Fue interpuesta por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), contra el Gobierno porteño, que encabeza Jorge Macri. El objetivo es que se declare la nulidad absoluta y la inconstitucionalidad de la Resolución N° 7/MJGGC/26 y de los pliegos licitatorios, que pretenden otorgar la concesión del gerenciamiento operativo y de programación de la Radio AM 1110 (Radio de la Ciudad), la FM 92.7 (La 2×4) y el Canal de la Ciudad. Solicitan, además, el dictado urgente de una medida cautelar y una medida precautelar para suspender de manera inmediata este proceso licitatorio, cuya apertura de sobres está prevista para el 12 de mayo.

La acción judicial, que cuenta con el patrocinio del abogado Jonatan Baldiviezo y la doctora Cecilia Pazos, sostiene que la medida impulsada por el gobierno porteño constituye una violación directa del marco legal vigente:

-Incumplimiento del Artículo 47: El amparo denuncia la omisión inconstitucional continuada por parte del Poder Ejecutivo y de la Legislatura porteña.

-Falta de Ente Autárquico: Desde la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCABA) en 1996, no se ha sancionado la ley reglamentaria ni se ha creado el ente autárquico exigido taxativamente por el artículo 47 para la gestión de los medios estatales.

-Gestión Estatal Indelegable: La delegación a corporaciones privadas de la definición de la grilla editorial y el manejo del personal constituye, según los demandantes, un vaciamiento de las funciones del Estado y viola el principio de gestión estatal indelegable.

-Falta de Audiencias Públicas: Se argumenta que el GCBA omitió convocar una audiencia pública obligatoria, requisito previsto en el artículo 63 de la CCABA para casos de modificación del uso y dominio operativo de bienes públicos estratégicos, como el espectro radioeléctrico.

Además, en la demanda se detalla ampliamente el contexto histórico y cultural de los medios afectados, y advierte que su paso a una gestión privada orientada a la rentabilidad comercial pone en peligro el acervo cultural de los porteños:

-FM 92.7 La 2×4: Se resalta que esta emisora es la única radio pública en el mundo dedicada íntegramente al tango, género que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La organización advierte que el pliego licitatorio no cuenta con las salvaguardas suficientes para preservar esta identidad musical frente a opciones más rentables.

-AM 1110 Radio de la Ciudad: Fundada en 1927 como Radio Municipal, esta emisora posee casi un siglo de historia y alberga un archivo sonoro invaluable que funciona como la memoria de la ciudad.

-Canal de la Ciudad: Creado originalmente en 2003 como Ciudad Abierta, este canal funciona como un espacio institucional que, además, tiene la obligación legal (Ley N° 2.996) de televisar en vivo y sin cortes comerciales las sesiones de la Legislatura porteña.

Las organizaciones sostienen a su vez que el patrimonio cultural integra el concepto de “ambiente” previsto en la Ley General del Ambiente N° 25.675 y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, por lo que cualquier alteración en su gestión requiere estudios de impacto cultural previos y procesos participativos que se omitieron.

El documento judicial subraya también las consecuencias a mediano y largo plazo que tendría la adjudicación de este gerenciamiento privado:

-Plazo de Concesión: El pliego estipula un plazo de concesión de 60 meses, equivalente a 5 años.

-Canon Mensual: La concesión establece un canon base mensual de $10.753.750 para el Canal de la Ciudad y de $1.229.000 para las dos radios.

-Conflicto con la Legislatura: Actualmente, existen dos proyectos de ley en trámite parlamentario en la Legislatura porteña (Proyectos N° 1083-P-2026 y N° 1060-D-2026) que buscan crear el ente autárquico exigido por la Constitución. La demanda advierte que, si se concreta la privatización por un plazo de cinco años, cualquier avance legislativo sobre estos proyectos se volvería imposible de cumplir, lo que generaría hechos consumados y expondría al Estado a demandas millonarias si decidiera rescindir el contrato en el futuro.

A través de este recurso legal, las organizaciones exigen el cese definitivo de la privatización y solicita una condena que obligue al Poder Ejecutivo y a la Legislatura a crear, de manera urgente, el ente autárquico previsto en la Constitución: “Esto asegura la pluralidad política y la participación ciudadana en los medios públicos”.

Contactos: Jonatan Baldiviezo 15-3266-7008 / Eva Koutsvotis 11-3770-3727.