A través de un comunicado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito manifestó su “más enérgico repudio” y preocupación ante la vulneración de los derechos sexuales, en tanto derechos humanos, de una niña de 12 años que llegó a término con un embarazo y tuvo un parto en la provincia de Salta.
En el comunicado, la Campaña señala que Salta es la provincia en la que, violando las normativas vigentes, se busca criminalizar y disciplinar a efectores de salud, como es el caso de la judicialización de la médica Miranda Ruiz que fue imputada en una causa penal, luego de practicar una Interrupción Legal del Embarazo en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal: “Una persecución penal a quien garantizó el cumplimiento de un derecho reconocido por ley y que venimos repudiando desde sus inicios”.
Las integrantes de la Campaña advierten que en Argentina cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar; y que, según el estudio Embarazo y Maternidad en Adolescentes y Menores de 15 años elaborado por Unicef Argentina, el 80% de los casos de embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar.
“A un año y cuatro meses de sancionarse la Ley 27.610, normativa que debe contribuir – entre otras cosas – a frenar las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas –que incluyen ESI, anticoncepción y aborto–, estos casos se reiteran. El Estado nacional y los Estados provinciales son responsables de esta flagrante y sistemática vulneración de derechos de las niñas obligadas a llevar adelante un embarazo forzado y a parir. El hecho de Salta (que se repite en otras provincias) evidencia una vez más que ni las instituciones educativas, ni el sistema de salud, ni los organismos de protección de derechos de la niñez cumplen con su obligación de garantizar estos derechos. En cambio, actúan por omisión o presiones institucionales obstaculizando el acceso a la ILE o IVE. Las niñas tienen derecho al juego, a la educación, a la salud y a que se respete su interés superior. Cada vez que se soslaya incluir en la educación y en la atención de la salud pediátrica la detección de situaciones de violencia sexual, esas niñas deben parir y luego asumir tareas de crianza que las alejan de la escolaridad formal y las condenan a vidas precarias, donde su propio proyecto vital queda condicionado a cumplir o a desobedecer el mandato de la maternidad. La gestación, el parto, sus riesgos de salud y las obligaciones morales que se imponen en la infancia constituyen situaciones de maltrato y tortura. Estas prácticas de obstrucción de derechos continúan la violencia del abuso sexual hacia las infancias”, afirman desde la Campaña.
En este marco, exigen la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del territorio nacional: “Es urgente la capacitación obligatoria, gratuita y en servicio para toda la docencia. La ESI es un derecho que no puede depender de voluntades individuales, ni puede estar condicionada por ideologías o creencias religiosas individuales o institucionales. La Educación Sexual Integral es la herramienta fundamental para que las niñeces puedan vivir vidas libres de violencias, pudiendo detectar y visibilizar abusos, vivir sexualidades plenas, conocer sus derechos y ejercer su autonomía progresiva. La ley 27610 –que es una conquista feminista– deja en claro que el derecho a la decisión sobre nuestros cuerpos empieza con el derecho a una ESI con perspectiva de género y respeto por las diversidades sexuales”.
Reclaman además la inmediata incorporación del derecho a la IVE en los contenidos curriculares; la efectiva implementación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo; y presupuesto para garantizar estos derechos en el ámbito de la salud y de la educación a nivel federal.
