Estancieros, empresarios y familias tradicionales, acuerdan con la afirmación de que “los mapuches están vinculados con organizaciones terroristas”. Exigen mano dura contra las acciones de la comunidad en la lucha por la recuperación de sus territorios.
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina – El domingo pasado Infobae.com publicó una nota con el sugestivo título “Inquieta la avanzada mapuche sobre campos y propiedades privadas en la Patagonia”
Muy preocupado por los “propietarios” de estas tierras – que obviamente no son para este sitio periodístico los pueblos originarios – la nota describe la situación de esta manera: “Hay campos tomados, lujosos hoteles cerrados por la amenaza de las comunidades, escuelas católicas recuperadas para la causa mapuche y no son pocos los que ven en este reclamo territorial, cada vez más radicalizado y organizado, la intención de restablecer la Araucanía, o patria mapuche”.
La nota cita también un estudio de la Sociedad Rural de Neuquén que indica “que hay al menos 57 campos usurpados por los mapuches y en los juzgados de Zapala, San Martín de los Andes, Cutral-Có y Villa la Angostura, se sustancian alrededor de 36 causas penales y civiles por usurpación contra ellos y la dirigencia de la Confederación Mapuche es acusada de estar infiltrada por activistas de izquierda que pretenden escindir el territorio de la Argentina”.
El 4 de septiembre pasado, la entidad rural realizó una reunión en esa provincia. En la invitación decía: “Unidos en la defensa de la Constitución y la Soberanía Nacional. Por la aplicación de todo el rigorismo policial sobre la delincuencia rural de los mapuches. Venga a la reunión de socios portando una bandera argentina”.
Esta reunión convocada por terratenientes, muchos de cuales son seguramente herederos de las tierras que les robaron a los pueblos originarios, contó también con la adhesión de empresas mineras. No era menos de esperar ya que la provincia anfitriona es gobernada desde hace casi medio siglo por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) dirigido por la familia Sapag. El MPN es aliado incondicional de empresas petroleras, mineras y forestales, ávidas de territorio para hacer sus negocios.
Pero lo más peligroso de esta reunión fueron las afirmaciones de Carlos Sapag , terrateniente hermano del gobernador provincial, cuando afirmó que “Los Mapuches constituyen bandas de delincuentes rurales que afectan nuestro derecho de propiedad (…) Quienes encabezan este tipo de maniobras (las recuperaciones) son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”.
Sólo separados por la cordillera, los mapuche que están en Chile son objeto de persecución, represión y cárcel. El Estado chileno les ha aplicado para encarcelarlos la ley antiterrorista (L. 18.314) sancionada por el dictador Augusto Pinochet y modificada ya en democracia, a fines de 1990. Bajo esta norma, en el año 2001, los mapuche Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao y Patricio Marileo Saravia fueron acusados de “incendio terrorista” contra cien hectáreas de la empresa Forestal Mininco, sentenciados a diez años y un día de cárcel y a pagar una indemnización de 400 millones de pesos chilenos a dicha empresa.
Pero también en nuestro país, está vigente la Ley 26.268 –conocida como ley antiterrorista – presentada por la presidenta Cristina Fernández a mediados de 2007 y aprobada en tratamiento “express” por el actual Parlamento.
La vinculación hecha por Sapag de los mapuche con organizaciones por él tildadas de terroristas encuadraría a este pueblo en lo que la ley tipifica como “Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo”, delito con penas que van de 5 a 20 años de prisión. Por esta ley sólo la existencia de una sospecha de posible vinculación con organizaciones catalogadas como terroristas, coloca al sospechado en la misma categoría. Ni esta ley, ni sus similares existentes en casi todo el mundo, definen claramente qué es un terrorista sino que habla de “actos terroristas” o acciones cometidas por “organizaciones terroristas”.
En agosto de este año la Confederación Mapuche envió una carta al relator especial de la ONU sobre asuntos indígenas en la que denunciaba: “Son 32 las causas penales en proceso en las que se encuentran imputados más de 150 autoridades y miembros del pueblo mapuche. En contraste, no se encuentra imputada ninguna de las personas que ocuparon tierras indígenas o extrajeron sus recursos”.
Por su parte, Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas asegura que “El gobernador Jorge Augusto Sapag, miembro de una familia hoy dominante en la provincia, se ha convertido en el motor de la ofensiva contra las comunidades indígenas. La Justicia no le va a la zaga, produciendo una verdadera retorsión del Derecho. En las antípodas de los reconocimientos constitucionales, haciendo alarde de ignorancia supina de la ley”.
Finalmente queremos recordar que la Sociedad Rural, creada en 1868, vinculada a los golpes de estado en nuestro país y reciclada hoy con fachada democrática en la Mesa de Enlace del “Campo”, fue partícipe de la “Campaña al Desierto” por la que en 1879 el ejército argentino al mando del general Roca asesinó a los indios, les quitó sus tierras y se las dio a “sus” terratenientes cuyos descendientes son parte de la historia de la Sociedad Rural.
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