La ONU le solicitó al Estado argentino la suspensión de todos los procesos de desalojo de comunidades indígenas y la implementación de mecanismos efectivos para la demarcación y el reconocimiento legal de sus territorios.
Lo hizo a través de su Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. De acuerdo con el informe presentado, el Estado “ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país”, como las reformas constitucionales de 1994 en materia de pueblos indígenas, la aprobación de la ley 26.160, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la aprobación de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. Sin embargo, Anaya señaló que “persiste una brecha entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”.
El documento insiste en que Argentina “debe adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares”.
En relación a los emprendimientos agropecuarios y de desarrollo de industrias extractivas en territorios ancestrales, se afirma que “se deben llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas” con el objetivo de obtener “su consentimiento libre, previo e informado sobre los aspectos de estos proyectos que afecten sus derechos humanos”.
En el informe también se enumeran los diversos conflictos que existen actualmente por las tierras indígenas; como la cesión de tierras tradicionales a particulares por parte del Estado, la ocupación de territorios por familias criollas que desarrollan actividades económicas que afectan el modo de vida de las comunidades que sucede en provincias como Formosa y Salta, y la ausencia de delimitación y titulación completa del territorio.
Este trabajo fue elaborado a partir de la información recabada por Anaya durante su visita oficial a la Argentina entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre del año pasado.
Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales
