Fue realizada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica –CIAJ-, ante la cobertura de la toma de tierras realizada en septiembre en el bario San Carlos. Desde el CIAJ aseguran que el diario local desarrolló un discurso que fue desde el “miedo de los vecinos” ante la presencia amenazante del “otro”, hasta llegar al punto de nombrar la toma como el “robo de un barrio” a manos de “usurpadores”.
La toma a la que hacen referencia se produjo el jueves 26 de agosto y se prolongó por 17 días. El CIAJ sostuvo que durante esos días el matutino dedicó 7 tapas y 17 notas, “transmitiendo el conflicto como una `guerra` entre `vecinos establecidos` y `usurpadores`, a quienes se responsabilizó por desatar una ola delictiva de terror y violencia”.
El Colectivo planteó que “en ninguna de las 17 notas el diario dijo algo respecto del grave problema del acceso al suelo urbano por parte de los sectores de más bajos recursos, ni sobre la `ociosidad` de las tierras tomadas o de la especulación con que suelen mover sus negocios los holdings inmobiliarios”. Y agregó que desde el diario “no sólo se ignoraron las consecuencias sociales que trae aparejada para un grupo social la vida estigmatizada, sino que el estigma fue propiciado y en ningún momento puesto en duda”.
De esta manera, sostuvieron que el diario cayó en una clara violación de la Ley 23.592 de antidiscriminación. Así, por haber establecido una relación directa entre los ocupantes y el delito, y por haber bloqueado el acceso a la palabra de dichas familias. “La pretensión de objetividad, de exponer sin poner en crisis el discurso de un grupo social que se manifiesta de manera estigmatizante, escapa a toda visión ética de la función periodística”, sostienen desde el CIAJ.
La toma fue llevada adelante por 80 familias sobre un predio ubicado entre las calles 34 a 36, y 148 a 149, propiedad de la inmobiliaria Plaza. Las primeras noches las familias sufrieron la represión por parte de la policía del destacamento “La Unión”, a cargo del comisario Gustavo Gallardo. Sin orden judicial, y al menos durante la noche del lunes y martes de la primera semana, la policía disparó con balas de goma y gases lacrimógenos a los vecinos. Con el paso de los días, vecinos linderos al predio, se reunieron en la autodenominada “Asamblea de San Carlos”, que se movilizó insistentemente para que la justicia desaloje a las familias.
En respuesta a los reclamos de “vecinos” y del dueño, el 6 de septiembre el Juez de Garantías Fernando Mateos dictó la orden de desalojo para las 80 familias, que fue suspendida provisoriamente por un fallo del titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº1, Luis Arias. De todas maneras, el operativo se perpetró el lunes 10. Pero para cuando llegó la policía las familias ya no estaban. Se habían marchado el día anterior para evitar el enfrentamiento.
Fuente: argentina indymedia
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