Vecinos y vecinas de distintas localidades de la provincia marcharán durante todo el día hasta Uspallata, donde el gobierno de Cornejo volvió a la carga con el proyecto minero San Jorge, que la asamblea local resiste hace 17 años. Es el símbolo de una avanzada pro minera sin licencia social y con impacto ambiental. La empresa evasora, Solway, y la alianza con el titular de la UIA; las marchas, el podcast y todo lo que hace una comunidad para defender el agua, la vida y el futuro. Por Francisco Pandolfi – La Vaca.
Un 17 de enero de 1817 José de San Martín iniciaba el cruce de los Andes para liberar a Argentina, Chile y Perú.

“En esa concepción consecuente de San Martín nos paramos y decidimos utilizar esta fecha histórica como épica para la ruta de la libertad y la ruta de la defensa del agua, contra la megaminería contaminante”.

Habla con lavaca Nora Moyano, 74 años, integrante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Habla mientras camina.

17 de enero de 2025. Desde las 8 de la mañana, vecinas y vecinos de distintos puntos de la provincia de Mendoza –San Rafael, Lavalle, Tupungato, Guaymallén, Luján de Cuyo, etcétera, etcétera– partieron con destino a la localidad de Uspallata, caminando, en auto, en moto, a caballo.

Lo llaman “la gesta del agua”.

Camina Nora, camina el resto. Habla Nora, habla el resto: “San Martín dijo ‘cuando la patria está en peligro, todo es válido, excepto no defenderla’. Nosotros decimos, como hijos e hijas de San Martín, cuando el agua está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

El desembarco minero
Uspallata es una localidad del departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza, que albergó el Paso Sanmartiniano y el Camino del Inca y donde 209 años después se establecerá –en principio– el proyecto minero de cobre San Jorge (PSJ) impuesto por el gobierno liderado por el radical Alfredo Cornejo (aliado de Javier Milei), votado por la Legislatura provincial y a cargo de las empresas Solway Holding, Zonda Metals y Grupo Alberdi.

Al PSJ lo intentan instalar (con cambios de nombres en el camino) desde 2007. En estos casi veinte años hubo un punto en común: la falta de licencia social. A inicios de 2025 volvió la ofensiva gubernamental y empresarial –con represión a las manifestaciones y múltiples detenciones– y tuvo como desenlace la aprobación legislativa el 12 de diciembre de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge –junto a un paquete de otros tres proyectos mineros– con la venia de casi todo el arco político. Previo a la votación, el CONICET había advertido en un documento “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales que impiden una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”.

Horas después, la publicación desapareció.

La resistencia
Desde el día de su aprobación, el pueblo mendocino está en las calles, como espejo del año 2019, cuando multitudinarias movilizaciones en toda la provincia torcieron en menos de dos semanas la votación de diputados y senadores.

Lo que se busca, ahora, es replicar el mismo resultado.

Para lograr eso, ahora, se multiplicaron las marchas en cada ciudad provincial. Se realizaron paros. Ruidazos. Se iniciaron reclamos judiciales para lograr la inconstitucionalidad de un proyecto que va en sentido contrario a la vigente Ley 7.722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua –se presentaron tres amparos, rechazados en primera instancia y apelados: ya están en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Se hicieron asambleas y actividades de concientización, como una carta que se compartía puerta a puerta en la llegada de los Reyes Magos a los barrios populares: “Queridos Reyes, quiero que tengamos agua pura y clara para siempre. Que no entren en Mendoza las mineras contaminantes y que no destruyan nuestros glaciares”. Y hasta un acampe que persiste en la ciudad de Tunuyán.

Para romper el cerco mediático que existe en la provincia, también crearon el podcast “Qué carajo están haciendo con el agua”. Allí, Federico Soria, vecino de Uspallata y uno de los activistas perseguidos que estuvo detenido el año pasado, dice: “Llevamos 17 años resistiendo a la minera San Jorge, que fue cambiando de manos. La corporación Solway es una empresa off shore de origen ruso, radicada en paraísos fiscales con sede comercial en Suiza y sede corporativa en Malta. Figura en los Paradise Paper y en los Offshore Leaks y tiene denuncias por violaciones de derechos humanos en Guatemala”.

El 70% de la minera es de Solway y Zonda Metals (suiza, subsidiaria de Solway) y el 30% del grupo Alberdi, cuyo dueño es Martín Rapallini, titular de la UIA –la Unión Industrial Argentina–. Dato no menor, en un proceso de desindustrialización constante del país.

La gesta
El itinerario previsto de la caravana de este sábado marca que se llegará a Uspallata a las 18, que allí primero se marchará, que a la noche se hará el “festival por la Gesta Libertadora del Agua”, que este domingo habrá varios talleres simultáneos, un almuerzo comunitario y por la tarde una asamblea colectiva como cierre, donde se definirán los pasos a seguir.

Nora Moyano junto a su asamblea salieron desde el Campo Histórico El Plumerillo, campamento donde partió José de San Martín con el Ejército Libertador en la localidad de Las Heras. Mientras camina, dice(n): “Seguimos en pie de lucha haciendo acciones combativas en la calle porque nuestros cuerpos y territorios no son zonas de sacrificio. Es tan dañino y tan grave a instalación de una minera en el nacimiento de la Cuenca del río Mendoza que estamos decididos a luchar hasta vencer”.