Este miércoles 21 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, que retoma la intención, ya incluida en el DNU 70/23 en un apartado que fue declarado inconstitucional, de cercenar el derecho a la huelga. Allí se amplían las actividades y servicios considerados esenciales, que deben garantizar el 75% del funcionamiento, además de sumar otros a los que se califica como de “importancia trascendental”, en los que debe garantizar el 50% de su prestación.
Entre las actividades declaradas como servicios esenciales se encuentran los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales. También la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario (incluye balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios); los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior; el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial y el transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.
El decreto introduce una nueva figura, las actividades de “importancia trascendental”, que deben garantizar su continuidad en un 50%. Allí se incluyen la producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; el transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; los servicios de radio y televisión, una situación que resulta llamativa que provenga del mismo gobierno que plantea que se trata de medios obsoletos; actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera; la industria alimenticia en toda su cadena de valor; la producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor; los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico y la producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
“El Decreto 340 modifica el régimen de la Marina Mercante, y por la ventana mete un artículo considera servicio esencial a muchas más actividades. Y lo más grave, que en esos casos hay que garantizar un 75% de la prestación. Es decir, no tiene efecto la huelga, indicó el abogado laboralista.
Crea la figura del servicio de importancia trascendental, al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación. Es tan abierto el criterio que casi todo podrá considerarse esencial o trascendental. La legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, siguiendo a la OIT sólo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).
“Tan absurdo es que en un inciso incluye ‘la interrupción o suspensión de la producción pudiere … afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal’. Es claro que no trata de proteger la vida de la población ni el ejercicio de un derecho”, agregó Cremonte.
“Hace más de 20 años que está regulada la huelga en los servicios esenciales, y jamás existió un caso en el que se haya puesto en peligro la vida, la salud o la seguridad. El sistema funciona bien, y el cambio es para favorecer a los empresarios y joder a los trabajadores”, finalizó.
Contacto: Matías Cremonte (Abogado Laboralista, presidente ALAL) 11-5051-0833.




