El gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella revocó la resolución que protegía 483.283 kilómetros cuadrados del bioma amazónico frente a nuevas concesiones mineras y contratos de hidrocarburos. La decisión expresa una orientación política que atraviesa a las derechas latinoamericanas: convertir nuestros territorios en zonas de sacrificio para garantizar las ganancias del capital. Red Eco Alternativo

(Adrián Flores para Red Eco) Colombia- La Amazonía colombiana vuelve a quedar en el centro de una disputa que excede ampliamente las fronteras de ese país. El gobierno de Abelardo de la Espriella decidió revocar la Resolución 0961 de 2026, aprobada durante la administración de Gustavo Petro, que declaraba el bioma amazónico como reserva definitiva de recursos naturales renovables y restringía el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y licencias para esas actividades.

La medida abarcaba 483.283 kilómetros cuadrados, cerca del 42 % del territorio continental colombiano. Su revocación elimina ese instrumento específico de protección, aunque siguen vigentes otras normas ambientales y figuras de conservación.

El argumento oficial apunta a cuestionamientos sobre el procedimiento y a la necesidad de revisar las condiciones jurídicas y técnicas de la declaración. Pero detrás de esta decisión se abre una disputa mucho más profunda: ¿quién tiene derecho a decidir sobre los territorios y para qué intereses se utilizan los bienes comunes?

No estamos ante una simple modificación administrativa. Estamos ante una decisión política que debilita una barrera frente a la expansión extractiva en uno de los ecosistemas más importantes del planeta.

La ultraderecha y el mandato de convertir la naturaleza en mercancía

El gobierno de De la Espriella se inscribe en una ofensiva política que, con características propias en cada país, promueve la desregulación, el avance de los intereses empresariales y la subordinación de las políticas públicas a las exigencias de rentabilidad del capital.

En América Latina, esa orientación tiene consecuencias concretas. Se expresa en la expansión de la minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos, el agronegocio, la tala de bosques, los grandes proyectos de infraestructura y la apropiación privada de fuentes de agua y territorios.

La naturaleza aparece en este modelo como un inventario de mercancías: debajo del bosque hay minerales; bajo el suelo, petróleo y gas; en los ríos, agua para las actividades económicas; en las tierras, oportunidades de negocio. Todo aquello que no genera ganancias inmediatas se considera un obstáculo que debe removerse.

La protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades y los límites ambientales pasan a ser presentados como trabas al crecimiento. En nombre de la inversión y el empleo se reclama libertad para explotar, mientras se oculta quiénes se apropian de las ganancias y quiénes soportan la contaminación, la destrucción de sus medios de vida y el deterioro de sus territorios.

La revocación de la protección amazónica debe leerse dentro de esta disputa. No significa que toda la región haya quedado desprotegida ni que las empresas puedan operar sin restricciones legales. Significa que el Gobierno eliminó una herramienta destinada a impedir la apertura de nuevas fronteras extractivas en una superficie gigantesca.

Y cuando se debilitan esas barreras, los intereses mineros y petroleros encuentran un escenario más favorable para disputar el acceso a los bienes comunes.

América Latina como zona de sacrificio

Desde México hasta la Patagonia, los territorios latinoamericanos están sometidos a una presión creciente para abastecer las necesidades de acumulación del capital mundial. Litio, cobre, hierro, petróleo, gas, tierras fértiles, agua y energía alimentan cadenas de producción y circuitos financieros cuyos beneficios se concentran en grandes empresas y grupos económicos.

Las consecuencias se repiten: comunidades desplazadas, fuentes de agua amenazadas, bosques destruidos, territorios fragmentados y economías locales subordinadas a actividades que dependen de la extracción intensiva de recursos.

La Amazonía ocupa un lugar central en esta ofensiva. Su destrucción no solo afecta a quienes viven en ella: compromete la biodiversidad, los ciclos del agua, el almacenamiento de carbono y la regulación climática de toda la región y del planeta.

Por eso, convertirla en una nueva frontera para los negocios extractivos constituye una amenaza que trasciende a Colombia.

La misma lógica que arrasa bosques para ampliar la frontera agropecuaria, contamina cuencas para extraer minerales o transforma territorios en enclaves petroleros se reproduce allí donde la rentabilidad privada prevalece sobre las necesidades colectivas. Cambian las mercancías y los gobiernos, pero persiste una estructura económica que necesita expandir permanentemente sus fronteras de explotación.

América Latina corre el riesgo de ser tratada como una inmensa zona de sacrificio: un territorio del que se extraen riquezas para otros, mientras sus pueblos cargan con los daños ambientales, sociales y sanitarios.

No se trata de un destino inevitable. Es el resultado de decisiones políticas, relaciones de poder y un modelo de acumulación que enfrenta sus necesidades de expansión con los límites de la naturaleza y las condiciones materiales de la vida.

Los bienes comunes no son propiedad del capital

La defensa de la Amazonía no puede reducirse a una discusión entre gobiernos ni a la conservación de determinadas superficies. Se trata de defender las condiciones que hacen posible la vida frente a un sistema que transforma cada necesidad humana y cada componente de la naturaleza en una oportunidad de negocio.

El agua, los bosques, la tierra, los minerales y la energía no son recursos ilimitados a disposición de las corporaciones. Son parte de entramados ecológicos y sociales de los que dependen nuestras comunidades y nuestras posibilidades de existencia.

La contradicción es evidente: mientras los gobiernos proclaman la necesidad de crecimiento económico, el modelo que promueven destruye las bases materiales de ese mismo crecimiento y amenaza las condiciones de vida de las mayorías. Las ganancias se privatizan; los daños se socializan.

Es necesario fortalecer la organización popular, la defensa territorial y el control colectivo de los bienes comunes, junto con una transformación profunda de las relaciones económicas que determinan qué se produce, para quiénes y a costa de qué.

Defender la Amazonía es enfrentar el sistema que la destruye

La decisión del gobierno de De la Espriella constituye una señal de alarma para toda América Latina. La disputa por la Amazonía colombiana es parte de una confrontación continental entre quienes pretenden profundizar la apropiación privada de la naturaleza y quienes defienden los territorios como espacios de vida, cultura y reproducción colectiva.

Frente a la ofensiva extractivista, los pueblos necesitan construir una resistencia que supere las fronteras nacionales. Porque las cuencas, los bosques, los ciclos del agua y los impactos de la destrucción ambiental no reconocen los límites trazados por los Estados. Y porque el capital que explota nuestros territorios opera mediante redes empresariales y financieras que también atraviesan las fronteras.

No habrá una salida real si cada comunidad queda aislada frente a las corporaciones y los gobiernos que garantizan sus negocios. La defensa del agua, de los bosques y de la tierra requiere articular las luchas ambientales con las luchas de los trabajadores y de los sectores populares, cuestionando las relaciones sociales que subordinan la vida a la acumulación de capital.

La Amazonía no necesita convertirse en una fuente de nuevas ganancias para las corporaciones. Necesita protección efectiva, respeto por los pueblos que la habitan y una política que coloque la reproducción de la vida por encima de la rentabilidad privada.

La disyuntiva es cada vez más clara: o los pueblos latinoamericanos defienden sus territorios y sus bienes comunes, o el capital seguirá avanzando hasta convertirlos en zonas de sacrificio. No alcanza con frenar un proyecto extractivo o recuperar una resolución: es necesario transformar el sistema que convierte la depredación de la naturaleza en negocio y la destrucción de la vida en una consecuencia aceptable de sus ganancias.

Fuentes:

[Ministerio de Ambiente de Colombia: revocación de la Resolución 0961]   (https://www.minambiente.gov.co/minambiente-revoca-resolucion-del-bioma-amazonico-para-garantizar-participacion-de-comunidades-negras/?utm_source=chatgpt.com)

 [El Espectador: antecedentes y alcance de la protección amazónica] (https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/declaran-como-reserva-la-amazonia-no-se-otorgaran-nuevos-contratos-mineros-ni-de-petroleo/?utm_source=chatgpt.com)