Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la zona sur del Conurbano bonaerense denuncian la negligencia y omisión de responsabilidades institucionales del sistema de salud estatal que generaron una nueva situación de vulneración de derechos constitucionales y revictimización a una niña violentada a quien se le negó el acceso a un aborto no punible en el Hospital Interzonal de Ezeiza, Dr. Alberto Antranik Eurnekian, durante los primeros días de 2015. Por este motivo, se hará una movilización frente al nosocomio, el lunes 19 de enero, a las 10.
Contactos: María de los Ángeles García 11-6658-9444 / Lucía Alonso 11-6401-3366 / Gisela Stablun 11-6226-1243 / Laura Salomé Canteros 11-5848-7356
Según explican desde la Campaña, la niña se acercó junto a su madre el 5 de enero pasado a la dependencia sanitaria en cuestión y fue atendida por la médica ginecóloga Silvia Pebe Florián, quien habría incurrido no solo en desinformar sino también en ejercer abuso de autoridad y violencia institucional al decirle que el aborto legal que la niña y su madre solicitaban no era “posible por encontrarse “con un avanzado estado gestacional”.
Esta médica no otorgó a la niña y a su madre todas las opciones sobre cómo interrumpir su embarazo y ejerció abuso de autoridad al quedarse con documentación que serviría a los fines de la investigación judicial para detener a su abusador. Por otro lado, cabe recordar que para la realización de los abortos legales, y según el ‘Fallo F.A.L.’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 2012, cuando el embarazo proviene de una violación no se establece límite de semanas ni se requiere autorización judicial ni denuncia policial. Además, esta médica ejerció violencia institucional según lo establece la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, al realizarle preguntas sobre el hecho de violencia con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que la niña tenga acceso a las políticas públicas y ejerza su voluntad”, expresaron a través de un comunicado.
En este punto, la Campaña insistió en la importancia de la capacitación del personal médico en el conocimiento de los protocolos de atención de los abortos no punibles: “consideramos responsabilidad de las y los Directores de los hospitales públicos, de las y los jefes de servicios y de las y los funcionarios estatales integrantes de los Ministerios de Salud provinciales y Nacional la obligación de garantizar la realización de las interrupciones de gestaciones legales, tal como lo establece el art. 86 del Código Penal desde el año 1921 para los casos de violaciones o en los que se encuentren en riesgo la vida o salud integral de la mujer o la niña que lo solicitare”.
