Según el análisis del periodista Mario Hernandez, el grupo Clarín estaría intentando crear un clima de conflictividad atribuible a las organizaciones del campo popular, apuntando a instalar temor por la toma de tierras, sin mencionar en ningún momento el grave déficit habitacional. Hernandez  detalla en esta nota cuáles son las situaciones habitacionales que alimentan el conflicto social por la vivienda.

(Por Mario Hernandez para Red Eco) Argentina – Nicolás Wiñazki escribió en Clarín: “Diosnel Pérez dice que fueron narcotraficantes los que el sábado 13 balearon su casa en la villa 20, en Lugano, y que lo denunció a la policía y que nada pasó. Pérez es uno de los líderes del Frente Popular Darío Santillán, referente político de su barrio, sobreseído en la causa por la toma del Parque Indoamericano ocurrida en el 2010. También defendió en el 2014 la ocupación del predio conocido como Papa Francisco. El Gobierno está en estado de alerta. Situaciones como las que dijo haber sufrido Pérez alimentan una hipótesis que maneja la Casa Rosada aún antes del 10 de diciembre: hacia fin de año podrían generarse incidentes sociales confusos, una escalada que podría terminar en tomas de tierra. Saqueos. Violencia.
Una de las hipótesis que más preocupa al macrismo es, justamente, que se produzca una nueva toma del Parque Indoamericano […] La balacera sobre la casa de Diosnel Pérez provocó que aumenten los alertas policiales y de Inteligencia sobre posibles desmanes que puedan generarse en el lugar, ubicado en medio de barrios con una emergencia habitacional extrema.
Además del Indoamericano, las zonas que están bajo vigilancia son los distritos bonaerenses de Quilmes y Merlo –donde continúa la toma de un predio de 50 hectáreas–; y de ciudades del interior como Rosario o Jujuy”.
La nota publicada a mediados de semana en línea con anteriores, apunta a crear el temor por la toma de tierras sin mencionar en ningún momento el grave déficit habitacional concentrado en las zonas urbanas y conurbanas de gran parte del país.
Clarín junta datos inconexos y hasta incomprobables para crear un clima de conflictividad atribuible a las organizaciones del campo popular. Este cronista tuvo oportunidad de hablar personalmente con Diosnel Pérez a la salida de la conferencia de prensa que brindara en la Legislatura de la Ciudad el pasado viernes, a la que Clarín no concurrió. Allí dio detalles de la agresión sufrida a partir de un incidente personal que sufriera uno de sus hijos con miembros de una banda narco que opera en la villa y nada tiene que ver con supuestas tomas de tierra.
El caso de Merlo Norte es más conocido. A casi dos meses de la toma no se ha producido un solo incidente y los pobladores han pedido reiteradamente a la Legislatura provincial el tratamiento del caso, incluso ofreciendo pagar los terrenos abandonados desde hace años.
¿Por qué entonces el pastiche que arma Wiñazki? La conclusión sale sola. Clarín prepara el terreno para la represión.

¿Qué situaciones habitacionales alimentan la conflictividad social?

Caso 1
El martes 15 diciembre la Federación de Organizaciones de Base (FOB) del Chaco movilizó al edificio del Instituto de Vivienda para reclamar al nuevo gobierno provincial que concrete los pagos adeudados a la cooperativa de la organización.
Asimismo, exigieron el inicio de la primera etapa de viviendas para pueblos originarios y construcción de veredas en Machagai, donde esperan desde principios de año la concreción de las promesas realizadas.
“Ante la posibilidad de pasar unas fiestas sin el salario que nos corresponde recurriremos mañana a la movilización y de no haber respuestas, iremos al corte de rutas en la rotonda de acceso al puente General Belgrano de manera sorpresiva”, concluye un comunicado de la agrupación.

Caso 2
En el asentamiento Los Sánchez, ubicado en la localidad de Las Talitas, en Tucumán, son 23 familias, que viven hace 11 años en ese lugar. Tienen una tenencia de las tierras que ahora les dicen que “es trucha”, y que un empresario les inició juicio para desalojarlos.
“El Estado expropió las tierras y tenemos las tenencias precarias, pero ahora nos dicen que no nos sirve de nada”, explicó Verónica del Valle López, una de las vecinas del asentamiento: “tenemos los papeles, pero ahora aparece este supuesto dueño que supuestamente compró con nosotros adentro y quiere las tierras”.
La mujer agregó que el empresario mandó a construir “un muro de tres metros de alto con vidrios arriba y unas pocas puertitas para salir, que cuando uno sale los policías que están afuera le disparan”.
El viernes 11 realizaron una movilización para que su situación sea visibilizada.

Caso 3
Treinta y dos familias viven en el barrio Auca Liwen de Cipolletti desde hace tres años. Sin ninguna solución estatal, esta semana tendrán que afrontar un juicio que la familia empresaria Zoppi inicia contra una de las vecinas, poniendo así en riesgo al asentamiento. “Si sale mal podrían desalojar a todo el barrio”, contó María José García, una de las referentes.
El precedente más cercano es el de Villa Obrera en Fiske Menuko (ex Gral. Roca) hace un año, cuando la justicia rionegrina condenó a Martín Olivera por el delito de usurpación de tierras.
El nuevo intendente, Aníbal Tortoriello, fundó gran parte de su campaña en la regularización de los 30 asentamientos que hay en Cipolletti, pero las respuestas tras la asunción distaron mucho de las promesas.
El miércoles 16, primer día del juicio, las y los vecinos de Auca Liwen en compañía de todas las organizaciones que se solidarizan con la situación, se movilizaron desde el barrio hasta el juzgado.
La condena que podría recaer contra la vecina procesada es excarcelable, pero se pone en riesgo a todo el barrio con inminente desalojo.

Caso 4
El lunes 7 se cumplieron 5 años de los hechos del Indoamericano. Se realizó una jornada y acto recordatorio y de reclamo en Escalada y el puente del ferrocarril Belgrano Sur, convocado por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y otras organizaciones sociales. A su vez, donde asesinaron a Bernardo Salgueiro se puso una placa denominando a la plazoleta con su nombre.

Caso 5
Vecinas y vecinos del distrito de Luján, afectados directa o indirectamente por las recurrentes inundaciones, en asambleas y reuniones, generaron un petitorio para exigir a los gobernantes las respuestas necesarias para terminar con esta situación.
En el mismo responsabilizan a los Miembros del Poder Legislativo Municipal, Provincial y Nacional “por la desidia y la negligencia con la cual han manejado la problemática de las inundaciones en los últimos años. No se han implementado medidas preventivas como sistemas de alerta temprana, ni un plan de contingencia para afrontar la emergencia. Ante esta grave situación se vio la falta de gestión de los gobiernos. Fuimos los mismos vecinos y vecinas, afectados/as directa o indirectamente, quienes nos vimos en la obligación de resolver la emergencia, ante la casi nula acción estatal. En la vuelta a los hogares luego de haber bajado el agua, se pone en evidencia la falta de cloacas y de acceso al agua potable, las napas están contaminadas, y los subsidios son pocos e insuficientes, entre otros graves problemas”
Además le exigen, entre otras cosas: Que se decrete la emergencia sanitaria en todo el distrito de Luján; Agua potable envasada para todas las familias afectadas por la contaminación del agua; Protección de la salud ante los distintos casos de diarrea y enfermedades ocasionadas por la contaminación del agua; Implementar un Sistema de Alerta temprana; Organización de un Plan de Contingencia consensuado con el pueblo; Realización de estudios integrales que entiendan a la cuenca y el humedal como un sistema ambiental, con la debida participación ciudadana; Que se detenga inmediatamente toda obra inmobiliaria y/o productiva que ocupe zona de humedales; Eliminación de los canales clandestinos de los campos de producción sojera y demás productivos; Restitución de los humedales ocupados por barrios cerrados en el distrito de Luján; Control del vuelco de efluentes industriales en cuerpos de agua; Control municipal con participación popular de las tierras utilizadas para terraplenes y relleno de humedales y bajos; Obras de desagües en cada una de las autopistas y rutas en construcción; Detener inmediatamente la obra de deforestación generada desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires; Resarcimiento económico inmediato de todas las familias afectadas; Red de agua potable y cloacas en todos y cada uno de los barrios y pueblos de Luján.

Caso 6
El 21 de diciembre se cumplió un año de los incidentes causados por la guardia y propietarios del barrio privado San Benito en Maschwitz, quienes atacaron a vecinos de los alrededores que intentaban circular por áreas usurpadas por las urbanizaciones privadas con el aval de la Intendencia. Los propietarios, además de agredir a los vecinos, les iniciaron causas judiciales por invasión a la propiedad privada, daños y lesiones graves, por el simple hecho de hacer valer el derecho constitucional de circunferencia, o de sirga, de camino público paralelo a un río, un espacio navegable de aguas nacionales.
El responsable de este emprendimiento es Jorge O’Reilly, el dueño de la empresa EIDICO, responsable de construir los barrios privados del Complejo Villa Nueva con el aval de Sergio Massa. Apunta a apropiarse de la adyacente Punta Querandí. La tasa de privatización urbana más alta la tiene precisamente Tigre, bastión massista, llegando al 40% de la superficie continental, donde los bañados que amortiguaban las crecidas y lluvias están siendo rellenados para construir.
Recordemos que durante la última década del gobierno “nacional y popular” en la provincia y el país la expansión urbana del conurbano se realizó mayormente bajo la forma de urbanizaciones privadas, llegando a sumar un total aproximado de 400 km2. Esto representa el 20% del suelo donde habita menos del 2% de la población del AMBA: 300.000 personas. La legislación a favor del boom de los barrios y ciudades cerradas elevó el precio de las tierras periféricas y potencialmente urbanizables, dejando cada vez más excluidas a las familias trabajadoras que tradicionalmente adquirían lotes por esas zonas, creando ciudades privadas para una élite que usurpa la calidad de vida a quienes no la pueden pagar al precio fijado por la especulación inmobiliaria.

Fuentes: Red Eco Alternativo, El Zumbido de Neuquén, FOB-Regional Chaco, Enredando las mañana, La Izquierda Diario, ADN

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