El gobierno de EEUU estableció, finalmente, nuevas pautas para reducir el exceso de medidas disciplinarias punitivas en el sistema educativo, que llevan a muchos estudiantes a la expulsión o a la cárcel por faltas de poca importancia. Quienes critican los rigurosos enfoques disciplinarios advierten desde hace años que estos impactan directamente sobre el futuro de los estudiantes, y varios estudios sugieren un historial de conducta cada vez peor en el caso de quienes en un principio fueron sancionados por problemas relativamente menores.
(Carey L. Biron – IPS) EEUU – Estas prácticas también repercuten más en los estudiantes procedentes de minorías étnicas o con discapacidad, por lo cual se las acusa de una parcialidad sistémica, según los estudios.
“Una infracción disciplinaria de rutina cometida en la escuela debe terminar con el alumno en la dirección, y no en la comisaría”, declaró el fiscal general Eric Holder, al anunciar las nuevas pautas el miércoles 8, junto con el secretario (ministro) de Educación, Arne Duncan.
Organizaciones que luchan por los derechos civiles y contra la pobreza, así como entidades educativas, elogiaron la nueva guía, que anima a las escuelas a buscar soluciones locales para la disciplina, fija límites claros para la aplicación de la ley, y propone un papel más preponderante de consejeros y trabajadores de la salud mental.
También marca un punto de inflexión en la cultura de seguridad máxima que se instaló en los centros de enseñanza tras un atentado en la escuela superior de Colombine, en Colorado, en que murieron 15 personas en 1999.
“Después de ese incidente trágico hubo un desplazamiento hacia el enfoque de ‘tolerancia cero’ y una mayor presencia de la policía en las escuelas. Pero esa combinación era una receta para el desastre”, sostuvo Thena Robinson Mock, directora de proyectos de la campaña Acabemos con el Tubo de la Escuela a la Cárcel, de la organización activista Advancement Project.
“De repente, los actos disciplinarios de rutina comenzaron a darle pie a la intervención de la policía. Hasta el momento vimos a una enorme cantidad de jóvenes, sobre todo afrodescendientes, perjudicados tanto por la interacción con las fuerzas de la ley, como por la expulsión de la clase.
Desobediencia intencional
Según los datos oficiales más recientes, sobre desigualdades en los centros educativos de EEUU, los afroestadounidenses constituyen alrededor del 15 por ciento de la población estudiantil, pero representan 35 por ciento de los alumnos suspendidos una vez y 44 por ciento de aquellos con dos suspensiones. Las personas con discapacidad también son suspendidas el doble que otros estudiantes.
“La discriminación racial en la disciplina escolar es un problema real hoy en día, y no sólo un problema de hace 40 o 50 años”, subrayó el secretario Duncan.
“La necesidad de repensar y rediseñar las prácticas de disciplina escolar estaban pendientes hace mucho tiempo. Demasiadas escuelas recurren demasiado rápido a la disciplina de exclusión, aunque sea por fallas de conducta menores. La disciplina excluyente es tan común que, en algunos casos… se suspenden hasta a alumnos de tres y cuatro años”, señaló.
En EEUU, los estudiantes de secundaria suspendidos o expulsados crecieron en 40 por ciento los últimos 40 años. Actualmente, suman dos millones anuales.
Duncan añadió que alrededor de 95 por ciento de esas suspensiones se deben a faltas no violentas, como el retraso, la violación de códigos de vestimenta o porque se considera al alumno problemático.
 “Debemos rechazar cada día el tubo que conduce de la escuela a la prisión. En Texas, las suspensiones o expulsiones únicas por una falta discrecional que no incluía un arma casi triplicaron la probabilidad de que los alumnos se involucren en el sistema judicial para menores en el siguiente año escolar”, señaló Duncan.
Cambiar prioridades presupuestarias
Algunos grupos educativos critican a las autoridades porque no liberan los fondos necesarios para aplicar en la práctica muchas de las ideas incluidas en las directrices federales.
Los presupuestos de enseñanza sufrieron varios recortes en los últimos años, y la contratación de más consejeros y trabajadores de salud mental tendría un alto costo, así como mantener al personal actual.
“El gobierno federal hizo muchas sugerencias positivas, pero las políticas en el vacío, sin recursos ni apoyo reales, no van a tener éxito”, advirtió Randi Weingarten en un comunicado la presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros.
Sin embargo, Robinson Mock, de Advancement Project, opina que muchas de las recomendaciones formuladas por los Departamentos de Justicia y de Educación no tienen por qué ser excesivamente caras, sobre todo si el dinero se redistribuye en virtud de las nuevas prioridades.
Pero otras voces exhortan al gobierno a tomar medidas adicionales para garantizar que las nuevas directrices se apliquen plenamente. “Esta guía por sí sola no eliminará en nuestro país la crisis de deserción, ni las brechas en los logros por raza y clase social, ni el tubo de la escuela a la cárcel”, dijo Wade Henderson, presidente de la Leadership Conference on Civil and Human Rights, una alianza de 200 organizaciones de EEUU.