El juez Sergio Cosentino autorizó el ingreso de la fuerza pública para que un martillero tase las instalaciones para proceder al remate. Los 80 trabajadores y trabajadoras aseguraron que van a resistir y reiteraron su reclamo por la expropiación de la planta.

Cerámica Neuquén cerró sus puertas en 2014 dejando en la calle y sin indemnización a más de 100 trabajadores y sus familias, pero los obreros decidieron poner a funcionar la empresa bajo su propia gestión, con el apoyo y la orientación del Sindicato Ceramista, que también agrupa a los trabajadores y trabajadoras de la ex Zanon, hoy Fasinpat, y Stefani.

En 2018 la cooperativa tuvo un fallo negativo en el que se dictó el pedido de remate de los bienes para responder a distintos acreedores, entre ellos algunos trabajadores que se retiraron de la gestión obrera y reclaman a la empresa original su indemnización ante la Justicia. En ese momento se logró iniciar una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, pero solo se realizaron dos encuentros en los que no se llegó a ninguna solución. La empresa ofreció una propuesta de palabra que nunca concretó formalmente y tras las elecciones de 2019 se presentó en la fábrica un tasador, a quien los trabajadores no le permitieron el ingreso por considerar que esta acción no sería positiva para la gestión obrera.

Ante esta situación, el tasador elaboró un acta a partir de la cual ahora el juez Cosentino lo autorizó a que ingrese en la fábrica, pero con el acompañamiento de la fuerza pública “para la realización de la constatación del inmueble a subastar tal como fuera ordenado y el allanamiento del domicilio en caso de resistencia”.

Los obreros reiteraron que resistirán la subasta, el allanamiento y la posible represión y desalojo: “Estamos trabajando con guardias más activas para evitar que nos saquen la fábrica”, aseguraron, al tiempo que buscarán conseguir su expropiación y estatización.