La Ley 100 autoriza a las Empresas Promotoras de Salud para administrar los servicios en este sector. Los ciudadanos colombianos exigen que el sistema de salud público sea manejado por el gobierno central para que mejoren los servicios que le prestan a los usuarios.
En Bogotá, capital de Colombia, este jueves será instalado uno de los 26 campamentos en los que se va a discutir la Ley 100 relativa al sector salud y en los que se debatirá sobre las propuestas de solución a la crisis por la que atraviesan los centros asistenciales del país suramericano.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Milton Henao, recordó que la Ley 100 fue propuesta por el expresidente Álvaro Uribe cuando se desempeñó como senador de la República y precisó que la medida entregó la administración de los recursos de la salud pública a entidades privadas “y que mantiene en crisis el sistema de salud”.
“En este momento los hospitales carecen de infraestructura, de medicamento y tecnología y esto ha ido en detrimento del servicio que se le presta a los usuarios”, agregó.
El periodista detalló que en los campamentos que se instalarán en el país se va a socializar y unificar las propuestas que han surgido de las protestas sociales para eliminar la Ley 100 a través de un referendo revocatorio.
Añadió que también propondrán un sistema de salud público que esté manejado por el gobierno central “para mejorar todo lo relacionado con el servicio que se le presta a los usuarios colombianos que hacen parte del régimen contributivo y del régimen subsidiado”.
Los ciudadanos colombianos están en contra de la Ley 100 de 1933 porque aseguran ha dejado un desfalco superior a los cuatro mil millones de pesos (más de dos millones de dólares) y sobrecostos de los medicamentos por encima del 400 por ciento del valor real.
El pasado 17 de julio centrales obreras colombianas convocaron a una "marcha blanca", para protestar contra la Ley 100 y exigir un nuevo modelo de salud en el país. Al respecto el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, afirmó que la medida privilegia la injerencia financiera mediante las Empresas Promotoras de Salud, autorizadas como administradoras de esos servicios.
La CUT consideró que el nuevo sistema debe garantizar la ausencia total de intermediarios y la absoluta potestad del Estado en el manejo de los recursos, tanto los del régimen contributivo como el subsidiado.
Fuente: teleSUR-ElMeridianodeSucre/sa – FC
