A las siete de la mañana del jueves de 22 enero, en un operativo policial que incluyó el cierre de varias cuadras a la redonda y el forzamiento de puertas, fue allanada la junta de vecinos en la que funcionaba desde hace dos años la radio comunitaria La Victoria, en la comuna del mismo nombre, llevándose todos sus equipos de transmisión.
La supuesta ilegalidad cometida por los pobladores que operaban la radioemisora, era transmitir sin una concesión otorgada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, según establece el artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones, cuerpo normativo impuesto mediante decreto supremo por la dictadura militar -y hasta la fecha no reformado-, que faculta la incautación, multa y cárcel para todos aquellos que operen dichos equipos sin concesión o faciliten infraestructura para su funcionamiento. Disposiciones que de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, constituye una criminalización de la transmisión sin licencia, en abierta vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Al respecto, cabe destacar que en abril de 2010 el parlamento aprobó la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, publicada en el Diario Oficial como ley de la República el 04 de mayo del mismo año. Sin embargo, a casi cinco años de su promulgación las autoridades aún no han evacuado el reglamento que permite su adecuada aplicación, contando para ello de un plazo de seis meses, ni ha abierto concursos de concesión para garantizar el acceso igualitario a estos servicios. Rezago que expone a abierta indefección a radioemisoras que ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión, como es el caso de Radio La Victoria.
Fuente: Paulina Acevedo Menanteau – Rebelión