La cabeza del gran ratón que presidió una de las carrozas de la escuela Besa-flor, que el martes 13 de febrero desfiló en el cierre del carnaval de Río de Janeiro y con el que se representó la corrupción que consume los poderes del Estado en Brasil. “La codicia viste traje y corbata”, “patria amada, donde andarás, sus hijos ya no soportan más”, dice la canción de la Besa-flor.

(Mario Osava – IPS) Brasil – Refleja la desilusión que hace algunos años crece en el alma de los brasileños y degeneró en metástasis en las últimas semanas.

A la convicción de que los poderes Ejecutivo y Legislativo actuales son controlados por corruptos, se desnudó ahora que una corrupción legal enferma las instituciones judiciales, incluyendo algunos héroes, que muchos creían ser salvadores de la patria.

El juez Sergio Moro, líder de la operación Lava Jato (autolavado de autos), una investigación que ya ordenó la detención de más de 200 acusados de corrupción y condenó 118 procesados a 1.809 años de cárcel, también cayó en la máquina de triturar reputaciones en que se transformó la vida pública en Brasil.
Se difundió que gana una remuneración adicional de 4.377 reales (1.330 dólares) mensuales, como “auxilio-vivienda”, aunque vive en un inmueble de su propiedad en Curitiba, capital del meridional estado de Paraná.

Compensa la falta de corrección salarial, que debería ser anual, desde 2015, justificó. Pero él recibe el “auxilio” desde octubre de 2014, según el diario Folha de São Paulo. Y le agrega un bono de alimentación por el equivalente a 270 dólares.

El bono de vivienda fue creado en 1972 para beneficiar a jueces y otros funcionarios que trabajan fuera de su ciudad de residencia. La casi totalidad de los jueces lo reciben, desde que, en 2014 el magistrado Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF), extendió el auxilio a todos.

Era una decisión provisional que sigue vigente hasta su ratificación o revocación en sesión plenaria del máximo tribunal.

El escándalo empezó con la revelación, en el diario Folha de São Paulo del 29 de enero, de que el juez Marcelo Bretas, coordinador de la Operación Lava Jato en Río de Janeiro, sumó su “auxilio” al de la esposa, que también es jueza y lo recibe. Y eso pese a que ambos viven en una residencia de su propiedad.

Bretas, otro héroe popular por encarcelar varios exgobernadores del estado de Río de Janeiro tras investigaciones que revelaron cómo la corrupción local ascendía a los peldaños más altos e involucraba cientos de millones de dólares, dijo haber conquistado “un derecho” recurriendo a la justicia, como debe hacer un juez.

La verdad es que la casi totalidad de los jueces y fiscales se beneficia de ese “derecho” y lo considera “legal”, ya que son ellos o sus colegas que deciden sobre la legalidad de todo.
Pero ese autobenificio resulta muy controvertido, por ser una decisión corporativa ajena a la opinión pública o a decisiones que cuenten con el filtro de otro poder del Estado.

El bono de vivienda equivale a cinco salarios mínimos nacionales, en un país donde la mayoría vive con un salario mínimo o poco más, incluso menos en buena parte de la población ocupada, en un país de 208 millones de personas.

El juez del STF Gilmar Mendes vive en “inmueble funcional” en Brasilia, es decir vivienda estadal y destinada a funcionarios provenientes de otras partes del país, aunque posee una residencia en la capital.

De los 2.203 jueces federales, es decir que actúan en el ámbito nacional, solo 15 por ciento no reciben el “auxilio-vivienda”, según relevamiento del diario O Globo en base a datos del Consejo Nacional de Justicia. Hay quienes lo reciben siendo propietarios no solo la casa donde viven, sino otros inmuebles en la misma ciudad.

Aquellos que rechazaron el privilegio son excepciones y sufren presiones y maltratos de los colegas, según algunos testimonios.

Es una forma de burlar las leyes tributarias y el techo salarial que fija la Constitución para los funcionarios públicos, que es lo que ganan los “ministros (magistrados)” del STF, actualmente equivalente a 10.200 dólares mensuales.

Visto desde diversos ángulos se trata de una ganancia indebida y desviada de sus funciones, ya que no se exige comprobación del pago de alquileres y la mayoría no tendría como hacerlo.

Es solo la punta visible de un Estado “patrimonialista”, según definición académica, capturado por intereses privados y corporativos. Los altos sueldos, que favorecen los poderes Judicial y Legislativo, acrecidos de numerosos adicionales y “mayordomías” (ventajas como pasajes aéreos gratis, vehículos y auxiliares a su servicio personal).