La multinacional Chiquita Brands, por cuenta de sus pagos ilegales a grupos paramilitares colombianos, pelea en diez frentes de batalla, nueve procesos en EEUU y uno en Colombia, y ha enfilado sus baterías en evitar que la información que le entregó al Departamento de Justicia sea divulgada.
Los documentos que dan cuenta de los pagos de Chiquita Brands a grupos armados ilegales colombianos deben mantenerse clasificados, porque su divulgación perjudicaría “irremediablemente” su derecho a un juicio justo e imparcial tanto en Colombia como en EEUU.
Esos son los argumentos que, desde hace un mes, estudia un juez de la Corte del Distrito de Columbia, ante la cual la multinacional bananera Chiquita Brands presentó un recurso legal el pasado 4 de abril buscando que se ponga freno de mano a la decisión que la SEC tomó en diciembre de 2012: desclasificar, a petición del National Security Archive (NSA), buena parte de los documentos que la propia Chiquita le entregó al Departamento de Justicia de EEUU, a cambio de ser sancionada (en 2007) con una multa de US$25 millones.
En 2011 el NSA logró que el gobierno norteamericano entregara documentación reservada relacionada con Chiquita Brands. Su análisis fue que Chiquita no había sido extorsionada, sino que había hecho transacciones con grupos ilegales para beneficio propio.
“Esta es la primera vez en casi 30 años que una multinacional como Chiquita intenta bloquear la difusión de récords al National Security Archive”, le dijo a este diario Michael Evans, investigador del NSA. Evans agregó: “Este es probablemente el conjunto más grande de información que se haya organizado sobre vínculos corporativos con el terrorismo. Fue una investigación extensa que resultó en la primera y, hasta ahora, única condena contra una compañía estadounidense gigante por financiar un grupo terrorista”.
Fuente: Diana Carolina Durán Núñez – El Espectador