Este miércoles el juez subrogante Federico Sommer realizó un reconocimiento judicial del lugar donde se ubica el rewe de la comunidad Paichil Antriao. Mientras tanto, Jorge Sapag y otros funcionarios del gobierno neuquino fueron denunciados ante el INADI
(Red Eco) Neuquén – En el marco de una medida cautelar dictada por el magistrado del Juzgado Multifueros de Villa la Angostura, Federico Sommer, que suspendió las obras que el norteamericano William Fischer realizó durante varios días en el espacio sagrado para el pueblo mapuche en el Cerro Belvedere, al sur del Neuquén, durante la mañana del miércoles se realizó un reconocimiento de la zona
La medida cautelar está vigente y falta que el juez defina los límites del rewe. Según Sommer el área comprendida sería de unos 1500m2, aunque dependerá de los estudios de planimetría y de la documentación.
Además del juez, participaron del reconocimiento el secretario del juzgado, Ivan Sosa Luckman; el abogado de la comunidad, Juan Manuel Salgado; el werken de la comunidad, Hugo Muñoz, el lonco Ernesto Antriao y otra representante del grupo, María Isabel Huala. Por la otra parte, William Fisher y su abogado, Héctor Vénica.
A su vez, el magistrado inició de oficio un habeas corpus para investigar las denuncias de la comunidad sobre la salvaje represión de la que fueron víctimas la semana pasada en manos de las fuerzas especiales de la policía del Neuquén y el propio Fischer al frente del dispositivo portando un arma de fuego.
Asimismo, en Bariloche, representantes de la Confederación Mapuche de Neuquén (COM) y de la Coordinadora Mapuche de Río Negro dieron una conferencia de prensa para respaldar a la comunidad Paichil Antreao ante el conflicto territorial que enfrentan.
Clarisa Montenegro, representante de las 122 comunidades que componen la Coordinadora Mapuche de Río Negro, señaló que se trata de “un primer paso para empezar a trabajar en conjunto ante los atropellos que vamos teniendo como comunidades indígenas en el espacio territorial de Neuquén y de Río Negro”.
“Nosotros somos un pueblo tranquilo y pacífico, tenemos una cosmovisión que está siendo avasallada por todas estas situaciones de violencia que se están dando”, expresó y reivindicó la legitimidad de la representación de la Confederación de Neuquén y la Coordinadora de Río Negro para aunar esfuerzos.
“La decisión política que hemos tomado es estar acompañados en cada uno de los casos, estar firmes porque el pueblo mapuche está vivo y de pie”, subrayó.
Por su parte, desde la COM, Fidel Colipan indicó que la relación con el poder político de la provincia de Neuquén es “conflictiva” y señaló que uno de los motivos es la negativa del gobierno de respetar la ley nacional 26.160 que prohíbe los desalojos y establece la realización de un relevamiento de los conflictos territoriales en cada provincia.
A su vez, la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) denunció por discriminación al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, a altos jefes policiales y al estadounidense William Henry Fisher.
La denuncia fue presentada por el Dr. Raúl Montenegro ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), calificando la situación que se vive en Neuquén como "gravísima". Agregó que el gobierno de Sapag "ha reiniciado el genocidio silencioso de los pueblos originarios" y que la "torpeza inhumana del gobierno neuquino y de sus fuerzas policiales está horrorizando a la comunidad internacional". Montenegro indicó que el emplazamiento realizado al gobierno de Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de enero "es apenas el comienzo de un escándalo internacional". La CIDH tomó en sus manos la denuncia efectuada por Juan Manuel Salgado, abogado patrocinante de la familia Paichil Antriao, y le dio 10 días al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para responder.
En el mismo sentido y apoyando la denuncia presentada por FUNAM, la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) acusó al gobierno de Jorge Sapag de militarizar las justas protestas de las comunidades Mapuche y de ejercer violencia en territorios que legítimamente pertenecen a las comunidades indígenas.
La coalición de organizaciones ambientalistas consideró que detrás de la represión y del feroz ataque a familias Mapuche se esconde un oscuro propósito: favorecer los negocios inmobiliarios y allanar el camino para las grandes empresas mineras.

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