Lo hicieron distintas organizaciones de la diversidad sexual y activistas LGBT al considerar que esta resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación es más una advertencia que una garantía de derechos.
A partir de la Resolución 1149-E/2017, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad puso en vigencia el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T”, destinado a fuerzas policiales y de seguridad federales.
Cabe recordar que el protocolo se publica pocas semanas después de la detención por parte de cuatro policías de una mujer que se estaba besando con su esposa en una estación de la línea C de subte.
En el texto de la medida se explica que este protocolo deberá ser aplicado “por personal femenino, quien actuará de conformidad con el modelo de Uso Racional de la Fuerza, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción” y “resguardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de la persona”. Establece que “la persona detenida será alojada según el género autopercibido, en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad u otros derechos o si, al momento de informar su género, no se identifica con ninguno del binomio masculino/femenino”.
“Este protocolo es sancionado en un contexto de aumento de la violencia institucional y persecución gubernamental contra el colectivo LGTBIQ: razias y cierres en centros culturales, de sociabilidad y esparcimiento LGBTIQ; aplicación manifiesta de perfiles lesbofóbicos en las detenciones realizadas en la previa y luego de la marcha del 8M y por la liberación de Jones Huala, o simplemente por estar besándonos en la calle”, expresó a la Agencia Presentes la abogada y activista lesbiana, Luciana Sánchez, integrante además del Colectivo para la Diversidad (COPADI).
En tanto, desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans manifestaron: “Nos preguntamos si el momento en el que se publica en el boletín oficial este protocolo no tiene que ver con la proximidad de la XXVI Marcha del Orgullo en Buenos Aires -con la consigna ‘Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados’, y aquellas que se desarrollan en todo el país en el mes de noviembre”.
“Esta iniciativa va en la línea de este gobierno para simular que hace medidas hacia el colectivo pero que es una trampa, porque es una bomba de humo. Es para maquillar el aumento de la violencia social y crímenes de odio. Porque mirada de afuera puede parecer algo positivo sin serlo. Creemos que hay que generar políticas públicas y de acceso a la Justicia y protección y no protocolos que avalen la represión y la violencia”, afirmó, por su parte, Darío Arias, de la organización Conurbanos por la Diversidad
Fuentes: Agencia Presentes / Infonews
