La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Situación de Derechos Humanos en Chile” relacionadas a las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019.

El informe se basa en la visita in loco de la Comisión, realizada del 25 al 31 de enero de 2020, con el propósito de conocer las causas subyacentes y las consecuencias de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019. En el informe se analiza la institucionalidad democrática vigente; las demandas históricas de la sociedad chilena en el marco de las protestas sociales; la respuesta del Estado de Chile a las protestas; así como las medidas adoptadas por éste para atender las demandas de la población.

La CIDH destaca en el informe que durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica.

El informe subraya que el accionar de los Estados democráticos debe considerar que las protestas no constituyen una amenaza al orden público; estas fortalecen la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadana.

El informe también da cuenta de aquellos actos de violencia que excedieron los límites de la protesta pacífica. Por otra parte, se destaca que las demandas de la población se centraron en el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Se resalta en el informe que la respuesta del Estado a las manifestaciones, por parte de los órganos encargados del orden, se caracterizó por patrones de violencia y el uso excesivo de la fuerza, que resulto en la pérdida de 5 vidas humanas por acción directa de agentes del Estado y 26 muertes en el marco del «estallido social», así como cientos de personas heridas, en particular con lesiones oculares. Hechos incompatibles con los estándares interamericanos de Derechos Humanos y con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile en esta materia. Asimismo, el informe destaca las medidas adoptadas para atender las demandas sociales que dieron lugar al estallido.

Fuente: El Ciudadano