“Imaginemos si acá los argentinos hablásemos argentino; los peruanos, peruano; y los bolivianos, boliviano; y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos”. Con esta frase, en la que demuestra un claro desconocimiento de la diversidad lingüística americana, el presidente argentino, Mauricio Macri, inauguró el VIII Congreso de a Lengua Española. El presidente olvidó mencionar que, además de la lengua española, en la Argentina se hablan al menos quince lenguas indígenas: ava-guaraní, aymara, chané, chorote, chulupí, guaraní, mapudungun, mbyá guaraní, mocoví, pilagá, qom (toba), quechua, tapiete, vilela y wichí. Con este discurso queda claro que los intereses de la gestión de Cambiemos van en contra de lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para trabajar durante 2019: Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Pero sí van en línea coherente con la política pública. Red Eco Alternativo.
(Noelia Carrazana – Red Eco) – En los últimos años, creció en Argentina la discriminación y la falta de atención a las comunidades aborígenes por parte del Estado. Durante 2017 y 2018, en un una clara muestra de disciplinamiento, estuvieron presos los referentes del pueblo Mapuche y Wichi, Agustín Santillán y Facundo Jones Huala.
Diariamente los medios muestran cómo los terratenientes hostigan y expulsan a las comunidades de su territorio, cómo siguen avanzando con el agronegocio en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa, entre otras. Además, la desnutrición que existe es endémica; las comunidades Wichi de Salta, Chaco y Formosa se convierten en noticia por las muertes a raíz de ese flagelo que es el hambre, hambre producida por la desaparición de su supermercado: el monte.
En medio de los desalojos, la represión, el encarcelamiento de sus referentes, las leyes que se violan,las empresas extractivas que avanzan con la complicidad política y judicial, las políticas de Estado contra los pueblos indígenas, existen comunidades que ponen resistencia desde hace siglos y que, en la actualidad, tienen el mando en su territorio. Estas comunidades conviven con el Estado en una incesante pelea por su libertad, y con ella, la de la Madre Tierra, para existir de acuerdo con su forma de ver el mundo.
Cherán Kéri, el pueblo que echó a los políticos y al crimen organizado
Nota realizada por Noelia Carrazana y Heriberto Paredes (México). Fotos: Heriberto Paredes.
Durante la madrugada del 15 de abril de 2011 comenzó el levantamiento. Un grupo de mujeres detuvo a los camiones madereros cuando pasaban por el pueblo. Los pobladores, con palos, piedras y machetes, bajaron a los choferes y lograron que, desde ese día, no entraran más a matar sus árboles. El bosque, además de ser el pulmón de la región, genera el agua que es elemental para la supervivencia de la comunidad campesina. Un lema se leía en el parabrisas de las camionetas de los talamontes: “Primero son tus bosques, luego serán sus mujeres”.
Anunciando la molestia generalizada, esa madrugada sonaron las campanas de la iglesia del Calvario, lugar donde las mujeres de Cherán retuvieron a siete talamontes, y comenzó una nueva forma de organización ciudadana: se establecieron puestos de control que eran vigilados por los miembros de la comunidad, muchos de los cuales integrarían una incipiente Ronda Comunitaria meses después del levantamiento. Surgieron las fogatas, los puntos en cada esquina de todas las calles de la comunidad en donde, además de compartir la comida, se llevaban a cabo las discusiones sobre el rumbo del movimiento, y las familias pudieron participar en el cuidado total de la comunidad.
A ocho años de haber comenzado el movimiento de defensa del territorio, Cherán tiene ya su tercer gobierno regido por usos y costumbres; ha consolidado un modelo de autonomía que le ha permitido generar sus instituciones y determinar el rumbo de su política y de las actividades económicas, culturales y de cualquier ámbito. La modificación al artículo 2 de la Constitución mexicana, precisamente en 2011, permitió que acuerdos internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tuvieran el mismo peso que las leyes federales mexicanas. La comunidad p’urhépecha supo aprovechar esta situación y logró un reconocimiento jurídico en todos los niveles de gobierno luego de un largo juicio, que permitió la generación de un recurso económico directo aún vigente.
Otras comunidades indígenas han tratado de obtener este recurso directo y, a pesar de los constantes golpes que partidarios de los partidos políticos y de la estructura municipal le propinan a las organizaciones comunitarias, estas siguen luchando por el recurso directo. Los resultados no han sido los mejores: además de la represión constante, muchas de las comunidades que circundan Cherán están divididas y se avocan al recurso directo sin tener avances en la estructura organizativa y política a partir de la recuperación de sus usos y costumbres.
Desde ese 15 de abril, el municipio de Cherán, Michoacán, que cuenta con más de 20.000 habitantes, busca consolidar un gobierno autónomo basado en sus usos y costumbres. Hay un Concejo Mayor compuesto por 12 personas (3 por cada uno de los 4 barrios) y una serie de concejos operativos: Honor y Justicia, Bienes Comunales, de Jóvenes, de Mujeres, de Coordinadores de Barrios, entre otros, que son los encargados de llevar adelante la organización política y económica de su territorio. En materia de seguridad, cuentan con la Ronda Comunitaria, elementos de la propia comunidad que han pasado por una serie de entrenamientos para cuidar el bosque y para brindar atención y para proteger a las personas.
En todo el territorio mexicano, los ciudadanos deben convivir con los grupos del crimen organizado y con las autoridades que también son parte de estas organizaciones. En el caso de Michoacán, estos se dedican principalmente a la producción de drogas sintéticas, como las metanfetaminas o cristal. Sin embargo, han expandido su modelo de negocio y tratan de ocupar/explotar cualquier industria lucrativa legal, como la venta de maderas preciosas, o el cultivo del “oro verde” que es el fruto de la palta o “aguacate”. Por este modelo económico, que implica el control de la economía en todos sus ámbitos, la organización, conocida como la Familia Michoacana, taló alrededor de 20.000 hectáreas del bosque perteneciente a Cherán entre 2008 y 2011.
En los estados mexicanos de Guerrero y Oaxaca, la disputa por los gobiernos de usos y costumbres ha sido bastante compleja y no ha servido siempre para evitar la imposición de megaproyectos o la eliminación de la presencia del crimen organizado. Cada región, de grandes extensiones de tierras, con una diversidad étnica considerable –ya que tan solo en Oaxaca conviven 16 pueblos indígenas distintos–, continúa en la búsqueda de un modelo autonómico que le permita mantener a las comunidades vivas y fuertes.
En el municipio de Ayutla, estado de Guerrero, por ejemplo, hace tan solo un año que se logró el gobierno comunitario y en donde se sustituyó la figura del alcalde y el cabildo por un consejo de 140 hombres y 140 mujeres así como por un consejo de seguridad. Este territorio ha sido durante muchos años el escenario de masacres y trasiego de materia prima para la producción de drogas, como la heroína; diversos grupos criminales siguen disputándose las rutas y tratan de controlar a las policías comunitarias surgidas para combatirlos desde 2013. Un nuevo capítulo en la historia de Ayutla comenzó con la elección de su gobierno comunal; sin embargo, no ha sido sencillo lidiar con este contexto y con los acechos que el gobierno estatal implementa para contrarrestar la efectividad del nuevo modelo. En esta línea, existen muchas regiones del país que se esfuerzan para lidiar y negociar con el Estado, buscan obtener la mayor cantidad de recursos y resultados positivos.
Asimismo, existe la experiencia zapatista, que desde 1994, luego de un levantamiento armado, casi la mitad del estado de Chiapas pasó al control de diversas comunidades indígenas. Durante 9 años, se fueron delimitando y consolidando los 38 municipios autónomos, donde no había partidos políticos o algún tipo de representación del Estado y donde tampoco se aceptó recurso económico de ninguna dependencia federal. En 2003, las comunidades zapatistas dieron un salto cualitativo en su organización e inauguraron los 5 Caracoles y Juntas de Buen gobierno que, actualmente, son las responsables de organizar el territorio en todos sus ámbitos; el ejército de insurgentes no toma decisiones políticas y se encarga de la seguridad del territorio y de una parte de la comunicación hacia fuera cuando hacen caravanas o recorridos que llevan una propuesta política nacional.
El ejemplo de autonomía zapatista es el más radical porque no acepta ningún recurso económico del Estado mexicano y, en el ámbito político, han transformado todo por completo; han formado ya a varias generaciones bajo esta forma y se han consolidado como una experiencia sólida, difícil de revertir.
