La demanda fue presentada por una asociación fantasma financiada por empresa minera. Ahora debe exigirse agilización del proceso por torturas contra líderes de las comunidades.
Las comunidades de la región peruana de Piura y las organizaciones que las apoyaron lograron un triunfo: la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura archivó definitivamente la denuncia por terrorismo y otros delitos presentada hace año y medio contra 35 personas por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas”, una entidad fantasma financiada por la empresa Majaz, hoy Río Blanco Copper.
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI señaló que “está demostrado que en el Perú se persigue y criminaliza a los dirigentes indígenas y activistas ambientales sin razón alguna, con el único objetivo de proteger a las empresas multinacionales y sus aliados”.
Precisó que este juicio en Piura carecía de fundamento legal y pruebas para admitir la denuncia. Añadió que hoy la tarea urgente es exigir que avance el proceso de investigación por las torturas sufridas por dirigentes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba por parte de la policía en las instalaciones de la compañía minera. “Este caso debe ser llevado a instancias internacionales porque el Estado peruano está directamente implicado en estos delitos de lesa humanidad”, subrayó.
Fuente: CAOI