El Congreso aprueba la declaración de estado de emergencia climática. El movimiento por el clima, que venía reclamando la medida, se muestra escéptico y reclama que la iniciativa no se quede en una mera declaración institucional, sino que suponga un giro drástico en las política energética, industrial y de transporte para una disminución real y radical de las emisiones de gases de efecto invernadero.
(Pablo Rivas – El Salto) España – Ha tardado pero ha llegado, ahora está por ver si su aplicación tiene un efecto real y acorde con las circunstancias, algo que los colectivos y organizaciones que forman la rama española del movimiento global por el clima ponen en duda con el texto aprobado este 17 de septiembre. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde hoy, a petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a la declaración del estado de emergencia climática en España, una medida que el movimiento por el clima, en plena preparación de la Huelga Mundial por el Clima de este 27 de septiembre, llevaba reclamando desde hace meses.
“Nuestra casa está ardiendo y no podemos esconder la cabeza ante ello”, ha señalado Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos encargado de presentar este martes la propuesta en el Congreso. “España está en una situación emergencia climática —continuaba—, es necesario tomar medidas políticas en todos los sentidos: energía, movilidad, agricultura, edificación… Eso debe venir, pero hoy, si el Congreso apoya esta declaración, estaremos dándonos un marco para condicionar a partir de ahora esas políticas”.
Texto vacío
“Una declaración de emergencia climática vacía no es ninguna garantía de que se vayan a implementar unas políticas de urgencia frente a esta emergencia climática”, señala a El Salto la responsable de la Campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño. “La situación política no invita para nada a que se aprueben las políticas que necesitamos para abordar esta emergencia climática, con lo que no solo se aprueba tarde, sino que es una declaración vacía”.
Con dichas medidas Nuño se refiere a las consensuadas por el movimiento por el clima en un texto que debía acompañar a la declaración de emergencia climática, “medidas reales con urgencia, y para ello hace falta un gobierno”, puntualiza la responsable, que ha recordado que aún no ha salido adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En concreto, Nuño habla de medidas como que España llegue al cero neto en las emisiones no más tarde de 2040 y al aumento de la ambición climática para 2030. “Ahora mismo el Gobierno ha propuesto un exiguo 20% de reducción de emisiones respecto a 1990, lo que está muy lejos de estar alineado con el Acuerdo de París y las recomendaciones científicas. Desde la coalición de organizaciones ecologistas a nivel europeo consideramos que la reducción de emisiones para 2030 a nivel europeo debería ser del 65%, y a España le toca un 55%”, indica.
Asimismo, la responsable de Greenpeace explica que la declaración debería llevar aparejada un volantazo en el sector del transporte, “abordando el cierre de la venta de los coches de combustión interna a gasoil o gasolina en la próxima década”, así como poner fecha al fin del uso del carbón, que para los ecologistas no debería sobrepasar 2025, y realizar las políticas necesarias para tener un sistema eléctrico 100% renovable para 2030.
Desde Ecologistas en Acción, por su parte, señalan la importancia de que España salga y rechace los tratados de libre comercio como medida indispensable para responder al problema climático. “Para responder con rapidez y contundencia a la emergencia climática, ecológica y civilizatoria, la Campaña No a los tratados de comercio e inversión propone dar un giro de 180 grados en las políticas comerciales de modo que estas antepongan la protección del clima, la biodiversidad y los derechos humanos al beneficio privado”, ha señalado la confederación ecologista este martes.
Convenios como el Tratado sobre la Carta de la Energía o el recientemente alcanzado acuerdo entre la UE y Mercosur son, para el colectivo, “incompatibles con la reducción de emisiones, dificultan la adopción de las medidas necesarias para hacer frente a la crisis ecológica y agravan la emergencia climática”.
