El pasado 23 de junio, el Tribunal Contencioso Electoral negó al colectivo Yasunidos la apelación por fraude, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anular más de la mitad de las firmas entregadas por este colectivo para convocar una consulta popular en defensa del Parque Nacional Yasuní.
Yasunidos recogió más de 750.000 firmas para rever la decisión del presidente Rafael Correa, del pasado 15 de agosto de 2013, de explotar el petróleo de este espacio amazónico considerado uno de los más biodiversos del mundo, y donde habitan los pueblos tagaeri y taromenane, en aislamiento voluntario. Más de las 584.000 firmas necesarias fueron entregadas el 12 de abril del 2014, es decir, más del 5% del padrón electoral que exige la Constitución ecuatoriana del 2008, para llevar a cabo un referéndum sobre cualquier asunto público.
El CNE consideró válidas menos de 360.000 firmas, luego de un proceso colmado de denuncias por irregularidades, presentadas por Yasunidos. Distintas encuestas mostraban que una clara mayoría de la población ecuatoriana demandaba que la cuestión del Yasuní-ITT fuese dirimida por referéndum.
Una vez que han sido agotadas las instancias ecuatorianas, Yasunidos anunció que presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El territorio está en el centro del debate del Yasuní porque son los territorios que se han mantenido fuera de la lógica del capital los espacios con una mayor disputa en el capitalismo contemporáneo, pues el sistema global necesita acelerar sus ciclos de reproducción y ensanchar su territorialidad en busca de materias primas.
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Fuente: Manuel Bayón – labarraespaciadora.com