Crisis económica, desabastecimiento y polarización social, dibujan un escenario en el que está en juego la continuidad del proceso bolivariano, pero también la soberanía de un país que se atrevió a desafiar la dependencia de una superpotencia que considera el Caribe como “un mar cerrado”.
(Raúl Zibechi – La vaca) Venezuela – Llenar un tanque de 70 litros de gasolina vale la mitad del precio de una botella de medio litro de agua mineral. Lo mismo que un cigarrillo detallado (suelto), cinco bolos (bolívares fuertes). La última semana de marzo el dólar paralelo estaba a 52 bolívares, nueve veces más que el oficial que había alcanzado semanas atrás la astronómica cifra de cien bolívares.
Esta distorsión de los precios es el emergente de una economía deformada, que ya no funciona como una economía capitalista tradicional (dominada por los monopolios privados) y parece encontrarse a medio camino de la economía llamada socialista (monopolio estatal), con las tensiones y contradicciones que supone semejante tránsito. En suma, la economía es escenario de una aguda lucha de clases, en el sentido más tradicional del concepto.
Una de las distorsiones evidentes puede palparse recorriendo los diversos barrios de una ciudad de millón y medio de habitantes, como Barquisimeto, capital del estado occidental de Lara: en los barrios populares se aprecian colas frente a tiendas y supermercados, de diferente extensión pero casi diarias; en los barrios de clases medias altas como Fundalara, no se ven colas y los comercios parecen bien abastecidos. Las familias salen de los comercios con pequeñas bolsas de alimentos, mientras en los barrios populares las amas de casa acarrean grandes bultos para aprovisionar sus familias numerosas.
La principal diferencia es que en los barrios altos pueden verse, con la misma cotidianeidad que se observan colas en los populares, manifestaciones de estudiantes que portan banderas venezolanas en lo alto, sin que nadie los moleste y aplaudiendo algún que otro bocinazo de apoyo. La última semana de marzo la impresión es que tanto las colas como las protestas tendían a disminuir.
Empate catastrófico
La imagen de una sociedad dividida en partes casi iguales, y además polarizada, parece la más cercana a la realidad. Las elecciones presidenciales que llevaron a Nicolás Maduro a la presidencia, casi un año atrás, reflejaron ambos hechos al marcar una diferencia del 1,5 % entre el actual presidente y el aspirante opositor Henrique Capriles.
La división tiene, además, una lectura territorial necesaria que puede contribuir a explicar la situación actual. En los estados de Zulia, Táchira y Mérida, entre otros, ganó la oposición. Se trata de la región que limita con Colombia donde las protestas alcanzaron durante el mes de febrero una situación de “zona liberada”, como en la capital de Táchira, San Cristóbal, cuya universidad pública fue incendiada por los manifestantes con, por lo menos, la complicidad de las autoridades municipal y estatal vinculadas a la oposición.
Desde el oficialismo se denuncia la participación de paramilitares colombianos afines al ex presidente Álvaro Uribe en las protestas y, de modo particular, en las amenazas selectivas a militantes chavistas. La oposición, a su vez, denuncia malos tratos y torturas a los detenidos. Ambos hechos parecen plausibles, aunque no existen pruebas contundentes que los avalen.
Dos hechos parecen evidentes. Que la represión estatal provocó la muerte de varios manifestantes, y que tanto la oposición como los grupos chavistas utilizan armas de fuego. El periodista Aram Aharoninan, ex director de Telesur, asegura que de los 40 muertos entre el 12 de febrero y fines de marzo, 22 fueron “asesinatos selectivos de líderes de base bolivarianos, realizados por mercenarios paramilitares colombianos aliados de las fuerzas de la burguesía venezolana” (Rebelión, 1 de abril de 2014).
La Fiscalía General de la República difundió datos, cuando la cifra de muertos era de 31, de que entre los 461 heridos en las manifestaciones había 143 policías. Varios uniformados fueron muertos. De casi dos mil detenidos, sólo 168 permanecen tras las rejas.
Durante el mes de febrero, Venezuela fue escenario de una doble escalada y de un amago de negociación: la escalda de la derecha más ultra, liderada por el detenido Leopoldo López y la diputada Corina Machado pero no acompañada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) encabezada por Capriles quien en plena crisis afirmó que “el único camino es la vía electoral”.
La ofensiva de la derecha ultra conoció un viraje cuando irrumpieron las fuerzas chavistas, en particular los motorizados, miles de militantes en motos que son una de las más activas fuerzas organizadas del oficialismo. Contra ellos, la oposición cruzó cables en las calles a la altura de la cabeza.
