La Suprema Corte bonaerense confirmó el fallo contra la Provincia y la Municipalidad por la situación de desprotección de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social. El amparo había sido presentado en 2008 por la Asociación Miguel Bru y el programa de niñez, derechos humanos y políticas públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata.

Se calcula que en 2008 alrededor de 600 chicos y chicas se encontraban en situación de calle en la ciudad de La Plata. Se los llamaba la “banda de la frazada”. Eran menores de entre 8 y 18 años que transitaban todos los días por el centro de la ciudad, en especial por la zona de la Plaza San Martín. Eran perseguidos constantemente por la policía, y en julio de ese año un grupo parapolicial los echó golpeándolos con cadenas y apuntándoles con sus armas.

A partir de este hecho, organizaciones y militantes por los derechos de la niñez comenzaron a denunciar la situación y a organizar ollas populares. Fue en este marco que la Asociación Miguel Bru y el programa de la universidad presentaron el amparo colectivo para resguardar a los jóvenes.

“En el amparo nosotros habíamos planteado, y es el punto central de la denuncia, que el Estado terminó criminalizando a estos niños y sus familias por su propia omisión a la hora de generar políticas públicas para su protección. Es decir, los dejó primero en una situación de grave vulnerabilidad y después los persiguió y hostigó”, explicó Martín Minestrina, del programa de niñez de la Facultad de Derecho de la UNLP, a la Agencia Andar.

El entonces titular del Juzgado en contencioso administrativo 1 de La Plata, Luis Arias, sancionó al Estado provincial y municipal por la falta de medidas de protección y resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), fallo que fue ratificado parcialmente por la Cámara de Apelación. Sin embargo, el Municipio apeló y el amparo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Doce años después, el máximo tribunal confirmó el fallo de primera instancia, revocó la sentencia de la Cámara y repuso la orden para la creación y puesta en funcionamiento de un servicio hospitalario especializado para la atención de la salud de niños con problemas de adicciones.

“El sistema durante todos estos años no funcionó, nadie pudo desconocer lo que denunciamos y el Estado sigue desconociendo la situación porque no trabaja con las familias de estos niños, niñas y adolescentes, ni tiene protocolos de intervención, ni produce información”, expresó Minestrina.

Respecto al fallo de la Corte, agregó: “Por un lado, tenemos la satisfacción de que se expida la Corte y confirme lo que veníamos diciendo desde hace 12 años. Pero, por otro lado, hay algo de desilusión porque la Corte no dimensionó en su fallo lo estructural del problema, podría haber adoptado un rol más protagónico en la búsqueda de una solución sobre un conflicto que abarca a todos los poderes del Estado y la sociedad

Sin embargo remarca que este fallo inicia una nueva etapa: “Queda saber cómo el Estado con los recursos que tiene podrá hacer frente a esta sentencia. Y también consideramos importante poder incorporar a esta nueva etapa las voces de los pibes y pibas en riesgo, sumar sus voces y las voces de las organizaciones que están trabajando con la niñez”.

Fuentes: Agencia Andar / Pulso Noticias