Una crisis política enorme se cierne sobre ese gigante que es Brasil. Una investigación judicial, denominada operación “Lava Jato”, ha puesto en evidencia un esquema de corrupción que compromete a altos funcionarios de Petrobras, a grandes empresas constructoras, entre ellas la conocida Odebrecht, y a políticos brasileños de una multiplicidad de partidos.
(Olmedo Beluche -Rebelión) Brasil -Las denuncias de corrupción involucran no solo del Partido de los Trabajadores (PT), como quieren hacer ver los medios de comunicación, sino que incluyen al Partido Progresista (PP) y al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ambos de ideología de derecha. Otras investigaciones anticorrupción ya habían señalado a gobernadores del partido socialdemócrata PSDB (“tucano”), como Geraldo Alckim en el estado de San Pablo. Con lo cual, todos los grandes partidos del sistema electoral brasileño están manchados por la corrupción.
¿Cómo operaba la corrupción en el caso brasileño?
La crisis tiene como actores centrales a directivos de la empresa petrolera estatal, Petrobras, nombrados por el gobierno del PT, Renato Duque (ex tesorero del partido) y Pedro Barusco, y un ex senador de ese partido, Delcidio Amaral, ex director de Petrobras con el gobierno de Fernando Herique Cardoso, pero captado para el P.T. en esos juegos de “alianzas” con la derecha, que tanto gustan a los socialdemócratas y estalinistas.
El esquema corrupto consistía en que la petrolera estatal brasileña, Petrobras, vendía a precios inferiores a los de mercado internacional, principalmente gasolina, a la subsidiaria de Odebrecht, llamada Braskem. Las ganancias millonarias de Braskem y, por contra, la lesión contra el patrimonio de Petrobras, se estima en 6 mil millones de reales, o 1600 millones de dólares, entre 2009 y 2014.
Luego Odebrecht, a través de sus oficinas y empresas de maletín, en paraísos fiscales, como Suiza y Panamá, pagaba “propinas” a los funcionarios que le habían facilitado estos lucrativos negocios a costa de la empresa estatal. Estas “propinas” servían tanto para enriquecimiento personal de los corruptos, como para financiar a los partidos políticos.
La página 147 de la denuncia del Ministerio Público Federal, muestra el organigrama que seguía el dinero saqueado a Petrobras para beneficio de Odebrecht. A través de varias subsidiarias y luego a “empresas de maletín” en Suiza y Panamá. Con la banderita panameña, aparecen mencionadas, en los niveles de lavado del dinero 2 y 3: “Del Sur”, “SAGAR”, “QUINUS”, “PEXO”, “MILZART” y “SYGNUS”. Por ayudar a facilitar ese esquema aparece mencionado en Brasil el bufete del abogado Ramón Fonseca Mora, dirigente del Partido Panameñista y hasta hace poco consejero del presidente Varela.
La investigación estima que la “propina” de Duque y Barusco era aproximadamente del 2% del valor de cada contrato. Al ser Duque tesorero del PT, se estima que parte del dinero se usó para financiar al partido. Pero como se ha dicho, la corrupción también salpica al jefe de la oposición derechista del Senado, Eduardo Cunha, acusado por el Supremo Tribunal Federal de recibir coimas por 5 millones de dólares.
También se acusa a los directivos de Odebrecht y al “operador” del PMDB, Fernando Falcón Soares o Fernando Baiano. Al igual que al directivo de Petrobras, relacionado con el Partido Progresista, Paulo Roberto Costa (Hora Do Povo, No. 3.366, 29 a 30 de julio de 2015). Como ya se sabe, Marcelo Odebrecht, cabeza de la empresa, ya ha sido condenado a 20 años de prisión por estos delitos.
Lula y Odebrecht
Ha trascendido recientemente, la relación estrecha entre el ex presidente Lula Da Silva y las empresas constructoras brasileñas Odebrecht, Camargo Correa y OAS. Las investigaciones han sacado a la luz que, entre 2011 y 2013, Lula recibió “patrocinios” de esas empresas y donaciones de hasta 20,7 millones de reales (unos US$ 5 millones) al “Instituto Lula” (fundación) y 10 millones de reales (US$ 3 millones) le fueron pagados en regalías por sus conferencias en el extranjero.
Lula aduce que esos pagos son legales, y que otros ex presidentes también viajan por el mundo promoviendo empresas de sus países y cobran fuertes emolumentos por dictar conferencias. Esto lo hacen desde Clinton hasta Álvaro Uribe. Pero los medios de comunicación también callan sobre este asunto y solo atacan a Lula.
No sólo es creíble la versión de Lula de la legalidad de esos emolumentos, sino que es público que él no se ha negado nunca a declarar ante los jueces sobre el tema. Por eso es repudiable el manejo político del juez que lo mandó a conducir detenido para escarnecerlo ante la jauría derechista y para beneplácito de sus enemigos políticos.
Sin embargo, desde el punto de vista de clase obrera, a la que Lula ha representado por décadas, la relación tan estrecha con una empresa transnacional como Odebrecht, sí presenta dilemas ético – políticos que pueden y son debatidos en Brasil.
Desde el primer gobierno encabezado por Lula, hacia 2003-2004, se produjeron en el Partido de los Trabajadores varias rupturas de los sectores más consecuentes y revolucionarios, que acusaban a la dirección del partido y a Lula de traicionar sus compromisos con la clase trabajadora y gobernar para beneficio de los grandes bancos, empresas constructoras y el agronegocio.
De esa manera surgieron partidos ubicados a la izquierda del PT, como el Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL), y otras rupturas posteriores, como por ejemplo la de Marina Silva, antes Partido Verde y ahora Partido Socialista Brasileño (PSB).
La política económica de Dilma le enajena la base social obrera de su electorado
Aplastada entre una creciente crisis capitalista, la caída de los precios de las materias primas, las crecientes luchas sociales, en especial de los jóvenes y estudiantes, que salieron a las calles con fuerza previo al Mundial de Fútbol de 2014, así como la campaña mediática en su contra, la presidenta Dilma Rousseff y el PT, en vez de ir hacia la izquierda, ceden a las políticas neoliberales, con lo cual debilitan su base social. Ese mirar a la derecha en busca de respaldo lo demuestra su alianza con el PMDB.
Si bien el gobierno del PT inauguró en América Latina las llamadas políticas sociales de “transferencias” con el “Plan de Hambre Cero”, de Lula, como una forma de atenuar los males sociales de 20 años de neoliberalismo, lo cierto es que no ha habido cambios de fondo en ninguno de los aspectos que se esperaban de un gobierno que decía ser de los trabajadores. Por el contrario, el gobierno de Dilma se inclina cada vez más hacia medidas de carácter neoliberal.
La situación social se deteriora: en 2015, se perdieron millón y medio de puestos de trabajo. En 2016, la tasa de desempleo nacional es del 7,6% y creciendo. El desempleo juvenil en la zona metropolitana de San Pablo supera el 28%. La inflación el año pasado bordeó el 11%.
Este año, la presidenta Dilma Rousseff, adoptó dos acuerdos que le han ganado repudio sindical: por un lado, en acuerdo PT, PSDB y PMDB decidió entregar al sector privado reservas petroleras de PETROBRAS; por otro, decidió el congelamiento del salario mínimo y de los sueldos de los empleados públicos, si primero no se superaba el mínimo para garantizar el pago de la deuda a la banca.
