Luego de la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de otorgar a Petro las medidas cautelares, que impiden que el alcalde sea destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas, Santos será "quien tendrá que decidir si acoje o no lo manifestado por la CIDH"
El reportero recordó que el pasado 17 de diciembre "el propio presidente Juan Manuel Santos dijo que acataría lo que dijera la Comisión. En los próximos días conoceremos entonces la decisión de Santos si acata o no lo dicho por la Comisión".
En las primera horas de este miércoles, se conoció que el procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, ya le solicitó una cita al mandatario colombiano para argumentarle el por qué no debería acatar la recomendación de la Comisión.
El procurador General había decidido destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá. Asimismo, el Consejo de Estado se mantenía firme en la destitución tras rechazar las tutelas presentadas por el alcalde.
María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, reconoció este miércoles que "no es fácil" lo que le toca afrontar al presidente Santos y aseguró que si toma la decisión de adoptar las medidas cautelares, "lo verían como que el Gobierno está cumpliendo sus compromisos internacionales".
Entre tanto, Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó los alcances de la decisión tomada e indicó que no es un desconocimiento de la rama judicial y disciplinaria de Colombia, sino una previsión mientras se revisa minuciosamente el caso del alcalde Gustavo Petro.
Gustavo Petro tocó la puerta de la CIDH diez días después de conocer el fallo de la Procuraduría. Viajó junto con sus abogados a Washington (Estados Unidos) y expuso su situación ante los miembros de la Comisión.
Para él, era claro que el dictamen del despacho de Alejandro Ordóñez violaba la Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita por Colombia en los años de 1970, donde se señala que los derechos políticos sólo pueden suspenderse mediante decisiones de “juez competente, en proceso penal”, cosa distinta a lo sucedido con el alcalde.
Fuente: teleSUR
