depredación del capital ha condenado a casi 11% de la población colombiana a vagar como desplazados en su propio territorio, sin la mínima garantía a sus derechos. A inicios de septiembre, el presidente de la Federación Sindical Agraria (Fensuagro), Eberto Díaz, denunció que las políticas del gobierno colombiano han expulsado de sus tierras a más de 7 millones de campesinos.
Hace una semana, el escritor colombiano Sergio Álvarez en un artículo en El País, reprochó que la Casa de Nariño calle ante las políticas agrarias “responsables de que miles y miles de campesinos vaguen sin tierra en la frontera y que muchos de ellos busquen en la delincuencia un modo de sobrevivir”.
“Revisen por qué Colombia es un país que sigue expulsando a sus ciudadanos y por qué pasan y pasan los años y las autoridades colombianas no son capaces de generar unas políticas serias de desarrollo y convivencia en esa misma frontera. No está de más decir que en La Guajira, en el norte de la frontera entre Venezuela y Colombia, los niños se mueren de hambre y el estado colombiano hace muy poco para evitarlo”, reclamó Álvarez.
Violación a DDHH
Colombia tiene más de 15 condenas de la Corte Interamericana por violación de Derechos Humanos, 50 procesos abiertos por desapariciones forzadas, desplazamientos, falsos positivos y otros crímenes de Estado, y -tan sólo hasta 2011- alrededor de 134 demandas en curso.
En los últimos años, la Corte IDH ha emitido al menos tres fallos en contra del Estado colombiano: uno por el desplazamiento forzado de las comunidades afrodescendientes en la cuenca del río Cacarica, en Chocó, tras la acción de paramilitares y efectivos de la Fuerza Armada en 1997; otro por la masacre de Santo Domingo, una zona rural del Arauca en la que murieron 11 adultos y seis niños, en 1998; y un tercero por la desaparición forzada de personas consideradas sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia en 1985, así como la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas.
La Corte también investiga un caso que involucra directamente al Jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, cuando se desempeñaba como ministro de Defensa del ex presidente Álvaro Uribe: los “falsos positivos”, el eufemismo con el que se denominaron los asesinatos extrajudiciales cometidos por miembros del Ejército a cambio de beneficios y mejores cargos.
Actualmente, existen 5.700 denuncias por falsos positivos, según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, y la Fiscalía adelanta 3.430 investigaciones por estos hechos. Pero desde 2007, año en el que trascendió a la opinión pública el sangriento escándalo, apenas seis coroneles han sido condenados y ningún general imputado.
El expediente se agrava con el descubrimiento de fosas comunes como La Macarena, considerada la más grande de la región con unas 2.500 osamentas humanas, producto de las ejecuciones extrajudiciales del ejército colombiano y organizaciones paramilitares.