Los hechos desencadenados a partir del miércoles pasado son señales de manifestación popular ante una realidad económica y social que lejos de mejorar, se torna aún más crítica.
(Ana Juanche – Coordinadora Latinoamericana de SERPAJ) Haití – Las consignas exigían a la vez medidas del gobierno ante el alza de los precios de productos básicos y el retiro inmediato de las fuerzas de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).
Haití, un país tradicionalmente rural y agrícola ha tornado su producción hacia el sector terciario; hoy es un país de servicios cuya agricultura e ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de su población. La tierra, sobre explotada y superpoblada sufre además la erosión gravísima de su suelo. Sequías prolongadas, desastres naturales y la devastación de recursos naturales definen un panorama desolador.
Haití producía hace 20 años, el 95 % del arroz que consumía; hoy importa a EEUU el 80 % del consumo de ese producto. La semana pasada, el elemento esencial en la dieta de la población haitiana, duplicó su precio por bolsa, subiendo de 35 a 70 dólares.
“Haití está siendo destruido por intención explícita de quienes construyen paulatinamente un bolsón de mano de obra barata para sus propósitos capitalistas. El estado de severa destrucción social habilita el argumento de la ayuda de la comunidad internacional desde parámetros hegemónicos que solapan un proyecto de explotación como son las zonas francas y su conjunto de maquiladoras”, dice Didier Dominique, líder de Batay Ouvriye, organización que agrupa sindicatos de fábricas, asociaciones de trabajadores y militantes sociales.
El profundo deterioro de la economía haitiana ha llevado a que el 76 % de la población viva en situación de pobreza. A esto se suman serios problemas de infraestructura que condenan a dos tercios de los haitianos y haitianas a no tener acceso a la energía eléctrica y a más de la mitad de la población a no disponer de fuentes de agua potable.
En este panorama, parece claro que la solución a la grave crisis de Haití pasa por la construcción de diversos caminos complementarios donde la soberanía y la autodeterminación de ese pueblo son requisitos indispensables. En ese sentido, es absurdo pensar en una solución militar para un conflicto que nada tiene que ver con ello.
Se impone entonces el análisis de cuáles son los nuevos roles asignados a los ejércitos, cuerpos que asumen en la actualidad funciones policiales en contextos de control y represión de la población civil. Hoy, las líneas que hace unas décadas delimitaban claramente la seguridad y la defensa, parecen desdibujarse bajo la doctrina de “seguridad multidimensional” que busca dar respuestas a “nuevas amenazas” tan vagamente definidas como omnipresentes, abarcando desde cuestiones ambientales o sanitarias, al narcotráfico, las migraciones, el crimen organizado, los “populismos radicales”, el terrorismo.
Confundir estos roles permitiendo que los militares se encarguen de combatir delitos o que asuman funciones de control interno puede resultar muy riesgoso.
La composición de esta fuerza comporta características singulares ya que de 18 países que aportan personal militar, 9 son latinoamericanos (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala).
Uruguay aporta el contingente más numeroso luego de Brasil. Hoy, si bien no hay confirmaciones oficiales de Naciones Unidas ni del Ministerio de Defensa Nacional, los militares uruguayos son acusados por la muerte de manifestantes haitianos en la ciudad de Les Cayes.
Duele y avergüenza que sean los ejércitos de países hermanos, quienes estén reprimiendo al pueblo haitiano. Necesitamos buscar otras formas de cooperación solidaria y comprometida, acordes a la ética de los derechos humanos y a su cabal respeto. Cada pueblo debe encontrar su propio camino y Haití no lo logrará en un contexto de ocupación, dependencia y asistencialismo.
