El violento temporal que azotó a Embarcación, en la provincia de Salta, el jueves 12 de noviembre dejó alrededor de 150 personas que necesitaron atención médica, viviendas dañadas, escuelas afectadas y árboles, postes y tendidos eléctricos derribados. Pero detrás de la devastación provocada por las lluvias y los fuertes vientos hay una historia que no comenzó con la tormenta: décadas de desmontes, avance de la frontera agropecuaria y explotación de los bienes comunes que transformaron profundamente el territorio. Red Eco Alternativo.

(Adrián Flores para Red Eco) Salta – La localidad de Embarcación, en el departamento General José de San Martín, fue el epicentro de un fenómeno meteorológico de enorme intensidad. Las precipitaciones, las ráfagas de viento y la actividad eléctrica provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes de media tensión, cortes de electricidad y daños en establecimientos educativos. La magnitud del temporal obligó a desplegar operativos de emergencia y suspender las clases en las escuelas afectadas.

La violencia de esta tormenta también debe leerse en el contexto de los fenómenos climáticos extremos asociados a El Niño, cuya intensidad puede incrementar las precipitaciones y elevar el riesgo de inundaciones en distintas regiones. El escenario del Súper Niño vuelve todavía más preocupante esta situación. Pero estos fenómenos no actúan sobre territorios intactos: encuentran ecosistemas profundamente degradados por décadas de explotación.

Aquí se cruzan dos dimensiones de una misma crisis. Por un lado, un modelo de producción y consumo capitalista basado en la explotación intensiva de la naturaleza, que contribuye al calentamiento global. Por otro, la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y la destrucción de los bosques nativos, que reducen la capacidad de los territorios para absorber y regular las lluvias.

En Embarcación, ambas dimensiones convergen dramáticamente. La misma matriz extractivista que impulsa la destrucción del monte profundiza las condiciones para que los fenómenos meteorológicos extremos se conviertan en catástrofes sociales. Las tormentas tienen causas meteorológicas, pero sus consecuencias están profundamente condicionadas por las decisiones económicas y políticas que transforman los territorios en mercancías.

Topadoras sobre territorios ancestrales
Mientras Embarcación enfrenta las consecuencias del temporal, las comunidades originarias del departamento San Martín continúan resistiendo el avance de los desmontes y el despojo territorial.

A principios de enero de 2026, en Misión Chaqueña, una comunidad wichí de más de 2.000 habitantes ubicada a 48 kilómetros de Embarcación, sus integrantes detectaron nuevamente a personas que derribaban árboles y quemaban sectores del bosque nativo. La respuesta fue inmediata: decenas de mujeres se organizaron y cortaron el camino para impedir el avance sobre su territorio ancestral.

El conflicto involucra al empresario agrícola salteño Claudio Ferrari, quien desde 2023 pretende apropiarse de una franja de monte que rodea a la comunidad. Aquel año, trabajadores vinculados al empresario comenzaron a abrir picadas, talar árboles y colocar postes para alambrar la zona. Ferrari sostuvo que había comprado esas tierras, aunque, según el abogado que acompaña a la comunidad, no presentó documentación que respalde sus pretensiones.

La defensa del territorio también tuvo consecuencias represivas. El miércoles 7 de enero de 2026 fueron detenidos Leonardo Pantoja y Marta Herrera cuando se presentaron en un destacamento policial para denunciar la tala del monte y las amenazas atribuidas al empresario. Marta fue liberada, mientras Greenpeace reclamó la inmediata libertad de Pantoja.

La comunidad cuenta con carpeta técnica, relevamiento georreferenciado y registro de Asuntos Indígenas. Sin embargo, sus integrantes denuncian obstáculos para acceder a la Justicia y señalan que el empresario pretende avanzar sobre tierras ocupadas ancestralmente por el pueblo wichí.

No se trata solamente de una disputa por la propiedad de la tierra. Es la defensa de un territorio que sostiene la identidad, la cultura y las condiciones materiales de vida de generaciones.

3.300 hectáreas arrasadas en territorio wichí
La dimensión de la destrucción quedó nuevamente expuesta en octubre de 2026, cuando Greenpeace difundió una denuncia realizada junto con comunidades wichí por el desmonte de más de 3.300 hectáreas de bosques nativos en el área rural de Tartagal.

Las tareas habían comenzado a principios de agosto y afectaron las fincas Tonono, Alcoba y Caraguatá. Sobre la ruta nacional 86, la organización detectó dos topadoras que arrasaban el bosque mediante el uso de cadenas, una modalidad de destrucción que elimina extensas superficies de vegetación nativa.

Los desmontes comprometen territorios y el sustento de diez comunidades indígenas wichí
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

La denuncia vuelve a poner en cuestión la responsabilidad del gobierno provincial, que tiene a su cargo el ordenamiento territorial y el control de los desmontes. Las comunidades también denuncian la falta de respuestas efectivas de las autoridades ambientales frente a sus reclamos.

La resistencia de Misión Chaqueña forma parte de una lucha más amplia. A principios de 2026, veinte mujeres de comunidades wichí y guaraníes del departamento San Martín viajaron a Buenos Aires para denunciar los desmontes ilegales y reclamar ante la Corte Suprema la protección de sus territorios.

Las representantes denunciaron la continuidad de las talas y la explotación maderera pese a las medidas judiciales que habían ordenado suspender desmontes en distintos departamentos salteños. También reclamaron la recuperación de las tierras históricamente ocupadas por sus comunidades.

Ya entonces advertían que la destrucción de los bosques podía provocar graves consecuencias ambientales para toda la región. Sus denuncias no fueron escuchadas con la urgencia que exigía la situación.

Milei y Sáenz: responsabilidades políticas frente al ecocidio
La destrucción del monte salteño no puede separarse de las decisiones de los gobiernos provincial y nacional. La administración de Gustavo Sáenz tiene responsabilidades directas en la protección de los bosques, la fiscalización de las actividades productivas y el cumplimiento de la legislación ambiental. Las denuncias sobre desmontes ilegales, el avance de las topadoras y la apropiación de territorios indígenas muestran las consecuencias de una política que permite que los intereses empresariales avancen sobre los bienes comunes.

El gobierno nacional de Javier Milei también es responsable de profundizar este escenario. El desfinanciamiento de las políticas ambientales, el debilitamiento de los organismos de control y el impulso de cambios regresivos en las normas de protección de los recursos naturales reducen las herramientas públicas para enfrentar la depredación.

La Ley Nacional de Bosques Nativos 26.331 necesita presupuesto, controles efectivos y decisión política para cumplirse. Sin esas condiciones, la protección de los bosques corre el riesgo de convertirse en una declaración formal sin capacidad real para impedir su destrucción.

La matriz extractivista no distingue jurisdicciones cuando se trata de garantizar las condiciones para los negocios. Los gobiernos provinciales habilitan o toleran el avance sobre los territorios y el gobierno nacional promueve un modelo de desregulación y explotación intensiva de los bienes comunes.

La catástrofe tiene responsables
El temporal de Embarcación vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a todo el país: quién decide sobre los territorios, quién se beneficia de su explotación y quién termina pagando las consecuencias.

El Súper Niño y la deforestación no son fenómenos equivalentes, pero sus efectos convergen sobre territorios cada vez más vulnerables. Mientras el modelo extractivista contribuye a profundizar la crisis climática y destruye los ecosistemas que regulan el agua, las comunidades deben enfrentar inundaciones, pérdidas materiales y la destrucción de sus condiciones de vida.

Las ganancias de la explotación quedan en manos de los sectores empresarios; los costos ambientales y sociales recaen sobre los pueblos.

No alcanza con declarar emergencias después de cada temporal ni con desplegar operativos de asistencia cuando la catástrofe ya ocurrió. Es indispensable frenar los desmontes, garantizar los territorios indígenas, proteger las cuencas y exigir responsabilidades a los gobiernos que deben velar por los bienes comunes.

Las comunidades wichí que defienden el monte no están luchando solamente por sus tierras. Están defendiendo las condiciones de vida de toda la población.

Cuando se destruye el bosque para hacer negocios, la catástrofe deja de ser una fatalidad natural. Es también el resultado de un modelo económico y de decisiones políticas que tienen responsables.

Más información AQUÍ