La resolución vía DNU de Macri de creación del Ministerio de Comunicaciones y el paso bajo su órbita de órganos como el AFSCA y AFTIC, es a primera vista, una medida táctica del gobierno entrante que se corresponde con la necesidad de tener control total de las comunicación, contenidos, habilitaciones y arbitrios sobre todo lo que ocurre en tan vital tema. Pero atrás de la carita sonriente y los gritos de “libertad”, hay una realidad que no pueden tapar con las manos. Por: @Josecomunicando

La medida que fue anunciada junto a la designación del radical cordobés Oscar Aguad, no vino de forma des-ideologizada (como le gusta enunciar a Macri) sino de una clara acción política de fuerte carácter ideológico que es la de destruir la Ley de Medios y despejar el camino para que las empresas monopólicas que se vieron levemente jaqueadas en los últimos años se encuentren en un escenario que les permitan tener control político, ideológico y de mercado de las comunicaciones en nuestro país.
Fue por Cadena 3 (medio cordobés) que el flamante Ministro Oscar Aguad dijo: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”. En este clarísimo enunciado deja en evidencia el carácter monopólico de la ideología del nuevo gobierno, ya que mientras le da garantías a los medios hegemónicos, deja en duda el ayudar a los más pequeños al afirmar: “trataremos de ayudarle a los más pequeños”. Lo anunciado por este medio es en sí una metáfora que signará estos tiempos, ya que Cadena 3 quien sostiene un ferviente discurso de defensa de libre mercado, tiene como principal ingreso a sus arcas el aporte publicitario del Estado.

Gatillando decretos
Otra gran metáfora de estos tiempos es la inevitable comparación entre los estilos administrativos entre quienes vinieron a salvar a la República, y la última junta militar. Videla en sus primeras 48hs emitió 16 comunicados; Macri en sus primeras 48hs firmó 29 decretos. Está por demás claro que los militares anularon el Parlamento y llegaron al gobierno mediante un golpe. Macri fue elegido en elecciones pero hace del parlamento un edificio de decoración de las instituciones republicanas.
Pero volvamos al DNU 13/2015.
Atacar la Ley de Medios mediante DNU y desarticular sus órganos es en sí un acto que pretende dejarla sin efectos en los hechos constituyendo un acto totalitario, primero porque desconoce que la misma fue aprobada por el voto del parlamento argentino, y segundo minimiza el largo debate que se dio durante décadas desde distintos sectores sociales y de la comunicación para elaborar la Ley.
Es cierto que a la hora de la votación en el parlamento fueron estos sectores que atacan a Ley de medios, quienes se retiraron de la sesión. Los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica (confederación), Propuesta Republicana (macrismo) y del peronismo disidente (duhaldismo, felipismo y denarvaísmo, entre otros), expresaron objeciones reglamentarias y luego abandonaron la sesión. Pero no pueden desconocer que el proyecto fue aprobado en general por 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
Los votos positivos provinieron del bloque oficialista Frente para la Victoria/Partido Justicialista y de varios bloques más como el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social (sabatellismo), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), el interbloque Partido de la Concertación – FORJA, el Frente Cívico por Santiago y Proyecto Sur, entre otros.
Los cuatro votos negativos provinieron del bloque del Movimiento Popular Neuquino (tres votos) y un voto en disidencia con su partido de una diputada socialista. Hubo una abstención por parte del diputado de Diálogo por Buenos Aires.
Pocas veces en la Argentina una Ley fue tan pedida y debatida en la sociedad, expresión de ello fue la Coalición por una Radiodifusión Democrática que fue un grupo de más de 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas que, tras meses de trabajo en conjunto, propusieron una lista de 21 puntos básicos que, según su criterio, debía tener la nueva ley de radiodifusión que reemplazó a la sancionada por la última dictadura militar.
Si bien quienes hacemos comunicación desde la alternatividad y la autonomía tenemos una larga lista de críticas a la ley de medios y su aplicación parcial que significó no beneficiar contundentemente al llamado tercer sector en la comunicación, no podemos dejar de ver que la misma fue fruto de un debate de nuestra sociedad y significó legalmente un avance más que importante ante la vieja Ley que prohibía hacer comunicación que no tuviese fines comerciales.

Un milico a cargo de las comunicaciones
El ex jugador de rugby y abogado Oscar Aguad, tiene una larga carrera en el radicalismo cordobés. De la mano de Mestre (padre) llegó a ocupar un lugar importante como Ministro de Gobierno. Fue en esa época cuando se ganó el mote de “milico” ya que no solo se mostró en un palco oficial junto al Genocida Jefe del Tercer Cuerpo del Ejercito Luciano Benjamín Menéndez a mediados de los 90, sino que puso en su gestión, como Director de Inteligencia Criminal al represor genocida ‘Tucán’ Yanicelli.
Tanto sobre Menéndez como sobre Yanicelli, pesan duras condenas de cadenas perpetuas por haber cometido genocidio en la dictadura.
El ‘Tucán’ Yanicelli , es uno de los miembros más recordados de la patota del D2 y fue condenado a perpetua por el fusilamiento de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) de barrio San Martín, durante la dictadura militar. Menéndez está condenado por haber comandado el Tercer Cuerpo de Ejército y tener bajo su responsabilidad todo lo que ocurrió con la represión en su área operativa.

Un Ministro con fondos propios
En Corrientes es recordado por su participación como interventor (1999-2001) de la intendencia, en los tiempos de Fernando de La Rúa, pero no por haber puesto en orden las finanzas o por su capacidad de gestión en la obra pública, sino por el faltante de 60 millones de dólares.
Por este motivo la justicia correntina lo procesó por el delito de “administración infiel”. Los 60 millones de dólares que fueron canjeados por bonos CeCaCor (certificados de cancelación de deudas), sobre la base de que la Constitución de la Provincia de Corrientes prohibía a los interventores tomar préstamos, aunque cabe resaltar que la vigencia de la constitución se suspendía durante las intervenciones.
Pero fue la Suprema Corte de Justicia en el 2014 quien determinó el cierre de la causa, por prescripción de la misma.
No nos debe quedar duda alguna que los grandes grupos monopólicos de la comunicación (Clarín y La Nación a la cabeza) han elegido muy bien a su representante en el control de la comunicación, el “milico” Aguad tiene estilo y fondos, y como bien arenga Cambiemos, lejos de cualquier ideología, aunque sea la democrática.