Este miércoles 2 de diciembre, a partir de las 9.30, vecinos y vecinas de Villa Itatí se concentrarán en la estación de trenes de Quilmes y marcharán hasta el edificio del polo judicial para reclamar justicia por de Néstor Romero Sanabria, un joven paraguayo de 30 años que apareció ahorcado en un calabozo de la comisaría 2ª de Bernal en la madrugada del 14 de noviembre. La dependencia policial estaba clausurada desde el 2017.
Néstor Romero Sanabria fue aprehendido en la madrugada del 14 de noviembre y trasladado a la comisaría 2ª de Bernal, una dependencia policial clausurada por orden judicial. No habían pasado dos horas desde la detención, cuando lo encontraron ahorcado en el calabozo. La versión oficial habla de suicidio, que el joven tenía antecedentes de autolesiones. Sin embargo, la familia desconfía, y pone en duda el motivo y la circunstancia de su detención.
Tras su muerte bajo custodia del Estado, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) desafectó a un oficial que estaba de servicio esa noche en la comisaría. Para familiares, amigos y amigas de la víctima, la sanción disciplinaria es una muestra de responsabilidades e irregularidades que hay detrás del caso.
Hasta el momento, la titular de la UFI Nº 6 de Quilmes, Mariana Curra Zamaniego, sostiene que existen pruebas para sostener la hipótesis del suicidio: la autopsia confirmó que se trató de una muerte por ahorcamiento y, según la fiscal, Néstor tenía antecedentes de autolesiones.
“La familia tiene muchas dudas sobre cómo pasaron los hechos y en el barrio hay vecinos que lo vieron la noche que lo detienen, sus testimonios no coinciden con el relato policial, pero tienen miedo de hablar”, cuenta Cecilia Lee, monja franciscana y referente de la cooperativa de cartoneros de Villa Itatí, a la Agencia Andar.
“Hay antecedentes de maltrato a jóvenes en esa comisaría y, ahora, nos enteramos también que estaba clausurada. Néstor nunca tendría que haber estado alojado allí. Por eso vamos a marchar para pedir justicia y para acompañar a la familia”, dice Lee Al mismo tiempo que se realizará la manifestación en las puertas de la sede judicial, la fiscal Mariana Curra Zamaniego recibirá por primera vez a familiares del joven.
Luego de tomar conocimiento del hecho, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se contactó con Lee y con referentes del área de derechos humanos del Municipio de Quilmes, que también intervienen en el hecho.
En las presentaciones realizadas a la fiscalía, la AGAI y la Procuración General, la CPM remarcó que la comisaría 2ª de Bernal estaba clausurada por orden del TOC Nº 2 de Quilmes desde el 2017 y que, sin embargo, según el último parte oficial al 30 de octubre había siete personas detenidas.
Durante estos tres años, la dependencia siguió alojando personas: incluso, la misma CPM realizó dos denuncias por incumplimiento de sentencia y otros habeas corpus, uno de ellos presentado luego de una visita judicial junto a la Defensora General de Quilmes Dra. María Noemí Pérez en donde se constataron las inhumanas condiciones de detención. La desobediencia de las órdenes judiciales continuó.
En las últimas dos semanas de noviembre, dos personas murieron en comisarías bonaerenses clausuradas: Néstor en la 2ª de Bernal y Hernán en la 1ª de Lanús.
Fuente: Agencia Andar
