Están acusados de darles descargas eléctricas a los detenidos, de golpearlos, desnudarlos y amenazarlos con violarlos y matarlos. Esta seccional ya tenía una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las pésimas condiciones en las que se alojaban las personas detenidas.
Los hechos de torturas y malos tratos que se investigan ocurrieron entre el 5 de junio y el 1° de agosto en la Comisaría 1ª de Moreno, e incluyen el pasaje de corriente eléctrica por los integrantes del Gabinete Técnico Operativo (comúnmente denominado servicio de calle).

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento de lo sucedido a partir de una denuncia telefónica que derivó en la realización de un monitoreo sorpresivo el 1° de agosto en la dependencia policial. Familiares de un detenido habían denunciado que, mientras estaba alojado, policías lo metieron en una oficina, le colocaron los pies en un balde con agua y le aplicaron descargas eléctricas con un cargador de batería de automóvil.

A partir de testimonios de otros detenidos, se confirmó que esta práctica se había repetido con otras personas. También se relataron golpizas y que a algunos presos los desnudaron y amenazaron con violarlos. Los testimonios coincidieron en describir un ambiente de violencia sistemática. Señalaron a los integrantes de la Brigada de la comisaría, vestidos de civil y sin identificación, como los responsables de las torturas.

Desde la CPM detallaron: “El relato de uno de los detenidos de 24 años en sede judicial, respecto a las vejaciones, torturas y amenazas constantes que sufrió mientras estuvo alojado en la Comisaría 1° de Moreno, es escalofriante: cuenta que cada vez que oía puertas metálicas cerca del calabozo en el que estaba detenido comenzaba a llorar por el terror que lo invadía.

En distintas ocasiones, los tres agentes del GTO vestidos de civil lo habían sacado de allí a los golpes, lo llevaron al primer piso de la dependencia policial y lo golpearon durante media hora en sesiones que incluían el pasaje de corriente eléctrica en los pies. Lo obligaban a desvestirse injustificadamente, lo amenazaban con abusar sexualmente de él y le rompían las pertenencias y comida que le llevaba su madre. Además de él, otros detenidos sufrieron durante estos últimos meses la violencia extrema y las torturas de los integrantes del GTO.

Sobre el grupo de detenidos que también padecieron los ataques, se destaca en la causa una noche que ingresaron varios policías vestidos de civil a un calabozo colectivo y, con la excusa de buscar un teléfono celular, comenzaron a golpear a todos con patadas y golpes de puño. Uno de estos policías fue descripto coincidentemente por las víctimas como ‘petiso, morrudito, y el que más se ensañó con las golpizas’; otro era un ‘flaco, alto¡, y un tercero ‘grandote, rubio’.

Se trata de la descripción precisa y coincidente de los perfiles de los tres imputados, aunque en el expediente se aclara que participaron otros efectivos policiales cuya identidad aún falta determinar.

Otro detenido denunció con precisión haber sido víctima de la práctica de pasaje de corriente eléctrica. En el expediente se reconstruye que una noche lo llevaron a la oficina del GTO situada en el primer piso de la seccional 1° de Moreno y lo obligaron a colocar los pies en el interior de una palangana con agua. Dentro de la palangana tiraron las pinzas conectadas a los cables de un cargador de batería de auto y empezaron a amenazar y atormentarlo, exigiendo información sobre presuntos hechos delictivos. Como la víctima no tenía información para darles, le aplicaron pasaje de energía por alrededor de dos minutos. Esta secuencia con el cargador de baterías lo padeció al menos dos veces, y en una tercera ocasión lo amenazaron con sumergir en la palangana directamente un cable pelado conectado a 220 voltios, lo que lo habría matado.

En el marco de la investigación también se detectó que el registro de las cámaras de la dependencia había sido eliminado, hecho que está siendo investigado por la justicia y por la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad”.

Frente a este escenario, la titular del Juzgado de Garantías 1 de Moreno, Adriana Alicia Julián, hizo lugar al pedido de detención y allanamiento de los domicilios de los policías bonaerenses Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito, que habían sido requeridas por la titular de la UFI N° 7, Erica Chiessi, por considerarlos coautores materiales de los delitos de torturas, abuso de autoridad y vejaciones en contra de al menos 10 detenidos que estaban a su cargo. La jueza también rechazó el pedido de eximición de prisión realizado por las defensas de los policías.

Cabe recordar que la Primera de Moreno es una de las comisarías cautelada por la CIDH, pero en noviembre de 2024 fue rehabilitada por la Sala V del Tribunal de Casación para alojar 12 personas. Entre junio y agosto de 2025 sucedieron estos hechos de tortura ahora denunciados. El 14 de agosto el mismo tribunal decidió volver a prohibir el alojamiento de personas en la comisaría. Esta orden no se cumplió, y el 24 de agosto un joven apareció ahorcado en una celda.

Fuentes: Comisión Provincial por la Memoria / Centro de Estudios Legales y Sociales.