Incremento de las listas de espera, crecimiento de los seguros privados, continuo cambio de manos de las acciones de los hospitales privatizados, deterioro planificado de la atención primaria, recorte de plantillas y del presupuesto dirigido a los centros de gestión directa. Son consecuencias de una privatización sanitaria en la que han participado PSOE, PP y muchos otros partidos políticos, y que ha supuesto el colapso del sistema sanitario ante la crisis del covid-19.
(Juan Antonio Gómez Liebana – El Salto) España – La Ley General de Sanidad (1986), aunque recortada respecto a los borradores iniciales más progresistas, estableció un nuevo marco para la asistencia sanitaria. Este permitió, entre otros aspectos, poner en marcha el modelo de atención primaria. Sin embargo, las presiones políticas obligaron a dejar la puerta abierta para que las empresas privadas hicieran negocio a costa del Sistema Nacional de Salud. Así, el artículo 90 permitía derivar actividad a hospitales privados, siempre que los hospitales públicos hubieran optimizado previamente sus recursos. Es decir, si un hospital mantenía camas, quirófanos, servicios o tecnología infrautilizada o cerrada, no podría derivar actividad a los privados. La realidad durante estas tres décadas ha sido otra. Se han sucedido los recortes y cierres en los hospitales públicos, mientras se derivaba lo poco complejo y económicamente rentable a los privados (bajo lo que se denomina “conciertos”). Ha sido la tónica en todo el Estado, independientemente de quien gobernara. Todos los políticos la han utilizado, lo que demuestra las conexiones entre los gestores de lo público y la sanidad privada. Ninguno de nuestros maravillosos jueces, durante 30 años, ha apreciado ningún tipo de indicio irregular en esta práctica cotidiana.
De esta forma cada año se dejan de utilizar en nuestros infrautilizados centros unos 8.000 millones de euros, que son dirigidos a los bolsillos privados a través de conciertos. Con todo, hay grandes variaciones territoriales. En Cataluña suponen el 25% de su presupuesto sanitario, mientras que a nivel estatal es un 12%. Para hacernos una idea de la magnitud, 8.000 millones de euros es el gasto sanitario anual de Madrid (6,5 millones de habitantes) o la suma del gasto sanitario anual de Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura y Aragón.
Pero era insuficiente. Apenas cinco años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, y sin haber permitido apenas desarrollar los contenidos de la atención primaria, el PSOE pone en marcha el denominado “Informe Abril” para “modernizar la sanidad”. Sus recomendaciones fueron claras: el sistema sanitario debía de funcionar como una empresa privada y había que aplicar sus criterios, eficiencia y ahorro. Sus recomendaciones, elaboradas por “expertos” —parte de los cuales estaban relacionados con la industria farmacéutica—, no tardaron en aplicarse. La Ley General de Sanidad les constreñía y era necesario modificarla. Para ello se elaboró la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que permitía, a partir de su aprobación por PP, PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria, que cualquier centro sanitario o sociosanitario del Estado español fuera gestionado y explotado por empresas con ánimo de lucro.
La penetración del sector privado era muy diferente según territorios. Cataluña contaba con un modelo propio, ya en manos privadas en su gran mayoría. Sin embargo la ley permitió “legalizar” el modelo catalán. Este ya había puesto en marcha en 1996 la primera experiencia de privatización de un centro de salud construido con dinero público: la EBA (“entidad de base asociativa”) de Vich, inaugurando la privatización del primer nivel.
A partir de ahí, todo fue mucho más fácil. Con el PP y los nacionalistas abriendo terreno, y el PSOE dejando hacer, se fue desarrollando un plan perfectamente planificado: proceso de deterioro e incluso cierre de los centros “públicos” de gestión directa, que son sustituidos por centros del modelo “colaboración público-privada” —como en el caso de Puerta de Hierro en Madrid, que pasa de ser un centro de gestión directa a uno de colaboración público-privada—. La colaboración está en que lo público es nuestro dinero, y lo privado sus beneficios. Con el problema añadido de que cada uno de estos centros, adjudicado por décadas a fondos de capital riesgo, constructoras o bancos, va a tener un coste para las arcas públicas de hasta siete veces el valor de la inversión.
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