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Familiares de activistas denuncian "tortura generalizada" en México

De agosto de 2014 a diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha emitido cinco informes oficiales al Gobierno de México. En los informes se considera que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en los procesos penales a personas defensoras de derechos humanos y se exige reparación. Este es un hecho inédito por ser la primera vez que se emiten tantos informes oficiales en un lapso de tiempo tan corto.

(Emma de Coro – Diagonal) México - La desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa ha destapado la brutal represión que sufren los movimientos sociales en México desde hace tiempo. Para muchos, ha supuesto un punto de inflexión que puede hacer que los relatores de la ONU y otras instancias internacionales empiecen a presionar al país para que se respeten los derechos fundamentales de los activistas.
Así lo señalan familiares y amigos de defensores de Derechos Humanos (DDHH), el maestro Damián Gallardo, el estudiante Enrique Guerrero y el abogado Librado Baños, actualmente, de gira por Europa.
Cuando preguntamos por el impacto que puedan tener los informes de la ONU, Ricardo Flores Cuevas, del comité de apoyo a Enrique Guerrero, señala que es "escéptico", y recuerda otros casos, como la visita del Relator para la Tortura de la ONU, Juan Méndez. “En este caso se redactó un informe en el cual se señalaba que la tortura es una práctica generalizada en México. El gobierno trató de convencer al señor Méndez para que obviara el comentario de práctica generalizada, pero el relator se negó a corregirlo”. En vez de buscar soluciones el Gobierno se limitó a calificar el informe de irresponsable y poco ético y a negar el permiso a Méndez para visitar de nuevo el país y continuar con sus investigaciones.
Yolanda Barranco, compañera de Damián, no duda cuando le preguntamos por el objetivo del viaje: “Lo mejor que nos puede pasar, en este punto, es ser escuchadas. No es una lucha que haya comenzado con la detención de Damián, es una lucha que llevamos dando contra una política en la que no cabemos todos, en la que somos desestimados profesores y estudiantes defensores de DD HH”.
Yolanda y Damián Gallardo son maestros, ambos fueron estudiantes normalistas, como los desaparecidos en Ayotzinapa. Damián formó parte de varios grupos por la liberación de presos políticos, como el caso del rector de la UNAM, Felipe Martínez Soriano.
Detenciones arbitrarias
Todos los casos de detenciones arbitrarias siguen un patrón parecido. Yolanda nos cuenta cómo se llevaron a su compañero: "El 18 de mayo del 2013, mi esposo Damián Gallardo Martínez fue arrestado en nuestra propia casa en Oaxaca. El arresto se realizó sin orden judicial, llegaron cuando dormíamos, forzaron la puerta y entraron en la casa, donde también se encontraba nuestra hija de nueve años. Tras cubrirle la cara, fue trasladado a un domicilio privado donde fue torturado y obligado a firmar confesiones autoinculpándose bajo la amenaza de represalias a sus familiares. También se le pidió que inculpará a integrantes del movimiento social en los delitos de delincuencia organizada y secuestro de menores que son los cargos que se le imputaban”.
Enrique Guerrero es estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma y profesor de ajedrez. Fue detenido el 17 de mayo de 2013, cuando circulaba en su vehículo por México DF. Los agentes le asaltaron haciendo chocar dos furgonetas contra su coche. Pensó que le querían atracar. Le mantuvieron incomunicado durante 30 horas, sometido a torturas para que firmara las confesiones en las que se autoinculpaba de los mismos delitos que a Damián. Se le presionó para que diera nombres de los dirigentes del movimiento estudiantil.
A día de hoy, ambos siguen presos en el penal de máxima seguridad de Jalisco.
La estrategia se centra en los últimos años en imputarles delitos de gran impacto social que contribuyan a su desprestigio y minen la movilización. “A las 30 horas de ser detenidos los presentaron en la cadena nacional con cargos muy duros que les han dejado ya estigmatizados. Fue un comunicado conjunto de la marina, el Ejército y la PGR diciendo que habían agarrado a una banda de secuestradores de menores”, continúa Ricardo.
Pero la estigmatización no sólo es para los detenidos, alcanza también a las familias. “Antes me daba vergüenza contarlo, pero ahora ya no, cuando vamos a visitarlos nos dicen que nos quitemos la ropa y si estamos menstruando pues nos quitan hasta la compresa”, confiesa

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