Así comienza su análisis sobre el proyecto de Presupuesto 2026 realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). “Se trata de un Presupuesto diseñado para sostener la contracción del gasto público, priorizar el pago de la deuda y garantizar un superávit financiero que, lejos de resolver los problemas estructurales de la economía, anticipa nuevos recortes en caso de que la recaudación caiga”, afirman. En tanto, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten sobre la disminución de las partidas vinculadas a derechos sociales previstas en la iniciativa elaborada por el gobierno de Javier Milei.
Para el equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que lidera Claudio Lozano, la combinación de atraso cambiario, déficit comercial estructural, estimaciones irreales de inflación y crecimiento, y un esquema financiero dependiente del Fondo Monetario Internacional “vuelve inconsistente la narrativa oficial”.

“El proyecto, que difícilmente será aprobado por el Congreso, plantea proyecciones poco creíbles de inflación, tipo de cambio y crecimiento del PIB sin aclarar los motores del mismo, mientras la inversión privada sigue débil, la capacidad industrial cae y se proyectan déficits comerciales sin financiamiento claro, sugiriendo más endeudamiento externo en un contexto de acceso restringido. La economía seguirá chocando con la falta de divisas, lo que compromete tanto el crecimiento como la sostenibilidad del esquema financiero. Dicho de otro modo, al revés de lo que sostiene Milei, lo peor no pasó, continuará ocurriendo de sostenerse el rumbo que propone el gobierno nacional”, señalan desde el IPyPP.

En este sentido, alertan sobre “la ficción de sostener en el largo plazo un esquema financiero que se derrite por la falta de dólares y presiona sobre la inflación”: “El esquema solo cierra con más deuda, en un contexto donde los mercados internacionales están cerrados para la Argentina”.

Según afirmó Javier Milei durante su mensaje por cadena nacional del lunes pasado, el objetivo central del Presupuesto previsto para 2026 es sostener la disciplina fiscal: superávit primario (ingresos mayores que gastos) y superávit financiero (la deuda se paga), prioridades que en la práctica significan más ajustes sobre las áreas más sensibles.

Justamente sobre las partidas vinculadas a derechos sociales en el Proyecto de Presupuesto 2026, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expresó: “Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el Proyecto de Presupuesto 2026 (una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026), el gasto total en 2026 aumentaría un 7% en términos reales con respecto al año 2025. Sin embargo, debido a la magnitud de las reducciones de los años anteriores, la comparación contra el año 2023 (último año con presupuesto aprobado por el Congreso) arroja una disminución del 24,6%”.

Con respecto al gasto en servicios sociales, la ACIJ señala que el proyecto establece un aumento interanual de 6,4% en términos reales frente a 2025. Este incremento, no obstante, resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 15,9% entre 2023 y 2026. Cabe destacar que casi el 43% de los recortes presupuestarios totales en el último trienio se explican por las reducciones experimentadas en las partidas en servicios sociales, seguida por servicios económicos (36%). En servicios económicos la caída se da principalmente por la reducción en subsidios a tarifas y energía.

Para la ACIJ debe destacarse lo que ocurre con Educación y Cultura debido a su participación en el presupuesto y su rol en la garantía de derechos: “En este apartado el proyecto prevé un aumento cercano al 8% con respecto al año anterior. De todos modos, el rubro acumula una caída de 45% desde 2023, por lo que necesitaría 6 billones de pesos para recuperar su nivel anterior”.

En esta línea destacan también lo que ocurre en Trabajo, Promoción y Asistencia Social, ya que aumentaría su presupuesto 2% en 2026 pero acumula una caída de 65%5.

Respecto al área de Vivienda y Urbanismo se mantiene la caída iniciada en 2024: los montos asignados serían un 7% menor a 2025 acumulando una pérdida del 98% desde 2023: “Es necesario aclarar que la mayor parte de la inversión en vivienda e infraestructura en barrios populares se canalizaba a través del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana, que no está contemplado en estas partidas. Si se consideran estos fondos extras, la restricción presupuestaria sería aún mayor”.

En materia de protección social a la niñez, a través de la Asignación Universal por Hijx (AUH) y la Prestación Alimentar, el proyecto de presupuesto propone una inversión similar a la de los últimos años: “Lo positivo en la composición del presupuesto es que se ha priorizado la inversión a través de la AUH (que está protegida por ley y tiene un mecanismo de actualización) en lugar de la Prestación Alimentar (que tiene rango de resolución ministerial y los aumentos son discrecionales del Poder Ejecutivo). Sin embargo, la preocupación central en esta materia es que el art. 73 del Proyecto de Ley de Presupuesto deroga el mecanismo de actualización. Si se subestima notablemente la inflación, esto podría derivar en una licuación de la prestación y una pérdida en la protección social de niñas, niños y adolescentes”.

Sobre la partida correspondiente al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), el proyecto de presupuesto 2026 experimenta una reducción del 85% respecto al nivel de 2025, que ya había sido ínfimo. En 2026 se ejecutaría menos del 3% de lo invertido en 2023.

En cuanto al área de Educación Sexual Integral, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Educación, el presupuesto para 2026 es de apenas $30 millones, un 2% de lo gastado en la partida en 2023.

La ACIJ advierte que un componente importante del recorte en educación se vincula a la evolución del presupuesto universitario, que se mantiene prácticamente sin modificaciones en 2026 con respecto al año anterior, pero acumula un descenso del 32% en el último trienio.

En cuanto al presupuesto para pensiones en 2026, ACIJ señala que es 30% más bajo que el de 2023 y 13% menor al de 2025: “Según datos de Presupuesto Abierto, 1,19 millones de personas recibieron pensiones en 2023, 1.18 millones durante el primer semestre de 2025 y se estiman 977.943 para 2026. Estas cifras consolidan una reducción en el número de prestaciones, en línea con la suspensión de 110.000 pensiones anunciada en el mes julio”.

Respecto a las principales políticas destinadas a la atención de la violencia de género, para 2026 se consolida el camino de desmantelamiento y opacidad presupuestaria iniciado en 2024: “Ese año, el presupuesto del Programa Acompañar se redujo un 90% respecto a 2023 y la cobertura cayó de más de 100.000 personas a solo 434. Desde 2025, el programa dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja”.

En cuanto a la Línea 144, el principal canal de atención a personas en situación de violencia, ACIJ detalla que perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45% su planta de trabajadoras; mientras que en 2025 también perdió su línea presupuestaria específica, lo que impide saber cuántos recursos se le asignan y ejecutan.

Tal como indica el análisis de ACIJ, estas estimaciones para 2026 se agravan si se toman en cuenta cómo se están distribuyendo las partidas en este 2025.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre enero y agosto de este año, el gasto ejecutado por la Administración Pública Nacional se redujo un 31% en términos reales frente a 2023, impactando fuertemente en áreas sociales.

El estudio del CEPA detalla que este recorte se refleja con particular crudeza en:

Salud: la Superintendencia de Servicios de Salud redujo un -56% su ejecución, los hospitales nacionales entre -30% y -38%, el Instituto Malbrán un -26% y la ANMAT un -27%. Programas de atención y prevención muestran caídas de hasta -100%, salvo el de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció un +41%.

Seguridad social y programas sociales: ANSES ajustó un -7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un -72% y el INAES un -75%. Los Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%), el programa de Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social (-100%) quedaron virtualmente desfinanciados.

Educación: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron ejecución nula (-100%). El fortalecimiento edilicio de jardines infantiles cayó -88% y las becas y programas de formación docente entre -77% y -79%.

Ciencia y tecnología: el CONICET recortó un -29%, la CONAE -40%, el INTA -37%, el INTI -44% y la promoción de la investigación e innovación -83%.

Producción y energía: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ajustó un -76%. La CNEA cayó -39%, el ENRE -24% y el ENARGAS -26%.

Obra pública y transporte: ejecución prácticamente nula, con bajas de -89% a -100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Las transferencias a provincias también se redujeron entre -98% y -100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense.

Defensa y seguridad: las fuerzas federales sufrieron recortes de entre -29% y -32%, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea reducciones de entre -17% y -21%.

En su informe, el CEPA advierte que “el ajuste compromete la continuidad de programas esenciales en un momento de alta vulnerabilidad social. La caída en partidas vinculadas a alimentación, salud preventiva, educación inicial y obra pública afecta directamente a provincias y municipios, que ven limitada su capacidad de respuesta”.

Nada indica que esta situación se revierta en 2026; por el contrario, el proyecto de Presupuesto enviado por el gobierno nacional agrava aún más el panorama.