El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario absolvió este martes a los 17 imputados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como Villazo, entre ellos dos ex directivos de la empresa Acindar. Estaban acusados por torturas, secuestros y asesinatos contra 57 trabajadores organizados, delitos ocurridos en marzo de 1975 en Villa Constitución, Santa Fe. Los fundamentos se conocerán el 6 de febrero de 2026.
De los 17 absueltos, dos son ex directivos de Acindar, empresa que tenía a José Alfredo Martínez de Hoz en su directorio: Roberto José Pellegrini, ex jefe de división Personal de Acindar, y Ricardo Oscar Torralvo, personal jerárquico de la empresa. El resto era ex policías.

Uno de los tres miembros del tribunal, el presidente Germán Sutter Schneider, votó en disidencia, solo incluyó dos condenas con penas de entre 6 y 8 años. Los otros dos magistrados, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvieron absolver a todos los imputados: Roberto Raúl Squiro, Oscar Roberto Giai, Juan Carlos Faccendini, Emilio Hugo Marciniszyn, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdés, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus y Roberto Álvarez, todos integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA); y Amadeo Chamorro, miembro de una guardia rural llamada “Los Pumas” que pertenecía a la policía provincial de Santa Fe.

La Fiscalía a cargo de Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del distrito Rosario había pedido penas de prisión perpetua para los dos ex directivos de Acindar; y otras de 10 a 25 años de prisión para ex policías federales y uno de la guardia rural, por 67 casos. La querella del equipo jurídico de APDH también había solicitado dos condenas a prisión perpetua para los civiles y otras de 16, 22 y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

“El fallo es inentendible, jurídicamente inentendible, y es un fallo clasista que pareciera de otros tiempos, con un tribunal que no se pone a la altura de los hechos, que no puede afirmar como ya ha afirmado el pueblo argentino que el genocidio empezó antes del 24 de marzo y que Estado argentino, a través de fuerzas clandestinas, fue responsable en esto de manera conjunta con el poder empresario que en este caso lo encarnaba Acindar”, evaluó Julia Giordano, querellante como parte del equipo jurídico de la APDH, que representó a más de 20 víctimas y familiares, en diálogo con la Agencia Andar.

“Este proceso lleva 15 años en la justicia, la denuncia se presentó en 2010 con los primeros que tuvieron la valentía de presentar la denuncia cuando Martínez de Hoz aún estaba vivo. En 13 años hubieron juzgados que dijeron que los delitos eran de lesa humanidad, que no habían prescripto y que debían juzgarse y una Cámara de Apelaciones que también así lo entendió. Esto fue confirmado además por la Cámara de Casación, muchos tribunales nos dieron esa certeza: que los hechos que se imputaban eran delitos de lesa y que la prueba era suficiente para enjuiciar a quienes se sentaron como acusados”, agregó la abogada.

“Las resoluciones del poder judicial nunca escapan al clima de época pero hasta no conocer los fundamentos no podemos adelantar mucho más sobre eso. Sí podemos decir que el dolor que ha generado esto en querellantes familias y sobrevivientes es enorme. No pueden parar de preguntarse cómo después de dos años de testimonios tan coherentes, tan claros, ocurre esta sentencia. Pero siguen unidos, organizados y con la convicción de que esta injusticia no refleja lo que como pueblo ya sabemos que sucedió en Villa Constitución”, aseguró Giordano.

Los hechos que se juzgaron durante este debate oral ocurrieron entre el 20 y 26 de marzo de 1975 cuando 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de la zona industrial de Villa Constitución fueron secuestrados en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, la Triple A y otras organizaciones parapoliciales. Fue una represalia de la pueblada conocida como el Villazo, sucedida en 1974 en Villa Constitución. El operativo contó con la complicidad empresarial de las fábricas de la región, incluso algunos de los secuestrados fueron alojados en un edificio de Acindar.

El tribunal informará los fundamentos de sus absoluciones el 6 de febrero de 2026.

Compartimos a continuación el comunicado difundido por la Red Nacional H.I.J.O.S., tras conocerse la sentencia:
Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. repudiamos el vergonzoso fallo absolutorio dictado por mayoría por los jueces Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci (y el voto de Germán Sutter Schneider en disidencia), del Tribunal Federal N°1 de Rosario, en la causa por delitos de Lesa Humanidad cometidos en Villa Constitución, Santa Fe, contra 67 víctimas. El pasado 4 de noviembre, en la causa conocida como “El Villazo”, fueron absueltos los 17 acusados.
Villa Constitución en 1975 era faro del movimiento de trabajadores metalúrgicos y allí se organizó una huelga que produjo una brutal represión por parte de policías y militares en un hecho que fue, como el Operativo Independencia en Tucumán, la antesala de lo que sería la dictadura genocida de 1976.

En esta decisión judicial:

1) Se desoyó el relato de las víctimas. La instrucción de la causa llevó 12 años en los que se escucharon cientos de testimonios de víctimas, sobrevivientes y familiares que determinaron el procesamiento de 15 ex
policías federales, 1 policía provincial y 2 civiles del personal jerárquico de la empresa Acindar. La contundencia de sus relatos fue ninguneada y desacreditada por el tribunal que ignoró a las víctimas y desestimó la prueba.

2) La demora produjo impunidad: 12 años de instrucción y 2 de juicio oral permitieron que haya genocidas que fallecieron impunes, muchos responsables civiles, entre ellos quien fuera el presidente del directorio de la empresa metalúrgica Acindar al momento de los hechos, José Alfredo Martínez de Hoz, luego ministro de Economía de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.

3) Es una afrenta a la verdad no hacer lugar a la declaración como centro clandestino de detención al predio denominado “Albergue de Solteros” de la fábrica Acindar. Ese sitio ya fue señalizado por los Organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindicales y el pueblo de Villa Constitución junto a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de la provincia de Santa Fe el 22 de abril de 2022.

Pero éste no es un fallo aislado. El pasado 24 de octubre el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó sólo ocho condenas –cuatro de ellas a prisión perpetua– y 27 absoluciones en el juicio por la causa “La Huerta”, en la que fueron juzgados los crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona de Tandil, Azul, Olavarría y Las Flores.

Denunciamos: No son absoluciones por falta de pruebas. Es la justicia desoyendo cientos de relatos de víctimas que escribieron y describieron la historia más terrible en nuestro país, donde se cometieron gravísimos delitos de Lesa Humanidad (privación ilegítima de la libertad, torturas, asesinatos y violaciones, entre otros).

Son el resultado de las políticas negacionistas de este gobierno que pretende naturalizar la impunidad, el Poder Judicial decidió acompañar con algunas de sus definiciones. Tal como lo expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el reciente fallo que plantea revisar las prisiones preventivas a los genocidas a partir del caso de Carlos “Indio” Castillo, múltiple asesino condenado a prisión perpetua en dos oportunidades.

Reivindicamos a los compañeros Alberto Piccinini y Victorio Paulón, líderes del Villazo, ex-presos políticos en dictadura, dirigentes sindicales que impulsaron el juicio, quienes fallecieron esperando justicia.
No olvidarnos
No perdonamos
No nos reconciliamos
Memoria, Verdad y Justicia
H.I.J.O.S. Red Nacional