Lo resolvió el Juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, con el objetivo de continuar con las negociaciones entre las familias y las diferentes instancias estatales. La fecha posible del desalojo sería ahora a mediados de octubre.
Este miércoles por la tarde, un día antes de la fecha prevista para el desalojo, se realizó una reunión, convocada por el juez, en la que participaron representantes de las familias, funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de la intendencia de Presidente Perón, e integrantes de la Gremial de Abogadas y Abogados, entre otros.
Las delegadas de la toma pidieron suspender el desalojo; funcionarios bonaerenses solicitaron postergarlo; desde la Gremial de Abogadas y Abogados propusieron prorrogar el plazo a 90 días. En tanto, el fiscal Juan Condomí Alcorta y el representante de la empresa Bellaco, que se adjudica la propiedad de parte del terreno, solicitaron la concreción del desalojo.
Tras decidir prorrogar la fecha de desalojo hasta mediados de octubre, en su resolución el juez sostuvo: “Habré de insistir una vez más que lo que se viene resolviendo desde mis anteriores intervenciones es siempre con miras de atender sus reclamos y por otro lado encontrar una salida pacífica y respetuosa de los Derechos Humanos de todos quienes intervienen en la presente. Y es en este sentido que debe señalarse que el propio Superior al momento de convalidar el decisorio adoptado por este Magistrado, como así también el protocolo celebrado por el Superior Provincial, indican y aconsejan que deben agotarse todas las instancias previas al desalojo forzoso para encontrar una salida pacífica”.
Previamente, voceros y voceras de la toma habían realizado una conferencia de prensa en el Obelisco en la que presentaron su propio proyecto de urbanización para las familias que luchan por tierra para vivir en Guernica, basado en las herramientas que dispone la Ley de Acceso Justo al Hábitat (Ley 14.449), aprobada en noviembre de 2012, que brinda un marco para el abordaje de las problemáticas de tierra y vivienda en la Provincia de Buenos Aires.
Las 100 hectáreas que abarca la recuperación de tierras están divididas en cuatro zonas: 20 de julio, San Martín, La lucha y la Unión.
41 hectáreas de terrenos se encuentra en estado de abandono, y podrían ser considerados como “baldíos” según la Ley, por lo que podrían ser objeto de intervención estatal para utilidad social. En este sentido, los lotes podrían ser otorgados a las familias, que están dispuestas a realizar un pago mensual de los mismos, con ayuda estatal.
El otro sector es un área de unas 57 hectáreas que son parte de los terrenos de una gran parcela de 360 hectáreas, que pertenecen al emprendimiento de barrio cerrado impulsado por Bellaco SA. En esta parte se propone aplicar el artículo 51 de la Ley, que plantea que los considerados “Grandes Emprendimientos Inmobiliarios” deben ceder el 10% de la superficie total.
El proyecto propone que, en este sector, se destinen al barrio unas 36 hectáreas, donde podrían habitar un poco más de 1000 familias.
Aclaran que esta iniciativa se apoya en el estudio de la disponibilidad de redes de servicios en los barrios linderos, lo que permitiría dotar de los servicios básicos al nuevo barrio con obras sencillas de infraestructura, que podrían ocupar a los mismos vecinos y vecinas.
Fuentes: La Retaguardia / Agencia Andar.
Imagen: Germán Romeo Guerra (ANRed)
