Así lo confirmó el propio jefe de gobierno porteño a través de su cuenta de X. Se trata de las programaciones de La Once Diez (AM 1110), la FM 2×4 (92.7) y el Canal de la Ciudad. La licitación, que aún no fue publicada en el Boletín Oficial porteño, ya generó rechazos, incertidumbre y preocupación en los trabajadores y las trabajadoras de los medios, además de pedidos de informes y declaraciones por parte de legisladorxs de la oposición.
“Abrimos la licitación para concesionar la TV y las frecuencias de Radio de la Ciudad. El objetivo es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada. La empresa adjudicataria operará la radio y el canal, desarrollará su programación y deberá pagar un canon a la Ciudad. No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”, publicó el jueves 12 de marzo por la tarde, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en su cuenta de X.
El rumor circulaba sin mayores detalles por los pasillos de las radios y el canal. Ahora esa intención fue confirmada por el propio Macri, pero sin detalles de su alcance, al menos hasta que no se publique el llamado a concesión en el boletín oficial de la Ciudad. La incertidumbre del futuro de los medios públicos y sus trabajadores y trabajadoras es total. Desde el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de Buenos Aires (Sutecba) aseguran que las fuentes laborales se respetarán, lo mismo insinúan de manera más indirecta algunos funcionarios del Ejecutivo, pero no hay confirmación oficial. Tampoco respecto a si los puestos se mantendrán dentro de los medios o en cualquier otra dependencia porteña.
La confirmación de Jorge Macri de su intención de concesionar los medios públicos despertó respuestas inmediatas, sobre todo en la Legislatura. Desde los bloques del Frente de Izquierda Unidad y Fuerza por Buenos Aires (Unión por la Patria) se pronunciaron a través de declaraciones públicas y presentaciones de pedidos de informes.
Uno de los primeros en presentar un proyecto de resolución con pedido de informes fue el legislador de Fuerza por Buenos Aires Leandro Santoro, quien no solo solicitó precisiones sobre el intento de concesión/privatización de los medios, sino también sobre las condiciones edilicias actuales de las radios, ya que en abril del año pasado fueron mudadas desde su histórica sede en el Centro Cultural San Martín, que inició un plan de obras, a unos estudios en Palermo, y se desconoce cuál será su espacio definitivo de funcionamiento en el futuro.
“Estas instituciones no son meros medios de comunicación; son pilares fundamentales del patrimonio histórico, simbólico y cultural de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora AM 1110 (La Once Diez) se encamina a un hito institucional sin precedentes: el próximo 23 de mayo de 2027 cumplirá 100 años de trayectoria ininterrumpida. Desde su fundación en 1927 como Radio Municipal, ha funcionado como un archivo vivo de la cultura porteña, resistiendo cambios tecnológicos y políticos bajo la premisa del servicio público. Por su parte, la FM 92.7 (La 2×4) ostenta un reconocimiento de jerarquía internacional al ser la única radio pública en el mundo dedicada íntegramente al tango, género declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, esta trayectoria centenaria atraviesa hoy una situación de extrema precariedad e incertidumbre”, expresó Santoro en los fundamentos del pedido.
Otros legisladores de ese mismo bloque, como Alejandro Grillo, presentaron un proyecto de declaración para manifestar su “profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en la concesión de los medios públicos de la Ciudad”: “Los medios públicos cumplen una función esencial en cualquier sistema democrático: garantizan el acceso a información de interés público, promueven la pluralidad de voces, difunden la cultura local y brindan cobertura a actividades culturales, educativas y comunitarias que difícilmente encuentran espacio en los medios comerciales. En particular, la Radio de la Ciudad y la FM La 2×4 han sido históricamente espacios fundamentales para la difusión del tango y de la cultura porteña, mientras que el Canal de la Ciudad constituye una herramienta de comunicación pública que permite acercar contenidos culturales, educativos y de interés ciudadano. Asimismo, esta decisión genera una fuerte preocupación respecto del futuro laboral de los trabajadores y trabajadoras que actualmente se desempeñan en estos medios. La eventual privatización de los mismos abre interrogantes sobre la continuidad de numerosos puestos de trabajo, las condiciones laborales y la preservación de equipos profesionales que durante años han desarrollado contenidos culturales y periodísticos de valor público”.
Respecto al argumento del gobierno porteño de justificar la concesión ante la necesidad de reducir gastos y optimizar recursos públicos, este proyecto detalla: “De acuerdo con el presupuesto vigente, el gasto destinado al Canal de la Ciudad asciende aproximadamente a $4.542.460.979 y el destinado a Radio de la Ciudad a $7.358.668.133, lo que representa un total aproximado de $11.901.129.112 anuales destinados al sostenimiento de los medios públicos de la Ciudad. Sin embargo, en el mismo presupuesto el Gobierno de la Ciudad ha asignado recursos significativamente mayores a otras prioridades. En particular, el presupuesto destinado al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en 2025 los $33.943.056.033, un gasto casi tres veces el costo total anual de los medios públicos de la Ciudad y, según el presupuesto aprobado para el año 2026, asciende a $132.067.597.601 monto que equivale a más de once años de financiamiento de los medios públicos de la Ciudad. Es decir, estas cifras superan ampliamente el costo anual de funcionamiento de los medios públicos de la Ciudad y evidencian que el argumento del ahorro fiscal no resulta consistente con las prioridades presupuestarias del propio Gobierno. A ello se suma el acuerdo anunciado para traer nuevamente el MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires, que incluye el pago de un canon multimillonario en dólares y la realización de obras de gran escala en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, inversiones que superan ampliamente los recursos destinados al sostenimiento de los medios públicos de la Ciudad”.
“En este contexto, resulta evidente que la eventual privatización de los medios públicos de la Ciudad no responde a una verdadera necesidad de ahorro presupuestario, sino a una decisión política que desvaloriza el rol de la comunicación pública”, advierte el texto presentado por Grillo.
Desde el Frente de Izquierda también se manifestaron. La legisladora Andrea D’Atri elaboró un pronunciamiento para que el parlamento porteño acompañe la preocupación de los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos: “Esta medida (del gobierno porteño) representa un intento de privatización encubierta que amenaza la estabilidad laboral de sus trabajadores (…). (La privatización) atenta contra el derecho a la información, la libertad de expresión y entrega el patrimonio cultural y comunicacional de la Ciudad a intereses privados”, aseguró D’Atri.
“El Gobierno de la Ciudad cuenta con un presupuesto multimillonario, del cual destina sumas exorbitantes a la pauta publicitaria en medios privados para blindar su gestión. Resulta cínico e inaceptable que, al mismo tiempo, argumenten la necesidad de concesionar los medios propios para ‘ahorrar’ recursos”, agregó.
En este sentido, especificó que mientras se entregan las señales de TV y radio públicas de la Ciudad, el Gobierno porteño gasta varias veces más en pauta publicitaria, al advertir que, por ejemplo, en 2025 Jorge Macri destinó unos 77.000 millones de pesos en pagar pauta.
“La comunicación no es una mercancía, es un derecho. Los medios públicos no deben estar concebidos para generar ganancias comerciales, sino para garantizar el derecho humano a la información, la pluralidad de voces y la difusión de nuestra cultura”, aseveró D’Atri.
Finalmente, Graciana Peñafort, abogada y también legisladora de Fuerza por Buenos Aires, consideró que el anuncio de Jorge Macri es “ILEGAL y contrario a lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 44 de la Ley 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual)”: “Los medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires NO le pertenecen al Jefe de Gobierno de turno, sino a todas y todos los vecinos de la Ciudad. El artículo 47 de la Constitución de la Ciudad garantiza la existencia de medios de comunicación propios de la Ciudad destinados a difundir la actividad oficial y a promover la cultura y la educación. Textualmente, nuestra Carta Magna dispone: ‘También participan en el canal de radio y televisión de la Ciudad personas de diferentes partidos políticos que trabajan en la Legislatura de la Ciudad y personas pertenecientes a sectores de la cultura y de la comunicación social, en la forma que la ley indique. La Ciudad debe facilitar la participación de la comunidad con ideas en los programas de radio y televisión de la Ciudad’”.
En tanto, el artículo 44 de la Ley 26.522 establece el principio de indelegabilidad de la explotación de los servicios de comunicación audiovisual, disponiendo que será considerada delegación de explotación —y configurará falta grave—:
a) Ceder, a cualquier título, o vender espacios de programación de la emisora a terceros, en forma total o parcial;
b) Celebrar contratos de exclusividad con empresas comercializadoras de publicidad;
c) Celebrar contratos de exclusividad con organizaciones productoras de contenidos;
d) Otorgar mandatos o poderes a terceros, o realizar negocios jurídicos que posibiliten sustituir total o parcialmente a los titulares en la explotación de las emisoras;
“En tal sentido – continuó Peñafort –, la nota explicativa del referido artículo 44 señala expresamente: ‘La indelegabilidad de la prestación obedece al mantenimiento de la titularidad efectiva de la explotación de la emisora por quienes accedieron a la condición de licenciatarios por estar calificados para la misma, y que previamente fueron evaluados por la Autoridad de Aplicación’. En consecuencia, si se concesionaran los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, no solo se estaría violentando la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que, además la autoridad de aplicación de la Ley 26.522 podría revocar la autorización de los medios audiovisuales de la ciudad’”.
Trabajadores, trabajadoras, legisladorxs, comunicadorxs permanecen en alerta a la espera de la confirmación definitiva, a través de la publicación en el boletín oficial porteño, del llamado a licitación de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la gestión de Jorge Macri, y de sus alcances. Una medida que va en contra de leyes nacionales y de la propia Constitución de la Ciudad Autónoma, y que pone en riesgo el acceso a la información y la pluralidad de voces, además del patrimonio histórico, simbólico y cultural de la Ciudad, y la continuidad de cientos de puestos laborales.
