En Colombia, la estructura paramilitar de otros tiempos ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de penetración y control social: Las llamadas “Bandas criminales”, que no son otra cosa que entidades atomizadas, pero organizadas y coordinadas, de los paramilitares, dominan una extensa gama de los negocios y el comercio del país. En unos participan activamente, en algunos más son una especie de armazón parasitario, mas insoslayable.

(Juan Alberto Sánchez Marín – Rebelión) Colombia – Es un andamiaje de bandidos que ya no opera sólo desde arriba, apropiándose de los recursos de la salud, la educación o de la riqueza de los megaproyectos económicos, como hace años, sino que empieza carcomiendo la bases más elementales de la sociedad. Afecta desde la esquina, la cuadra más pobre, el negocio informal, el establecimiento medio surtido, asciende por la buseta del barrio, el mini mercado, la peluquería de medio pelo, hasta llegar a las estructuras del contrabando organizado, como algunos comercios de los San Andresito, cuyos comerciantes protestan en masa y a pedrada limpia ante la sola amenaza del gobierno de legalizarlos, la distribución de partes de automotor, alimentos, electrodomésticos, los almacenes de cadena, aquello que mueve dinero en el país. Es decir, todo.
Lo cierto es que son pocas las actividades económicas, transacciones, flujos de dinero, cultivos, establecimientos, legales e ilegales, que hoy en día pueden permanecer al margen de la acción criminal organizada del cruce entre paramilitarismo y narcotráfico. Operan en los pequeños pueblos de la Costa Atlántica y en las ciudades intermedias del interior, en los pueblos polvorientos de los Llanos Orientales y en la propia capital de la república, en las aldeas insondables del Chocó y en las dos o tres esquinas para mostrar de Medellín. Por supuesto, tienen tomadas las fronteras, y, de manera particular, los extensos límites con Venezuela, históricos, activos, fulgurantes, indivisibles, que superan los 2.200 kilómetros.
Controlan la piratería, el contrabando de mercancías, gasolina y personas, el tráfico de drogas, la especulación monetaria, la compraventa de bolívares y pesos y la fachada de las casas de cambio, son prestamistas y usureros. El estado colombiano, en los tiempos de Álvaro Uribe, como es bien sabido, no sólo fue permisivo, sino que auspició y fortaleció el paramilitarismo. La justicia se acercó a los tentáculos políticos, pero dejó indemne la estructura económica, la misma que causa estragos al interior del país, y que afecta de modo sensible a Venezuela. Las ganancias son exorbitantes. Y donde las hay, los hay.
Las fronteras de Colombia han estado en situación de tensión desde los tiempos de la Independencia. Hemos perdido territorios por descuido, se han vuelto a correr los mojones en silencio, las hemos violado para asesinar guerrilleros “en caliente”, decimos hacerlas respetar para despertar falsos sentimientos de patria, como son todas las conmociones patrióticas del ex presidente mencionado. Los habitantes de esas distantes tierras son colombianos negados. Y son invasores los venezolanos o brasileños o ecuatorianos que cruzan de los puentes para acá. En Cúcuta, en Leticia, en Ipiales, la misma cosa.
La situación no ha cambiado. Los departamentos de frontera colombianos son pobres y abandonados. Los fronterizos paisanos sobreviven sin políticas de generación de empleo digno, sin acceso a la educación y con un sistema de salud aun peor que el del resto del país, lo cual es difícil de imaginar. No les llegan los planes de vivienda que apenas si asoman por Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla.
El cierre de la frontera decretado por el gobierno Venezolano es una medida que obliga a discutir la política social y económica del Estado colombiano en estas zonas. No es una crisis nueva ni única. Es un problema de hace muchos años, cuya solución siempre se ha esquivado. Según cifras oficiales, la actual campaña anti contrabando del gobierno venezolano, que lleva un año, ha dejado 1.185 detenidos, 176 trochas inhabilitadas y 19.000 toneladas de productos confiscadas. Las cifras se incrementaron en los días recientes. Pero es un problema profundo, entre dos pueblos hermanos, cuya atención debe ser integral, y asumida de manera responsable y mancomunada por ambos gobiernos. Lo que no se ha hecho.
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