Las medidas aprobadas, troceadas en función de las posibilidades de sobrevivir a la votación en el Congreso, reconocen parte de las demandas de calle, aunque permiten la derogación de las más audaces.
(El Salto) España – Después de tres días de acampada y negociaciones hasta el último minuto hubo acuerdo entre PSOE y Sumar para aprobar en el Consejo de Ministros de este 29 de septiembre una nueva batería de medidas en materia de vivienda. Como ha pasado en otras ocasiones, de un decreto se ha pasado a dos. Uno, que tiene más posibilidades de aprobarse, recupera medidas del llamado escudo social, regula los alquileres de temporada y por habitaciones y establece una nueva prórroga de los contratos de alquiler que terminen en 2028.
El segundo incluye la demanda principal de las calles: la pista de despegue de los alquileres indefinidos. Ese era el punto principal del “Decreto Maricarmen”, un conjunto de propuestas lanzadas desde el Sindicato de inquilinas para garantizar el derecho a la vivienda. Ese segundo decreto, no obstante, debe vencer varias resistencias: las de Junts y, todo parece indicar que la del propio PSOE, que ha preferido no incluirlo en el paquete número uno.
El balance inicial va por barrios. Desde el Sindicato de Inquilinas han criticado duramente el troceamiento de las demandas. A mediodía, casi al ritmo al que se publicaban las informaciones, Valeria Racu, portavoz de este movimiento, protestaba por la táctica del “divide y vencerás” implícita en la creación de dos decretos. “Es la táctica del romper en cachitos para que den unas migajas, para que nos tengamos que pelear por los pocos restos que queden y tener que celebrar cosas que sabemos que en realidad no van a tener impacto en la vida de la gente”, sentenciaba Racu.
Las movilizaciones continuarán para aumentar la presión de cara a la votación del viernes en el Congreso. Así lo afirmaba la portavoz del sindicato Alicia del Río: “La lucha sigue, la acampada en Madrid y en el resto de ciudades va a seguir. La desobediencia no va a parar. Porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado a Urbagestión y ganamos en derechos como se ha ganado en el Consejo de Ministros”. Del Río valora “muy positivamente” la inclusión de los contratos indefinidos entre las medidas, pero lamenta que se haya hecho bajo el esquema de decretos troceados: “Trocear el decreto lleva a campañas partidistas y el pueblo lo que quiere son soluciones“.
Más allá del troceado y a la espera de conocer el contenido exacto de los dos Decretos que ha aprobado el Consejo de Ministros, el Sindicato de Inquilinas celebra lo conseguido hasta ahora: devolverle la casa a Maricarmen y “sacar al Gobierno de la inacción”. Instan al Gobierno que respete la redacción del Decreto Maricarmen, elaborado por el propio movimiento inquilino, incluyendo la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Desde este colectivo insisten en la precaución y evitar titulares triunfalistas sobre los decretos: “Es especialmente importante esperar al redactado, ya que en múltiples ocasiones los rentistas y el lobby inmobiliario se ha aprovechado las rendijas y los agujeros en las leyes para continuar exprimiendo el negocio de la vivienda”.
La movilización debe continuar, dicen en un comunicado: “Más allá de lo que diga el Decreto, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para revertir décadas de mercantilización de la vivienda, y los próximos días serán claves. Por eso es necesario subir la presión”. Y así lo harán. El próximo fin de semana están previstas grandes movilizaciones en todo el Estado, anuncian. Dejan claro que esto “es solo el inicio” y que se necesitan reformas estructurales “mucho más profundas” para resolver la crisis de la vivienda.
Tras el Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentaba los dos decretos. Lo hacía con todo lujo de detalles y con ánimo celebratorio en el caso del primero de ellos y con un vistazo rápido sobre el segundo. Más madera para la sospecha de que el PSOE no peleará mucho el decreto sobre alquileres indefinidos en el pleno en el que se deben convalidar (o no) ambos textos, que se ha adelantado a este mismo viernes 2 de octubre.
Entre dos tierras, entre la bronca creciente que se manifiesta en las calles y plazas y el lenguaje triunfante de Isabel Rodríguez, se encuentra casi por entero el bloque de Sumar en el Consejo de Ministros. Estos partidos reivindican los pasos adelante que se dan en el primero de los decretos. Entre ellos, la prohibición parcial de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, que se extiende hasta 2030 —y no hasta 2028 como inicialmente pretendía el PSOE—, la prohibición de la compra de vivienda de fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.
Reivindican asimismo que por primera vez se toca la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, algo que no ocurrió en la ley de vivienda aprobada en la legislatura pasada. Por parte del PSOE se ha impuesto también en ese texto un conjunto de rebajas fiscales para inquilinos y caseros para ayudar a los primeros a pagar los altos precios de la vivienda y para animar a los segundos a que bajen voluntariamente los precios.
En el segundo decreto, cuya aprobación no está asegurada, se incluye la renovación automática de los alquileres.
El decreto que pende de un hilo
Los alquileres indefinidos se han convertido en la principal reivindicación de la acampada de Sol y las movilizaciones que siguieron al desahucio de Maricarmen. El modelo de contratos indefinidos se utiliza en varios países europeos con una gran implantación del alquiler, como Reino Unido, Alemania o Austria, y solo permite la rescisión del contrato por razones objetivas. Y entre esas razones no figura la voluntad de aumentar los beneficios incrementando el precio del alquiler.
“Para que no haya ni una Maricarmen más hay que ir al inicio y este es que no puede ser que los contratos sean temporales, que no podemos aceptar contratos basura”, declaraba Valeria Racu desde la acampada de Sol este martes. Normalizado en el ámbito laboral, justifica esta portavoz del sindicato, los contratos indefinidos tienen que llegar a la vivienda: “No puede ser que cada pocos años nuestra vida entera tenga que cambiar porque un rentista quiera hacer más dinero y puede expulsarnos de casa sin ninguna justificación”.
De fondo, el recuerdo de la prórroga de los alquileres, que fue troceado en la negociación con Sumar, y derogado con los votos de Junts a finales de abril. Esta propuesta, que nació de una demanda del movimiento inquilino, cayó después de estar vigente un mes. Los colectivos de vivienda y los socios parlamentarios de izquierda acusaron entonces al PSOE de no hacer nada para evitar que este decreto decayera. Un decreto que el PSOE nunca defendió y que ahora, gracias a la potencia del movimiento social, se posiciona en el decreto uno, el que más posibilidades tiene de ser aprobado.
Lo que sí se incluye en el Decreto uno
La regulación de los alquileres de temporada y habitaciones era otra de las grandes materias pendientes del Gobierno. La ley de vivienda había dejado fuera estas dos modalidades de contratos, que se convirtieron en el escape predilecto de los propietarios que no quieren verse limitados por los topes de precios y otros derechos de los inquilinos recogidos en la ley de 2023. Todo esto, por supuesto, solo en las pocas comunidades donde se aplica.
A falta de analizar la letra pequeña y no tan pequeña de esta regulación, el Gobierno ha avanzado en el camino de tapar algunos de los agujeros que dejó la ley de vivienda. Con esta nueva regulación, se aplican a estos dos tipos de contratos las garantías de la ley estatal de alquileres y los derechos propios del alquiler habitual, entre ellos la prohibición de cobrar honorarios, los límites de fianza y los topes de precio en los municipios que consiguen aplicar la regulación de precios de la ley de vivienda. A partir de ahora, los caseros deberán justificar la temporalidad del contrato, y, si no queda debidamente acreditada, se considerará que el contrato es de vivienda habitual.
Además, el decreto uno incluye el aumento de la tributación de los pisos turísticos al 21%, la prohibición durante dos años a los fondos de inversión de comprar viviendas para uso especulativo —queda por ver en el texto definitivo la definición de fondo de inversión—, un aumento en la fiscalidad de las socimi, del 15% al 25% de los beneficios no distribuidos y la recuperación parcial del escudo social, especialmente de la moratoria antidesahucios hasta 2030. También incluye propuestas similares a las defendidas por PP y Vox, como los préstamos al 0% para la compra de la primera vivienda.
En el entorno de Sumar se sigue insistiendo en que la presión de la calle es lo que puede determinar que el segundo de los decretos, el más ambicioso, salga adelante, pero se recuerda también que las medidas incluidas en el decreto uno resultaban difíciles de sacar solo hace unos meses, cuando después de que decayera el llamado decreto del burofax en abril. Así, Antonio Maíllo, secretario general de IU, ha resumido el sentir general en ese espacio: insatisfacción por el desdoblamiento de los textos, pero valoración positiva del contenido de ambos decretos. Además, se incluye la prórroga de los contratos de alquiler para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 siempre que el inquilino lo solicite y la congelación de las subidas de las actualizaciones anuales hasta 2028.
Podemos, fuera del Gobierno, ya advertía esta mañana de la “tomadura de pelo” que suponía el troceamiento de los decretos, con “parches” que no afectan a los “problemas estructurales” de la vivienda, según declaraba Ione Belarra, secretaria general del partido.
Las miradas se dirigen ahora a Junts, que sigue en la partida después de una primavera en competición a ninguna parte con la extrema derecha. Los de Míriam Nogueras ahora parecen dispuestos a aprobar el primero de los decretos, aunque han expuesto sus dudas por una supuesta “desprotección a los pequeños propietarios”. Será más difícil que tanto los exconvergentes como PNV se enrolen en el voto afirmativo al segundo decreto, especialmente porque el PSOE, a tenor de la rápida exposición que ha hecho la ministra de Vivienda de su contenido, no parece aceptarlo como propio.
