La policía se presentó en simultáneo en los domicilios de cuatro operarios, por la supuesta desaparición de máquinas en la fábrica, pese a que pesan toneladas y algunas llegan a medir 20 metros de longitud.
El operativo se produjo a partir de una orden de allanamiento por parte del Juzgado n° 2 de Morón, a cargo de Fernando Capello, que requería el registro de los domicilios de cuatro trabajadores de la recuperada de Acoplados del Oeste, con el fin de dar con maquinaria pesada ausente en la fábrica, como una grúa, dos puentes, hornos eléctricos y soldadoras entre otras.
“Salí de bañarme y escuché que los perros ladraban. Vi por la ventana que había dos hombres. Pensé en todo momento que eran delincuentes que habían entrado en lo de mis suegros, que viven adelante. Mi nene estaba muy asustado y le pedí que se quedara en su cuarto. Después vi que eran policías. Me leyeron la orden de allanamiento. Ellos mismos se reían porque no había forma de que eso estuviera en mi casa. Buscaban dos puentes de grúa que miden 20 metros de largo y 80 de ancho y pesan 5 toneladas. Es imposible trasladarlo y dejarlo en una casa. Una soldadora que es como un freezer… Eran boludeces para darnos bronca e impotencia”, relató Jorge Gutiérrez, presidente de la cooperativa desalojada, a Ansol.
Ante lo sucedido, desde Acoplados del Oeste denunciaron una vez más la complicidad del Juzgado con los ex dueños, la familia Petinari, para amedrentar a los operarios que recuperaron la fábrica, tras el vaciamiento y la enorme deuda acumulada.
“Nosotros veníamos denunciando el vaciamiento. Deben tener un inventario viejo. Nosotros, cuando entramos a la fábrica, hicimos un inventario con el juez y los dueños de la empresa. Sabemos que estuvieron sacando maquinaria. Hay una guardia policial que nos corría cuando íbamos a denunciar que la patronal se estaba llevando cosas de la planta. Desde hace cuatro meses que sacan las camionetas de los dueños repletas de cosas”, agregó Gutiérrez.
Respecto a por qué los ex dueños habrían vuelto a la carga con la causa penal, expresó: “Nos siguen amedrentando buscando la cabeza del grupo para sacarnos de acá, como están intentando desde el 6 de marzo, una vez que ya nos habían desalojado y que empezamos el acampe. En lo Comercial, el juez le dio la continuidad de la empresa pese a que había unos papeles inentendibles. Lo habrán sufrido y por eso habrán vuelto con lo penal, que comenzaron cuando ocupamos pacíficamente la empresa”.
Cabe recordar que en mayo de 2016, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vetó la ley de expropiación de la fábrica Acoplados Petinari, una metalúrgica con sede en Merlo, Buenos Aires, que en febrero de 2015 dejó de pagar los sueldos y en julio de ese año se convirtió en una cooperativa.
Desde que la empresa dejó de responder a sus responsabilidades acumuló una deuda que supera los 50 millones de pesos a sus ex empleados entre salarios, aguinaldo y aportes. También debe similares cantidades a la AFIP.

Fuente: Ansol