Las reformas sobre educación pública impulsadas a lo largo de la última década en EEUU han generado resultados muy por debajo de los prometidos y enfrentan cada vez más dudas en la opinión pública –y creciente ira entre maestros, estudiantes y padres de familia– por sus propósitos, ya que se basan en visiones empresariales formuladas por algunas de las personas más ricas del país.
(David Brooks – La Jornada) EEUU – Durante la década pasada, bajo los gobiernos de George W. Bush y ahora Barack Obama, se han impulsado a escalas federal y estatal reformas centradas en sistemas de evaluación de maestros y escuelas con base en exámenes estandarizados de sus estudiantes, junto con la introducción de guías de instrucción que obligan a maestros a cumplir con requisitos que pueden ser evaluados en cada aspecto de su labor, la introducción de escuelas chárter, que son financiadas públicamente pero administradas por intereses privados, y programas de capacitación para nuevos maestros entrenados específicamente para ser soldados en este nuevo régimen.
Mientras tanto, al promover estas reformas, se acusa que las fallas del sistema público son responsabilidad casi exclusiva de los sindicatos del magisterio, que protegen a maestros mediocres, evitan evaluación objetiva de la labor de su membresía y defienden el statu quo del sistema educativo.
Los políticos, Bush, Obama; su actual secretario de Educación, Arne Duncan; el alcalde (y hombre más rico de Nueva York) Michael Bloomberg y el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, entre otros, prometieron elevar el nivel educativo comprobado por calificaciones en los exámenes y por la aportación de las escuelas chárter.
Después de una década, y con base en investigaciones de instituciones como la Universidad de Stanford junto con las calificaciones, casi nada de lo prometido se ha logrado. En 2009, esa casa de estudios concluyó que sólo 17 por ciento de las llamadas chárter ofrecían un mejor nivel de educación que las escuelas públicas tradicionales, pero 37 por ciento ofrecían peores resultados que las tradicionales, 46 por ciento eran iguales que las tradicionales; sólo una de cada cinco logra obtener los resultados que promete.
A pesar de la evidencia empírica de que esto no ha logrado los propósitos que ellos mismos anunciaron, los políticos han insistido en promover sus reformas. Ante la creciente presión sobre maestros y administradores para cumplir con los requisitos, se han multiplicado los engaños, la manipulación de datos y fraudes en diversas burocracias de la educación pública a escalas local y estatal, desde jefes de educación en Washington DC, como en distritos escolares de Atlanta, hasta la manipulación de resultados de exámenes por el gobierno de Bloomberg en Nueva York.
A la vez, se continúa devastando partes enteras del sistema de educación pública, mientras se va ampliando la presencia de escuelas semiprivadas (las chárter). Sólo la semana pasada se anunció el despido de mil maestros más en Chicago, y planes para cerrar 50 escuelas públicas; decenas de escuelas se están cerrando en Filadelfia y otras ciudades. Pero en cada una se inauguran más escuelas chárter, las cuales no tienen que contratar a personal sindicalizado y pueden aceptar fondos del sector privado.
Un programa fundado hace 24 años con el propósito de atraer a más jóvenes a la profesión de educación pública y enviarlos a sectores más necesitados, Teach for America (TFA), impulsado por el gobierno federal y financiado por algunas de las fundaciones más grandes del país, se ha transformado en la última década para capacitar a maestros entrenados explícitamente para las nuevas escuelas chárter y el modelo empresarial para la educación pública.
En sesiones de cinco semanas, se pretende capacitar a recién egresados de universidades que son colocados en escuelas necesitadas. A cambio de capacitación gratuita y empleo, los participantes se comprometen a trabajar en la escuela que se les asigna durante dos años. El programa, junto con otros asociados, promueve el movimiento para la clausura de escuelas fracasadas, la ampliación de escuelas chárter y vincular el empleo a las calificaciones de sus estudiantes en los exámenes estandarizados, reporta la revista sobre política y sociedad.
El consenso sobre la reforma educativa se está fragmentando a pesar de haber sido impulsado por presidentes procedentes de los dos partidos nacionales y una inversión privada sin precedente de miles de millones de dólares de algunas de las más grandes fortunas empresariales del país.