Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el cese de las talas y desmontes en Salta, dirigentes de Comunidades Wichís dudan que esta medida se haga efectiva, si no hay control.
(Red Eco) Salta – Dirigentes de Comunidades Wichís que viven sobre la ruta 86 sostienen: "Las Comunidades deberemos hacer cumplir lo dictado por la Corte y notificar a los finqueros que se abstengan de seguir desmontando y que retiren las topadoras de la zona", según afirmó Oscar Lorenzo a la Agencia Copenoa.
El 29 de diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó el cese de los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados por la provincia de Salta durante el último trimestre del año 2007. La decisión del supremo tribunal es la respuesta a la medida cautelar interpuesta por Comunidades de los pueblos Wichí y Guaraní en la que se denunció a la provincia de Salta y al Estado Nacional "por no haber cumplido con sus obligaciones legales, tanto por acción como omisión, al otorgar autorizaciones de desmonte y tala y tolerar las prácticas realizadas en la zona de su jurisdicción de manera clandestina".
Los ministros de la Corte también resolvieron convocar a una audiencia a realizarse en la sede de la Corte el 18 de febrero de 2009, en la que las partes deberán expedirse en forma oral y pública ante el Tribunal sobre la situación que se denuncia, citando al gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. El fallo también requiere al estado provincial demandado que, en el plazo de treinta días, informe al Tribunal los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que han solicitado y obtenido autorizaciones de desmonte y tala de bosques nativos en las áreas pertenecientes a los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, durante el período indicado.
Las comunidades demandantes habían alegado “que los bosques nativos del Chaco Salteño vienen siendo sistemáticamente devastados por los particulares, con la aquiescencia expresa o tácita de las autoridades estatales provinciales y nacionales. Fruto de los desmontes indiscriminados que llevan adelante los propietarios de las tierras, el bosque nativo de la zona -que alberga a miles de indígenas- se encuentra en proceso de desaparición”.
Las comunidades festejaron el fallo de la CSJN, pero afirman que nadie controla a las topadoras. Así lo concluyó, en declaraciones a Copenoa, Francisco Pérez, dirigente de la Laka Hona, organización que agrupa a unas cuarenta comunidades originarias: "Las topadoras se encuentran en la zona muy cerca de Santa Victoria Oeste y no hay control sobre lo que hacen, y si desmontan no hay autoridad que los frene".
Fuentes: Prensa de Frente, Copenoa.
