Reclamo por devolución de tierras
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- Categoría: Vivienda
- Publicado: Sábado 30 de Mayo de 2015
A 7 meses de haber sido desalojada violentamente del campo donde producían y vivían, la familia Velázquez continúa acampando en la puerta de su campo en Ministro Rivadavia, partido de Alte. Brown, a la espera de una resolución favorable por parte de la Jueza Rosa Maria Carán (Juzgado Civil y Comercial 5 de Lomas de Zamora) que anule la acción de desalojo y los restituya urgente dentro del predio. El miércoles 3 de junio, a las 9.30, la Jueza realizará una audiencia conciliatoria en relación al juicio civil por los derechos sobre las tierras. A partir de la cual se espera que la magistrada dé pronta resolución a favor de la familia.
Héctor Velázquez y su mujer Ana Kener han vivido y producido allí por más de veinte años, lo que les otorga el derecho posesorio sobre estas tierras. Allí criaron a sus siete hijos, trabajaron la tierra y criaron animales de granja para consumo y venta local.
El 21 de octubre de 2014 fueron violentamente desalojados por fuerzas policiales, sin ningún tipo de explicación ni aviso previo de que existía una orden de desalojo; se les negó la defensa de sus derechos posesorios, la familia fue golpeada brutalmente por la policía, arrastrada fuera del predio y delante de sus propios ojos una topadora transformó su casa y los corrales en escombros en cuestión de minutos.
El desalojo vino cargado de irregularidades. En primer lugar la medida que se realiza a nombre del supuesto propietario, Colombi Construcciones S.R.L., fue llevada a cabo basándose en la notificación a personas que allí no vivían realmente, mientras que Velázquez nunca fue anoticiado.
Por otro lado, Colombi ya había vendido previo al desalojo en julio 2014 la totalidad del terreno de 30 hectáreas, dentro del que se encuentra la parcela de los Velázquez, a Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Somoza y la empresa Tombel S.A. (de la cual Somoza es el contador) que compran pero a nombre de sus dos hijos y son quienes les “donan” el 50% de la plata para comprar el campo. La venta se realiza por el precio irrisorio de 800.000 pesos, lo que da un valor de 26.000 pesos por hectárea, precio que no vale ni siquiera un lote vivienda en la zona.
Con posterioridad al desalojo, los supuestos compradores les iniciaron a Velázquez y su familia una denuncia por usurpación y amenazas falseando pruebas, donde fueron brutalmente reprimidos por la policía. A raíz de esto, el fiscal que intervino en esa causa penal (Sebastián Bisquert UFI 19 de Lomas, hoy a cargo de Marcela Ruiz) ordenó sacar copias de las declaraciones de la familia y otros testigos víctimas de la represión policial para que se investigue el posible delito de acción pública en cabeza de los funcionarios policiales que intervinieron ese día ante el llamado de los compradores, quienes definitivamente inventaron le delito, ya que Velázquez se mantuvo desde el 21 de octubre viviendo fuera del predio.
Este miércoles 3 de junio, la familia Velázquez no irá sola a tribunales. Como viene sucediendo desde ese lamentable 21 de octubre del desalojo en la “Carpa Velázquez”, los acompañarán familiares, vecinos y organizaciones sociales y políticas.
